La titular de la Plaza n.º 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander ha acordado nuevas diligencias de investigación encaminadas a esclarecer el accidente en la pasarela de El Bocal en el que fallecieron seis personas el pasado 3 de marzo.

En concreto, ha pedido a la Policía Local de Santander el protocolo de actuación para la atención de avisos vigente en la fecha de los hechos. La alcaldesa, Gema Igual, viene insistiendo en que en la parte policial se trata de un asunto de responsabilidad individual y personal de la agente de la Policía que gestionó la llamada, cuando los sindicatos policiales llevan años advirtiendo de la falta de recursos, los problemas de la centralita y la falta de protocolos paros.

En concreto, tiene interés en conocer lo relativo a la “recepción, clasificación, traslado y seguimiento de incidencias reportadas por ciudadanos en general, y sobre riesgos en infraestructuras públicas, en particular”. También, pide que se le remita “cualquier instrucción interna, circular o manual complementario que establezca criterios de actuación para los operadores de servicio”. Algo que ha solicitado también ha solicitado al Servicio de Emergencias 112, autonómico, del que ya se ha publicado su existencia.

Por otro lado, la instructora también quiere conocer si existían quejas sobre el estado de conservación y sobre el estado de mantenimiento de la pasarela. En este sentido, solicita al Ayuntamiento de Santander que aporte copia de las actas de los últimos cinco años del Consejo Distrito Noroeste, al que pertenece la zona vecinal de Cueto y Monte, de las que han publicado estos días en eldiario.es

También ha pedido al Grupo III UDEV de la Brigada Provincial de la Policía Judicial que recabe información relativa a posibles quejas “en registros públicos u oficiales”, como la oficina de atención al ciudadano del Ayuntamiento de Santander o la Policía Local, así como en “plataformas de incidencias ciudadanas, asociaciones vecinales locales, medios de comunicación y redes sociales”.

El Ayuntamiento de Santander está intentando ceñir la responsabilidad a Costas, que licitó la obra y responsable del proyecto de reversión que quedó paralizado y se encargaba del mantenimiento. Esta semana anunciaba que se personaría en la causa –una fórmula que puede dar lugar a pensar que lo hace como perjudicado o como denunciante o apoyo de las familias–, pero el Juzgado le ha precisado que si lo hace, será a título de posible responsable civil, es decir, a quien le corresponda indemnizar si se dirime también responsabilidad municipal.

Finalmente, la titular de la Plaza n.º 1 de Instrucción de Santander acuerda la designación de un perito judicial con cualificación de Ingeniero de Caminos Canales y Puertos para que emita un informe sobre distintos aspectos.

La magistrada pide que el perito inspeccione in situ la pasarela e informe de “si existían signos visibles de deterioro (cuáles), la fecha previsible del último mantenimiento realizado y si, por todo ello, el mantenimiento sobre tal pasarela fue suficiente o negligente”.

También que en su informe el perito detalle la normativa vigente en la fecha de la construcción de la pasarela, la normativa aplicable en materia de inspección y mantenimiento de infraestructuras como la siniestrada, y la periodicidad de revisiones exigible.

Por otro lado, tras el ofrecimiento de acciones realizado por el órgano judicial a todos los familiares de los fallecidos y a la única superviviente del accidente, hasta la fecha se han personado tres familias, además de la agente de la Policía Local que ha sido citada como investigada y el Ayuntamiento de Santander que tras presentar un escrito para personarse en la causa se le ha aceptado la misma en su condición de posible responsable civil.