Peticiones de plenos extraordinarios, mensajes en redes llamando a la dimisión y una petición en Change.org… Lo más llamativo han sido los insultos a la alcaldesa en los campos de sport de El Sardinero en el último partido del Racing tras el minuto de silencio en reconocimiento a las seis víctimas mortales del derrumbe de la pasarela de El Bocal –con el matiz de que el caldo de cultivo ahí incluye también particularidades propias del estado del campo, otro de los episodios de la queja general sobre el mal estado de mantenimiento en la ciudad-.

El Ayuntamiento de Santander parece haber tomado nota del intenso debate en redes y medios, locales y nacionales (donde se cuestiona desde el relato oficial sobre la única culpa de una agente de la policía local o se pone en evidencia la promoción que de la infraestructura colapsada, uno de los restos de la  senda costera, criticada por la población y abanderada por Costas y Ayuntamiento) se hizo en ferias turísticas y espacios municipales varios) y ha pasado al modo control de daños

Lo ha hecho anunciado a última hora de este lunes la creación de un “órgano de coordinación” para “recabar y centralizar la información y documentación”.

El movimiento, además de revelar el nerviosismo que parece haber cundido en La Casona, hace aflorar una cierta contradicción con su propio relato, que ya se percibió in situ en la pasarela durante las tareas de rescate: mientras el discurso oficial del Ayuntamiento insiste en la responsabilidad exclusiva de Costas en la obra que  y su falta de mantenimiento posterior, la alcaldesa ejerció funciones de portavoz por encima de otras administraciones  –pese a que sus competencias en seguridad se ciñen a la Policía Local—y ahora anuncia un órgano que coordina todo el proceso.

EL AYUNTAMIENTO SE GARANTIZA EL ACCESO A DOCUMENTACIÓN AL PERSONARSE EN LA CAUSA

En concreto, este órgano se pondrá en marcha “de manera inmediata” para “aglutinar a los diferentes servicios” y al frente se encontrará el secretario municipal,  funcionario municipal a cuya condición de habilitado nacional se encomienda el Consistorio como fórmula para revestir esta comisión de un carácter técnico que “garantiza la imparcialidad, la transparencia y la respuesta eficaz y con celeridad que requiere este asunto”. El anuncio del Consistorio no concreta mecanismos de transparencia y participación para trasladar esta información a los grupos de la oposición, que también representa a la población de Santander.

Estas funciones de recopilar documentación e información de los distintos servicios –se entiende que municipales, ya que para hacerlo respecto a otras instituciones se debería contar con miembros de estas o tener algún tipo de autoridad sobre ellas, y esto supone otra admisión de que algún protagonismo en la infraestructura ha tenido el Ayuntamiento – es coincidente con las propias tareas que ya está asumiendo la jueza que se hará cargo de la instrucción judicial de la causa.

Hablando del proceso judicial que inevitablemente se abre en cuanto hay víctimas mortales, el Ayuntamiento tira de otros clásicos en su gestión de crisis: personarse en la causa –en algún momento tendrá que concretar si se considera perjudicado o acusador–, lo que le permitirá tener acceso a la documentación que se genere en esta fase de instrucción –investigación–. Es lo que hizo cuando un juzgado comenzó a abordar el derrumbe de un edificio que causó tres muertes hace 18 años en el Cabildo de Arriba.

De hecho, el Ayuntamiento ha aclarado que la colocación de barreras físicas en la pasarela de El Bocal ha sido realizada por personal municipal que ha protagonizado noticias y mensajes vía Whatsapp se produce después de que la Policía Nacional así se lo requiriera a la Policía Local, en cumplimiento de las primeras diligencias dictadas por la autoridad judicial.

EXPEDIENTES MUNICIPALES Y CRÍTICAS A CASARES

El intento de toma de control de la situación en el que se ha embarcado el Consistorio ante la dimensión de la indignación detectada, que al margen de la pelea competencial entronca con la sensación general de abandono en la ciudad, se completa con el expediente abierto a la persona de la Policía Local a la que se le ha cargado la responsabilidad de la gestión de la llamada de aviso del 112.

Y, finalmente, han respondido al delegado de Gobierno y secretario general socialista, Pedro Casares, que este lunes reaparecía en la agenda pública y que hacía unas declaraciones muy generales en torno a lo sucedido. Debieron parecerle al PP muy agresivas, porque han opotado por contraponer la “responsabilidad” de la alcaldesa frente a la “incomparecencia” de Casares, que se encontraba en en México de “por cuestiones relacionadas con su partido político” –el traslado de los restos de la histórica diputada socialista Matilde de la Torre- en un viaje que “nada tenía que ver con cuestiones institucionales ni con la defensa de los intereses generales de los ciudadanos”.