La situación de la Policía Local de Santander a la que ahora apunta el Ayuntamiento de Santander –en particular, a una agente en concreto– en las responsabilidades por la tragedia de El Bocal, con el desplome de una pasarela que quedaba de la senda costera, que ha provocado la muerte a seis jóvenes, ha sido objeto de advertencias recurrentes durante al menos los últimos quince años. Tanto organizaciones sindicales del propio cuerpo como partidos de la oposición municipal han denunciado de forma periódica problemas relacionados con el número de efectivos disponibles, la organización del servicio, la estructura de mandos o la planificación de dispositivos de seguridad en eventos multitudinarios.

La revisión de la hemeroteca permite reconstruir una secuencia continuada de conflictos laborales, avisos sindicales y debates políticos que se remontan al menos a comienzos de la década de 2010.

Durante los primeros años de esa década, sindicatos policiales ya advertían de que la plantilla del cuerpo se encontraba por debajo de las necesidades de una ciudad del tamaño de Santander. Según explicaban, el crecimiento de la ciudad, el aumento del turismo y la proliferación de grandes eventos culturales o festivos requerían una plantilla mayor.

Además, las jubilaciones y la ausencia de convocatorias suficientes para cubrir plazas estaban reduciendo progresivamente el número de agentes disponibles. Esta situación se agravó tras la crisis económica de finales de la década anterior, cuando numerosos ayuntamientos limitaron la reposición de efectivos en sus plantillas municipales.

Las críticas se hicieron especialmente visibles a partir de mediados de la década. En 2016, el sindicato Unión Sindical Obrera (USO) denunció públicamente lo que calificó como una “dramática carencia de efectivos” en la Policía Local de Santander.
Según los datos aportados entonces por la organización sindical, el cuerpo contaba con 206 agentes, aunque el número de policías realmente operativos era menor. Los sindicatos explicaban que únicamente 105 agentes realizaban servicio en la calle, distribuidos en cinco turnos, y que la cifra podía descender hasta unos 80 policías disponibles en determinados momentos debido a bajas médicas, permisos o vacaciones.

Además, el sindicato señalaba que, para cumplir la ratio de 1,5 policías por cada mil habitantes establecida en la normativa autonómica, Santander debería contar con 261 agentes, lo que suponía un déficit aproximado de 55 policías respecto al mínimo recomendado.

Las denuncias sobre el tamaño de la plantilla continuaron en los años siguientes. En 2019, varios sindicatos del cuerpo —entre ellos APLB-USO, CSIF, SIEP y FEPUSO— denunciaron que la situación se había agravado.

Estas organizaciones, que representaban aproximadamente el 90 % de la plantilla, señalaron entonces que la Policía Local de Santander disponía de en torno a 156 agentes operativos, según cálculos sindicales, una cifra que consideraban muy alejada de los 261 efectivos que estimaban necesarios para garantizar el servicio en una ciudad de más de 170.000 habitantes.

Según los representantes sindicales, la falta de personal estaba provocando un importante desgaste en la plantilla y dificultaba mantener una presencia policial suficiente en la ciudad, especialmente durante periodos de mayor actividad o en eventos con gran concentración de público.
A las críticas sobre el número de agentes se sumaron también denuncias relacionadas con los medios técnicos y la organización del servicio. En 2018, sindicatos municipales reclamaron soluciones al mal funcionamiento del sistema de radios de emergencias utilizado por varios servicios municipales, entre ellos la Policía Local.

Según denunciaban entonces, el sistema implantado en 2016 seguía presentando fallos que dificultaban la comunicación entre patrullas y los centros de coordinación, lo que generaba problemas operativos en el trabajo diario de los servicios de emergencia.

Las advertencias sobre la plantilla reaparecieron en 2022, cuando el sindicato Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) cuestionó los datos oficiales del Ayuntamiento de Santander sobre el número de policías.

Mientras el consistorio señalaba que el cuerpo contaba con 240 agentes, el sindicato sostuvo que el número real de policías en activo era de 208. Además, CSIF denunció que la estructura de mandos se encontraba deteriorada porque llevaba más de una década sin convocarse promociones para puestos de oficiales o subinspectores, lo que había dejado vacantes diversos puestos de responsabilidad dentro de la cadena de mando.

