En una democracia que se pretende adulta, plural y basada en evidencias, resulta cuanto menos llamativo —por no decir abiertamente anacrónico— que los homenajes de Estado sigan compartiendo protagonismo con rituales religiosos.

Como si la legitimidad institucional necesitara aún de incienso, sotana y latín para sostenerse. Como si la ciudadanía, diversa y libre, debiera inclinar la cabeza ante una cosmovisión particular aunque no representa a todas.

La cuestión no es estética, ni siquiera meramente protocolaria. Es de fondo. Un Estado democrático no cree: sabe, contrasta, evidencia. Las religiones, en cambio, creen: afirman, dogmatizan, prescriben. Y cuando ambos planos se mezclan en actos oficiales, lo que se produce no es armonía, sino confusión. O peor aún: una forma sibilina de privilegio ideológico.

Quienes defienden la presencia religiosa en funerales de Estado o actos institucionales suelen apelar a la tradición. Curiosa defensa. También fue tradición negar derechos a las mujeres, quemar disidentes en la hoguera o justificar jerarquías “naturales”. La tradición, por sí sola, no legitima nada; ni explica de dónde venimos, ni hacia dónde deberíamos ir.

Más incómodo resulta todavía confrontar el contenido. Porque mientras la democracia se fundamenta en la igualdad jurídica, la evidencia científica y el debate racional, ciertas doctrinas religiosas siguen sosteniendo —sin rubor— postulados que pertenecen a los archivos con tela de arañas, que al presente: la subordinación de la mujer al marido (por “querer distinguir el bien del mal”), la idea de un orden moral inmutable dictado desde el cielo, o la pretensión de que el ser humano (blanco, anglosajón, varón, con dinero…) ocupa un lugar privilegiado en el cosmos también por designio divino. Todo ello, en abierta contradicción con el conocimiento acumulado, con los valores constitucionales y los derechos humanos universales.

El problema no es que esas creencias existan. En una sociedad libre, cada cual puede creer lo que estime oportuno, desde dogmas milenarios hasta horóscopos de sobremesa. El problema surge cuando el Estado —que debería representar a creyentes, agnósticos y ateos por igual— decide otorgar a una confesión concreta un papel simbólico en actos que son, por definición, de todas, de todas las personas.

Se dirá que es un gesto de consuelo, de acompañamiento emocional. Pero el consuelo no puede imponerse desde una única narrativa. Para mucha ciudadanía ese lenguaje religioso no reconforta: excluye. Y un Estado que excluye, aunque sea simbólicamente, deja de ser neutral y aconfesional.

La alternativa no es fría ni deshumanizada, como algunas caricaturizan. Es, sencillamente, coherente. Actos civiles, inclusivos, centrados en la memoria, la dignidad y los valores compartidos. Sin intermediarios sobrenaturales. Sin jerarquías morales importadas de textos antiguos. Sin la necesidad de invocar verdades reveladas en un espacio que debería regirse por verdades contrastadas.

En definitiva, se trata de asumir algo tan elemental como incómodo: que la democracia no necesita bendiciones. Necesita respeto, rigor y coherencia. Y, sobre todo, la valentía de reconocer que creer no es lo mismo que saber. Cuando el Estado confunde ambas cosas, no eleva la ceremonia; rebaja la democracia.

Quizá haya llegado el momento de despedirse —con educación, pero con firmeza— de esa inercia simbólica. No de la fe privada que es legítima, sino de su presencia institucional. Porque un Estado verdaderamente moderno no mira al cielo para legitimarse. Se basta con la voluntad de su ciudadanía y con la fuerza de las evidencias, la cultura y el conocimiento para construir comunidad.