Una delegación de la Comisión 8 de Marzo y de la Asociación Derecho a Morir Dignamente han mostrado hoy su rechazo en el pleno municipal del Ayuntamiento de Santander al respaldo del consistorio a los actos organizados por colectivos “provida” y la iluminación de la fachada consistorial con motivo del denominado “Día de la Vida”.

La Comisión 8 de Marzo y la Asociación Derecho a Morir Dignamente critican la hipocresía del ayuntamiento santanderino por participar de manera activa en una iniciativa sin reconocimiento internacional que responde a una agenda ideológica abiertamente contraria a derechos individuales, opcionales y claramente constitucionales, como la interrupción voluntaria del embarazo o la muerte digna.

“Lejos de tratarse de un gesto inocuo, estos hechos evidencian una preocupante deriva institucional: el uso de recursos públicos y espacios simbólicos de toda la ciudadanía para cuestionar derechos plenamente reconocidos por la legislación vigente; derechos que no son opinables ni están sujetos a la moral particular de ningún gobierno, que son expresión de libertad individual y que no van contra nadie”, subrayan las dos plataformas en un comunicado.

Para la Comisión 8 de Marzo y la Asociación Derecho a Morir dignamente, “lo ocurrido desmonta la imagen de compromiso con la igualdad y los derechos de las mujeres que el Ayuntamiento y la Concejalía de Igualdad intentan proyectar”.

“No se puede sostener un discurso institucional de respeto a los derechos mientras se colabora activamente con organizaciones que trabajan para restringirlos; Esa careta cae cuando los hechos hablan”, agrega el comunicado.

En opinión de la Comisión 8 de Marzo y la Asociación Derecho a Morir Dignamente “la implicación directa del equipo de gobierno en estos actos, junto a entidades que promueven la criminalización del aborto y cuestionan la autonomía personal en el final de la vida, constituye una forma de violencia institucional”.

“Supone trasladar a la ciudadanía —y especialmente a las mujeres y a las personas gravemente enfermas— que sus decisiones, aunque legales, pueden ser señaladas, cuestionadas y estigmatizadas desde las propias instituciones que deberían protegerlas”, recalcan.

La Comisión 8 de Marzo y la Asociación Derecho a Morir Dignamente consideran que la decisión del Ayuntamiento de Santander “no es solo una toma de posición ideológica, es la normalización desde lo público de discursos que históricamente han servido para culpabilizar, estigmatizar y controlar a las mujeres y a quienes quieren decidir sobre su propia muerte”.

Estrategia, no hechos aislados

El comunicado advierte de que “este tipo de iniciativas no son hechos aislados, sino parte de una estrategia más amplia de normalización de discursos reaccionarios desde lo público, que buscan reabrir debates ya saldados en el marco democrático, de igualdad y de derechos humanos”.

“Cuando una Administración Pública utiliza su legitimidad para dar cobertura a posiciones que niegan derechos, está fallando en su función esencial. No es neutralidad: es alineamiento ideológico con quienes quieren recortar libertades”, subraya el comunicado, que recuerda que “el aborto y la eutanasia son derechos reconocidos legalmente y prestaciones integradas en el sistema sanitario público, y que cuestionarlos desde las instituciones supone un grave retroceso democrático”.

Por todo ello, la Comisión 8 de Marzo y la Asociación Derecho a Morir Dignamente reclaman “el cese inmediato de cualquier colaboración institucional con organizaciones contrarias a derechos fundamentales; la retirada de cualquier acción simbólica o programática que contribuya a estigmatizar decisiones legales de la ciudadanía; y un compromiso real —no meramente discursivo— con la defensa de los derechos de las mujeres y de los enfermos terminales”.

“La defensa de los derechos no puede ser selectiva ni oportunista y las instituciones no están para representar la moral de unos pocos, sino para garantizar la libertad de todas y todos”, añaden ambas organizaciones, que matizan que “Santander merece un Ayuntamiento que proteja derechos, no que los ponga en cuestión”.

“La careta institucional ha caído. No estamos ante un error puntual, sino ante una forma de gobernar que utiliza lo público para imponer una agenda ideológica contra derechos reconocidos”, concluye el comunicado que advierte que “frente a eso, vamos a responder con organización, con denuncia y con movilización porque nuestros derechos no se negocian, no se recortan y no se someten a la moral de ningún Gobierno”.