Ese mismo año se produjeron también críticas relacionadas con la seguridad durante las fiestas de Santander, uno de los periodos de mayor afluencia de público en la ciudad.

EFECTOS CONCRETOS EN GRANDES EVENTOS

Durante la Semana Grande de 2022, el sindicato SIEP denunció que la falta de efectivos estaba afectando a la seguridad en las celebraciones. Según el comunicado sindical, en una de las noches festivas coincidieron varios eventos multitudinarios —entre ellos un festival musical con más de 15.000 asistentes— mientras el número de policías disponibles para atender incidencias se situaba entre diez y doce agentes, según denunciaron los representantes sindicales.

El sindicato consideró entonces que esa cifra era insuficiente para responder a situaciones habituales en ese tipo de eventos, como botellones, peleas o requerimientos ciudadanos en una ciudad con decenas de miles de personas en la calle.
El conflicto laboral entre el Ayuntamiento de Santander y la plantilla policial se intensificó especialmente en 2025, cuando los sindicatos denunciaron un “bloqueo institucional” en la negociación colectiva. Las organizaciones sindicales acusaron al consistorio de incumplir acuerdos laborales firmados previamente y reclamaron la aplicación de mejoras retributivas pactadas.

Como medida de presión, los agentes decidieron dejar de realizar servicios extraordinarios y prolongaciones de jornada, lo que puso de manifiesto la dependencia del funcionamiento del servicio respecto a esas horas extra. Según denunciaron los sindicatos, durante años el funcionamiento ordinario de la Policía Local se había sostenido en buena parte gracias a que numerosos agentes aceptaban trabajar en días de descanso o ampliar su jornada laboral.

Las consecuencias de esta situación se hicieron visibles en varios eventos multitudinarios celebrados en la ciudad. Durante la campaña navideña de 2025, sindicatos policiales denunciaron que el dispositivo previsto para el encendido del alumbrado navideño resultaba insuficiente para un evento de gran afluencia de público.

Ese mismo conflicto provocó que la tarde-noche del 24 de diciembre de 2025 se afrontara con el servicio ordinario, sin refuerzos especiales. Según denunciaron entonces los sindicatos, durante esa jornada hubo doce agentes de Policía Local en servicio, aproximadamente un 70 % menos que el año anterior, y no se realizaron controles de botellón ni de alcohol pese a tratarse de una de las noches con mayor concentración de personas en la ciudad.

Las organizaciones sindicales advirtieron entonces de que otros eventos festivos —como Nochevieja o la Cabalgata de Reyes— podrían celebrarse sin dispositivos de seguridad adecuados si no se resolvía el conflicto laboral ni se reforzaban los servicios policiales.

QUEJAS REITERADAS DESDE LA OPOSICIÓN

A estas denuncias sindicales se han sumado en los últimos años las críticas de partidos de la oposición municipal, especialmente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) e Izquierda Unida (IU).

En febrero de 2024, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Santander, Daniel Fernández, reclamó al equipo de gobierno del Partido Popular (PP) que acelerara la incorporación de nuevos policías. Según el PSOE, la ciudad contaba con 207 agentes, una cifra que consideraban insuficiente para garantizar la seguridad en una ciudad del tamaño de Santander.

El grupo municipal socialista pidió entonces agilizar el proceso para cubrir 29 plazas vacantes que llevaban tiempo pendientes de resolución.

Las críticas políticas se intensificaron en diciembre de 2025, cuando sindicatos policiales se reunieron con los grupos de la oposición en el consistorio. Tras ese encuentro, PSOE e IU denunciaron que la Policía Local de Santander atravesaba una “situación crítica”, con una plantilla que llevaba años reduciéndose por jubilaciones no repuestas.

El portavoz socialista llegó a calificar el problema como “crítico e insostenible”, señalando que la falta de planificación para reforzar la plantilla se arrastra desde hace más de una década y que esta situación puede afectar a la organización de dispositivos policiales durante eventos o periodos de alta actividad.

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