El mortal desplome de la pasarela situada en El Bocal, uno de los últimos elementos visibles de la senda costera proyectada entre Cabo Mayor y la Virgen del Mar, ha vuelto a situar en el debate público el estado de esta infraestructura, impulsada por Costas, aplaudida por el Ayuntamiento y criticada por los vecinos, que lograron parar unas obras agresivas cuyos daños nunca fueron reparados y cuyo proyecto de restauración quedó en un limbo.

El episodio contrasta con la trayectoria que han seguido otros proyectos del litoral santanderino durante las dos últimas décadas. La relación entre el Ayuntamiento de Santander y la Demarcación de Costas ha estado marcada por episodios recurrentes de debate institucional, controversia pública y posteriores acuerdos en torno a distintas actuaciones en la costa.

Espigones y regeneración de playas

Uno de los ejemplos más conocidos es el proyecto para evitar la pérdida de arena las playas de La Magdalena y Los Peligros mediante un sistema de espigones. La propuesta impulsada por Costas generó durante años debate político, institucional y social sobre la solución técnica planteada y sobre su posible impacto paisajístico en el entorno de la península de La Magdalena.

En distintas fases del proyecto, el Ayuntamiento de Santander expresó reparos sobre la actuación y planteó la necesidad de revisar la solución prevista, que además permitía blindar un camino público que discurría por una finca ligada a la familia Botín, del Banco Santander.

La finalización de las escolleras permitirá mantener el camino privado en la finca de Elena García Botín

Al mismo tiempo, colectivos ciudadanos y organizaciones ecologistas cuestionaron la intervención y reclamaron alternativas para preservar el paisaje litoral. La obra atravesó distintas fases de discusión y muchos cambios de opinión del PP en el Ayuntamiento, que pasó de criticar su impacto visual en un primer momento a abanderarla después y rechazarla, como requisito para conservar la Alcaldía, para volver a rechazarla en cuanto desapareció Ciudadanos de la Corporación municipal. Hasta que finalmente ambas administraciones anunciaran a finales de 2024 su reactivación dentro de un acuerdo institucional más amplio para actuaciones en el litoral de la ciudad.

Además de este caso, la gestión de las playas y del frente marítimo ha generado en distintos momentos debates sobre la reposición de arena en los arenales, la necesidad de estabilizar determinados tramos de costa o el mantenimiento de infraestructuras vinculadas al litoral. Estas cuestiones han dado lugar a intercambios de posiciones entre el Ayuntamiento y la Demarcación de Costas sobre las soluciones técnicas más adecuadas o sobre las responsabilidades en el mantenimiento de distintos elementos del frente marítimo.

Edificios en el dominio público marítimo-terrestre

Otro episodio de desacuerdo institucional se produjo con el edificio REMA, situado en la Segunda Playa del Sardinero. La Demarcación de Costas llegó a sacar a licitación su demolición al considerar que el inmueble se encontraba en dominio público marítimo-terrestre.

El Ayuntamiento de Santander defendía, por su parte, mantener el edificio para destinarlo a equipamiento deportivo vinculado al surf. El desacuerdo derivó en un pulso institucional que terminó con el Consistorio solicitando, en febrero del año pasado, la concesión administrativa del edificio para poder gestionarlo ellos directamente.

Una controversia similar se produjo durante años con el edificio de La Horadada,  una antigua intalación hostelera ubicada también en el entorno de la península de La Magdalena. El debate sobre su futuro se mantuvo durante distintas etapas entre la opción del derribo planteada por Costas y la posición municipal sobre su situación urbanística.

Finalmente, ambas administraciones alcanzaron en septiembre del año pasado un acuerdo para demoler el edificio –después de que tres años previos el Consistorio incluso lograra la concesión, es decir, que la gestión pasara a sus manos y también después de que el Ayuntamiento le quitara el grado de protección que impedía su derribo–, dentro de un paquete más amplio de actuaciones en el litoral santanderino que incluía también avanzar en la construcción del segundo espigón de La Magdalena y coordinar estas intervenciones con la segunda fase del paseo entre Gamazo y Los Peligros.

Una senda que quedó fuera de la agenda

Frente a esa dinámica, la senda costera del norte de la ciudad siguió una trayectoria distinta. El proyecto fue impulsado por la Demarcación de Costas en 2014 con el objetivo de crear un itinerario peatonal entre Cabo Mayor y la Virgen del Mar, y siempre contó con el impulso y apoyo del Ayuntamiento de Santander, que la abanderaba como si fuera un proyecto propio.

La Senda Costera: el camino que tuvieron que recorrer los vecinos para conservar y evitar accidentes en el norte de Santander

Las obras se iniciaron ese mismo año, pero quedaron paralizadas pocos meses después tras protestas vecinales en la zona. El Ayuntamiento pasó de asumir y defender la obra a criticar sus excesos, como reflejó el proyecto para lo que se llamó su reversión –que básicamente consistía en eliminar las obras de mayor impacto, como las pasarelas y barandillas, y crear una senda con una intervención mínima, más parecida al propio camino que venían haciendo los propios vecinos–. Ese proyecto fue el que quedó paralizado sin llegar a licitarse ni, por tanto, adjudicarse, ni darse ninguna explicación al respecto desde Costas, mientras los restos de la obra iniciada quedaron a lo largo del trayecto sin que nadie se hiciera cargo de su mantenimiento.

La retirada de la pasarela de El Bocal estaba prevista en un proyecto de 2016

Una desidia que afectó también a la limpieza de la zona, con la proliferación de vertederos y escombreras incontroladas, denunciada reiteradamente por vecinos, ecologistas y oposición municipal.

La situación de la senda costera, tanto de sus infraestructuras como su limpieza, sólo ha llegado a la agenda pública a instancias vecinales o de partidos de la oposición santanderina, como aquel Pleno de 2019 que se está recordando estos días en el que a instancias de Miguel Saro (Izquierda Unida-Unidas por Santander), se acabó aprobando que el propio Consistorio pudiera hacerse cargo de mejoras en la zona de forma subsidiaria, es decir, aunque no le correspondiera y pasándole luego la ‘factura’ a Costas.

Más allá de eso, el asunto ha estado ausente de la agenda que une a Costas y al Ayuntamiento de Santander por desarrollarse en la ciudad –la última idea al respecto del Consistorio es elaborar un mapa que especifique de quién es cada zona, y la alcaldesa la presentó como una forma de evitar que el accidente volviera a suceder–, en una suerte desigual a la de otras asuntos como las escolleras de La Magdalena, el edificio Rema o el de La Horadada.

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