La forma en la que se mide la contaminación del aire —y no solo los niveles registrados— vuelve a situarse en el centro del debate tras la publicación de un informe estatal de Ecologistas en Acción, que analiza la ubicación de estaciones de medición en 25 ciudades españolas, entre ellas Santander.

El documento examina si estas estaciones cumplen los criterios técnicos fijados por la normativa europea para garantizar que los datos sean “representativos, comparables y técnicamente válidos” . En este sentido, introduce una advertencia de partida: la ubicación de los puntos de medición ha sido históricamente uno de los aspectos “más controvertidos” en la gestión de la calidad del aire.

Según recoge el informe, durante años algunas administraciones optaron por trasladar estaciones situadas en puntos con alta contaminación —especialmente vinculada al tráfico— hacia zonas menos expuestas, como áreas de fondo urbano o vías secundarias. Esta práctica, señala el documento, puede derivar en mediciones que no reflejan los niveles reales de exposición de la población.

En el caso de Santander, el análisis se centra en la estación “Santander Centro”, operativa desde 1998 y clasificada como estación urbana de tráfico. Este tipo de instalaciones están diseñadas para medir contaminantes directamente asociados al tráfico rodado, como partículas PM₁₀, dióxido de nitrógeno (NO₂), dióxido de azufre (SO₂), monóxido de carbono (CO) o benceno.

El informe ofrece una valoración matizada. Por un lado, considera que la estación cumple los criterios de macroimplantación, es decir, su ubicación general dentro de la ciudad resulta coherente. Sin embargo, detecta un cumplimiento solo “parcial” en los criterios de microimplantación, que evalúan aspectos más concretos como la proximidad al tráfico, la disposición del entorno o la influencia de obstáculos.

Esta diferencia es relevante. Mientras la macroimplantación determina si una estación está situada en un área representativa, la microimplantación define si el punto exacto capta adecuadamente las emisiones más intensas. En el caso de Santander, el resultado global es de estación “adecuada”, pero con limitaciones en su capacidad para reflejar los niveles más altos de contaminación.

No obstante, en la matriz global del informe, la estación aparece como “no adecuada” en términos generales, debido a que no se localiza en un punto crítico donde se esperen las concentraciones más elevadas asociadas al tráfico .

Uno de los aspectos más destacados del análisis es la discrepancia en la localización de la estación. El informe señala que la posición que aparece en el visor del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) no coincide exactamente con la ubicación real del punto de muestreo.

Esta conclusión se ha obtenido mediante análisis cartográfico, ortofotografía aérea y verificación sobre el terreno. La diferencia introduce incertidumbre en la información pública disponible y puede dificultar el seguimiento por parte de la ciudadanía o de la comunidad científica.

Además, el informe subraya que la estación no se encuentra dentro de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Santander. Este dato tiene implicaciones directas en la evaluación de las políticas municipales de reducción de la contaminación.

Las ZBE, impulsadas por normativa estatal y europea, tienen como objetivo principal reducir la exposición de la población a contaminantes ligados al tráfico, especialmente el NO₂. Sin embargo, si la estación de referencia no está ubicada dentro de estas zonas o en sus puntos más críticos, resulta más complejo medir su impacto real.

En términos técnicos, esto limita la capacidad de correlacionar los datos de calidad del aire con las medidas aplicadas, lo que puede dificultar la evaluación de su eficacia.

El caso de Santander se enmarca en un contexto más amplio. El informe concluye que solo 6 de las 25 estaciones analizadas (24 %) pueden considerarse plenamente adecuadas, mientras que 17 (68 %) presentan deficiencias que comprometen su representatividad .

Las principales carencias se concentran en los criterios de microimplantación, como la altura de muestreo, la distancia a la calzada o la presencia de obstáculos. Estas condiciones, aparentemente técnicas, tienen un impacto directo en la calidad de los datos y, por tanto, en la toma de decisiones públicas.

En este sentido, el documento insiste en que el objetivo de las redes de medición es reflejar la exposición real de la población, especialmente en los puntos donde se registran las mayores concentraciones de contaminantes.

Por otra parte, el informe plantea la necesidad de revisar periódicamente la ubicación de las estaciones, adaptándolas a los cambios en el entorno urbano y a las nuevas exigencias normativas. También propone incorporar procesos de participación ciudadana para identificar los puntos donde la población percibe mayor impacto de la contaminación.

En este contexto, la discusión sobre la calidad del aire deja de centrarse exclusivamente en los datos para incorporar un elemento clave: cómo se obtienen esos datos y hasta qué punto reflejan la realidad urbana.

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