La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha asegurado este martes en la rueda de prensa convocada de urgencia para valorar el auto judicial que le daba parcialmente la razón al señalar que el mantenimiento de la pasarela de El Bocal que se desplomó causando la muerte a seis jóvenes le correspondía a Costas (pero apuntando a la responsabilidad del Ayuntamiento en el vallado de infraestructuras públicas inseguras y remarcando que se había incitado a usarla con la promoción turística de la zona y de la ruta).

En la rueda de prensa la regidora ha deslizado que esa teoría, la de que el mantenimiento no le correspondía a la administración municipal al no tratarse de una obra acabada, es la que ha sostenido “desde el primer momento”. Y si bien es cierto que fue una de sus primeras versiones, en especial cuando eldiario.es y la Ser, y después Hugo Morán, recordaron el compromiso del Ayuntamiento de mantener la senda costera una vez acabada la obra, también lo es que la propia Igual apostó por olvidar esa teoría en cuanto empezó a imponerse otra, la del fallo del diseño.

Ya no es el mantenimiento: Gema Igual cambia su argumentario tras el derrumbe de El Bocal y apunta a los cambios en el proyecto

No hace tanto: literalmente, fue hace seis días cuando la alcaldesa amplificó, con peticiones de información y posteriores reacciones una serie de informaciones que trascendieron en el marco de la instrucción judicial, en la que al haberse personado pese a no ser ni denunciante ni víctima consigue acceso a la documentación. Esas informaciones apuntaban a que el diseño inicial de la pasarela no fue el que luego se ejecutó, algo que Igual resumió en la teoría del “fallo del diseño” (en lugar de en la mala ejecución del diseño, por otra parte).

Textualmente, la alcaldesa declaró estas frases:

• A lo mejor no es el mantenimiento y puede ser un fallo estructural.”
• “Un buen, regular o mal mantenimiento pierde sentido si hay un fallo estructural.”
• “Si la solución constructiva no es adecuada, el problema no es de mantenimiento”

Esas declaraciones fueron del pasado 18 de marzo. Hoy, 24, la jueza que instruye la causa se ha centrado en el aspecto del mantenimiento, del que responsabiliza expresamente a Costas, iniciando acciones contra dos de sus funcionarios –entre ellos, el responsable de la Demarcación, Antonio Osorio—e interpretando que la obra que fue paralizada y por la que hubo una liquidación no podía considerarse finalizada, asumiendo además que el proyecto con el que se hubieran retirado los excesos constructivos denunciados por los vecinos –pero no la pasarela que se desplomó, como pedían los vecinos y rechazaron en coordinación tanto el Ayuntamiento como Costas—era la finalización efectiva, a pesar de que hubiera sido objeto de una nueva licitación y de que el anterior estaba en uso y ha sido promocionado todos estos años por el Consistorio.

Esa teoría, por cierto, le venía bien al equipo de Gobierno del PP la semana pasada, pero dejaba mal parado al Gobierno central que licitó y adjudicó la fracasada senda costera, ya que correspondía a su propio partido y estuvo marcada por la coordinación en presentaciones y anuncios, muchas veces hechas por su predecesor en la Alcaldía, Íñigo de la Serna. Si el problema era un fallo de diseño –y no a que se hubiera ejecutado mal el diseño, versión que podía haber resumido mejor la información que trascendió, pero que el PP eligió no expresar así–, le correspondía a Costas, que, pese a su contrastado funcionamiento autónomo, responde ante el Gobierno central—

No hay, en cualquier caso, tono de tranquilidad, y no sólo por las referencias a las víctimas y sus familias, sino porque el auto conocido hoy es, como admite la propia alcaldesa, sólo un primer paso del proceso judicial y no la hipotética absolución –no es ni siquiera el juicio—que venden quienes amplifican el argumentario ‘popular’, sino porque ese auto también ha señalado

-a la responsabilidad municipal en el precintado de infraestructuras en mal estado aunque no sean su competencia –estos días vemos a otros ayuntamientos, como Liencres, hacerlo, y la propia Santander se ha entregado al precintado general de su primera línea-

La jueza de El Bocal recuerda al Ayuntamiento su deber de restringir el acceso a lugares inseguros y la difusión turística de la pasarela

-y a la difusión del uso de la ruta en la que se encontraban estas infraestructuras

El Ayuntamiento de Santander promociona desde hace años la senda del litoral norte como recurso turístico y paisajístico

De hecho, la propia alcaldesa admite esa falta de precintado “Lo hicimos en 2024 y no lo hemos hecho el 2 de marzo de 2026. La primera en reconocerlo fui yo y con esa humildad y con ese pesar lo dije y lo sigo diciendo”.

Y comienza a usar la palabra “humildad”, –“todas las administraciones tendremos que plantearnos mejoras en todo”– teniendo en cuenta que el giro al mantenimiento al que vuelve a entregarse tras el paréntesis de la teoría del fallo de diseño lo que hace es devolver al primer plano uno de los grandes clamores en la ciudad, los problemas de mantenimiento diario en todo tipo de obras y servicios, que se han solapado con la crisis general de suciedad.

Queda pendiente, además, porque esto es un primer auto, el tema de la atención a avisos previos sobre el estado de la senda –la jueza maneja las actas de Consejos de Distrito– y la gestión de la llamada por parte de la Policía Local, algo que Igual trata de reducir a un fallo humano y personal en lugar de a una cuestión estructural y de organización del servicio y medios de telecomunicaciones sobre la que los sindicatos policiales llevan alertando una década.