15 ayuntamientos cántabros han eliminado o sustituido de su espacio público los nombres de calles y plazas o los monumentos que ensalzaban a figuras del golpe de Estado militar o de la dictadura franquista.

Lo han hecho a instancias de procesos emprendidos por la Fiscalía de Memoria Democrática, que ya consiguió vencer las reticencias de Santander a quitar de su callejero los nombres de figuras como Camilo Alonso Vega, que coordinó la invasión del norte apoyado en los Ejércitos nazi y fascista italiano mediante bombardeos a la población civil o que diseñó el sistema de campos de concentración para presos políticos, o Fidel Dávila, responsable de la invasión de la capital. Estos procesos suponen la aplicación directa de la Ley y se iniciaron a raíz de peticiones de asociaciones memorialistas como Héroes por la República y la Libertad, Desmemoriados, AGE (Archivo, Guerra y Exilio) y el colectivo Memoria de Laredo.

La retirada de simbología franquista en espacios públicos está regulada en España por la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, que obliga a las administraciones a eliminar elementos que supongan exaltación de la sublevación militar de 1936, la Guerra Civil o la dictadura franquista. La norma establece además que, si las administraciones competentes no actúan, el Estado puede intervenir para garantizar el cumplimiento de la ley.

En detalle, según la información consultada por EL FARADIO, las actuaciones se han desarrollado en quince municipios cántabros: Suances, Colindres, Camargo, Corvera de Toranzo, Villacarriedo, Ribamontán al Monte, Medio Cudeyo, Bárcena de Cicero, Ribamontán al Mar, San Roque de Riomiera, Comillas, Piélagos, Potes, Selaya y Santoña.

En la mayor parte de los casos, los ayuntamientos comunicaron a la Fiscalía que habían procedido a cambiar denominaciones del callejero vinculadas al franquismo o retirar monumentos e inscripciones, lo que llevó al archivo de las diligencias una vez acreditadas estas actuaciones.

Así, por ejemplo, en Suances la calle General Mola pasó a denominarse calle La Encina, mientras que en Medio Cudeyo se demolió un monolito con simbología franquista y en Bárcena de Cicero se retiró la inscripción “Caídos por Dios y por España” de una cruz. En otros casos la actuación pública no fue posible, como en Piélagos, donde el elemento denunciado se encuentra en una finca privada.

Además, el caso de Santoña presenta una situación específica: el Ayuntamiento solicitó al Estado la resignificación de los elementos vinculados a Carrero Blanco, lo que ha abierto un procedimiento administrativo para reinterpretar estos espacios y convertirlo en víctima del terrorismo en lugar de proceder directamente a su retirada.

Cambios en el callejero y retirada de monumentos

En Suances, la calle General Mola pasó a denominarse calle La Encina.  En realidad la calle había sido cambiada en 2020, pero el Ayuntamieno no había modificado la página Web, en la que seguía el  nombre antiguo, También en Colindres se aprobó el cambio de nombre de una vía dedicada al mismo militar, uno de los principales organizadores del golpe de Estado contra la Segunda República en julio de 1936 y uno de los ideólogos de la represión franquista, al defender en sus instrucciones militares la necesidad de imponer una violencia “extremadamente enérgica” para eliminar a los opositores

En Camargo, el Ayuntamiento aprobó la sustitución de la calle Ruiz de Alda, uno de los fundadores de Falange, mientras que en Corvera de Toranzo se modificó la denominación de la avenida del Generalísimo, el apelativo militar –inexistente en la carrera del Ejército– con que se autodenominaba el dictador.

Por otra parte, en Villacarriedo se aprobó el cambio de nombre de la plaza Jacobo Roldán Losada, que fue gobernador civil de Santander y responsable de lo que se llamó de la estrategia de endurecimiento de la lucha contra “el enemigo interior” (es decir, la represión contra los opositores políticos al régimen). y en Ribamontán al Monte se acordó la sustitución de la calle Falange, el partido único del franquismo y defensor del uso de la violencia con fines políticos, incluyendo el reemplazo de las placas del callejero.

Además de los cambios en denominaciones, varios municipios procedieron a la retirada de monumentos o símbolos.

En Medio Cudeyo se demolió un monolito con simbología franquista frente  a la iglesia de Valdecilla erigido precisamente en conmemoración de la victoria del bando franquista en la Guerra, mientras que en Bárcena de Cicero se retiró la inscripción “Caídos por Dios y por España”, que era un lema usado por el franquismo y que se utilizaba para honrar a una parte de las víctimas de la Guerra Civil, las cercanas a quien ganó, de una cruz existente en el municipio, precisamente frente a la iglesia de Cicero.

En Ribamontán al Mar, concretamente en la localidad de Suesa, está prevista la demolición de un monolito con simbología franquista, tal y como avanzó el Ayuntamiento, mientras que en San Roque de Riomiera se retiró un monumento dedicado a los caídos «por Dios y por España».

En el caso de Comillas, el Ayuntamiento acordó modificar el nombre de una calle dedicada a Joaquín Ortiz de Zárate, militar golpista: allí se ha optado por sustituirlo por el de su hijo, del mismo nombre, nacido y enterrado en Comillas, militar también. Había otra calle, al General Solchaga, militar golpista, responsable de la invasión de Cataluña.

No en todos los municipios denunciados se produjeron cambios . En Piélagos, la simbología denunciada, un monolito franquista, se encuentra en una finca privada, lo que limita la intervención directa de la administración pública.

En Potes, la calle señalada por las asociaciones memorialistas no fue modificada, mientras que en Selaya, una calle también a Jacobo Roldán Losada, la situación figura como pendiente de que el Ayuntamiento les remita la certificación del Pleno en que se acordó la denominación.

El caso de Santoña

La principal excepción se sitúa en Santoña, donde las asociaciones denunciaron varios elementos: la plaza del General Mola, el paseo del Almirante Carrero Blanco y un monumento dedicado a Carrero Blanco, militar franquista ligado a la villa.

En este municipio el Ayuntamiento, después de que se hubiera activado un procedimiento a nivel estatal al ser el monumento claramente contrario a la Ley, solicitó al Estado la resignificación de los elementos vinculados a Carrero Blanco, al considerar su condición de víctima del terrorismo tras su asesinato en 1973 por ETA.

Esta solicitud abrió un procedimiento administrativo, lo que llevó a la Fiscalía a archivar las diligencias al constatar que el asunto estaba siendo tramitado por la administración competente.

El marco legal de la memoria democrática

La Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, establece la obligación de retirar símbolos que supongan exaltación de la dictadura franquista y atribuye a las administraciones públicas la responsabilidad de garantizar su eliminación en espacios públicos.

Además, prevé mecanismos de actuación cuando los símbolos permanezcan, incluyendo requerimientos a las administraciones responsables o la intervención del Estado si no se adoptan medidas.

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