El Ayuntamiento de Santander ha reconocido que no dispone de información actualizada sobre el estado de las infraestructuras de la senda costera, un espacio que durante años ha sido objeto de promoción institucional como recurso turístico y de ocio para la ciudadanía.

El Ayuntamiento de Santander promociona desde hace años la senda del litoral norte como recurso turístico y paisajístico

Este reconocimiento se produce en el marco de la carta remitida por la alcaldesa, Gema Igual, al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en la que solicita un informe técnico a la Demarcación de Costas de Cantabria tras el colapso de la pasarela de El Bocal, que el pasado 3 de marzo provocó la muerte de seis jóvenes y dejó herida a una séptima persona.

La propia solicitud del informe técnico incluye la petición de que se evalúe si las infraestructuras levantadas hace más de una década pueden reabrirse, deben mantenerse en uso, requieren reparaciones o si es aconsejable su retirada.

En ese mismo escrito, que parece estar redactado con vistas a la instrucción judicial ya en marcha, el Consistorio introduce varios elementos con los que trata de centrar el foco exclusivamente en la actuación de la Administración General del Estado.

Por una parte, recuerda que el mantenimiento de estas infraestructuras corresponde a Costas, que además llevó a cabo actuaciones sobre algunos de estos elementos en el año 2024, obviando su compromiso de mantenimiento una vez acabadas en una voluntad sobre la que se reafirmó años después, cuando se aprobó el segundo proyecto, tal y como reveló la semana pasada Hugo Morán en sendas entrevistas en la Cadena Ser y El Diario Montañés.

El propio Ayuntamiento ha admitido ese compromiso, matizando que no consideraba ninguno de los proyectos acabados (el segundo es el que se quedó en limbo y que no incluía la retirada de la pasarela siniestrada –en un criterio que planteó Santander y asumió Costas–, el primero es el que se frenó por las quejas vecinales asumidas parcialmente por el Consistorio, llegando a ser liquidado y del que quedaron restos sin retirar y acabó siendo visitado por los vecinos y promocionado desde lo municipal y autonómico).

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Por otra, plantea dudas sobre si la pasarela siniestrada se ajustaba al proyecto original aprobado en julio de 2003 o si se produjeron modificaciones posteriores, tal y como se está publicando estos días en prensa en informaciones a las que luego se remite el Consistorio.

En este sentido, el Ayuntamiento solicita información detallada sobre posibles cambios en el diseño inicial, quién los autorizó y qué garantías estructurales y de seguridad se aplicaron en la ejecución final. Además, señala que dichas modificaciones, en caso de haberse producido, no constan en la documentación municipal ni habrían sido comunicadas al propio Consistorio.

La carta también pregunta por el material utilizado en la infraestructura, en concreto si el acero empleado era inoxidable, tal y como contemplaba el proyecto original.

En paralelo, el movimiento del Ayuntamiento se produce en un contexto de presión política por parte de la oposición municipal, que ha reclamado un pleno monográgico con petición la asunción de responsabilidades políticas y la creación de una comisión específica para analizar lo ocurrido, mientras movimientos vecinales han convocado una concentración para ested omingo a las 12, desde Delegación de Gobierno al Ayuntamiento..

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Avances en la causa judicial

La causa judicial abierta por lo ocurrido continúa avanzando. La familia de la única superviviente del accidente, una joven de 19 años vecina de Elvillar (Álava), se ha personado también en el procedimiento, según han informado fuentes judiciales.

Con esta incorporación, son ya cuatro de las siete familias afectadas las que forman parte de la causa, junto al propio Ayuntamiento de Santander, al que la Justicia le ha tenido que recordar que en todo caso sería como posible responsable civil.

Además, la investigación mantiene como investigada a una agente de la Policía Local de Santander que atendió la llamada de alerta del 112 el día previo al accidente y no gestionó la incidencia. Está previsto que declare el 27 de marzo. Ese mismo día también comparecerá la operadora del 112 que recibió el aviso inicial, asistida por un abogado. A ambas administraciones, la autonómica y la municipal, les ha pedido la jueza documentación sobre los protocolos que guían a sus cuerpos de seguridad. En el caso de la Policía Local, el Ayuntamiento está intentando reducirlo todo a un error humano de una agente, obviando cuestiones estructurales.

Por su parte, la Demarcación de Costas de Cantabria ya ha remitido a la jueza la documentación requerida, mientras que el Ministerio para la Transición Ecológica estudia, a través de la Abogacía del Estado, si procede su personación en la causa.

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