Izquierda Unida ha puesto en marcha una campaña informativa destinada a que la ciudadanía conozca sus derechos en materia de vivienda y, especialmente, en lo relativo a los contratos de alquiler tras la entrada en vigor del nuevo Decreto de alquileres. La iniciativa hizo una de sus primeras paradas este sábado en la plaza del Ayuntamiento de Santander, donde voluntariado y militancia instalaron una mesa informativa.

Durante la mañana atendieron a decenas de personas, interesadas en resolver dudas sobre la actualización de rentas, las obligaciones de los propietarios o los mecanismos de reclamación previstos en la normativa. Para ello, IU distribuyó folletos explicativos, además de modelos de escritos que las inquilinas e inquilinos pueden remitir a los propietarios en cumplimiento del decreto.

El coordinador de IU, Israel Ruiz Salmón, explicó que este material, junto a otros recursos útiles, también está disponible en sus redes sociales y en su página web, con el objetivo de facilitar el acceso a la información. Según apuntan, más de 28.000 personas en Cantabria estarían directamente afectadas, dado que en 2020 se firmaron algo más de 7.500 contratos y en 2021 se superaron los 5.000.

IU señala que la campaña continuará en las próximas semanas por distintos municipios, con el propósito de reforzar el conocimiento ciudadano sobre sus derechos y fomentar un acceso a la vivienda “más justo y transparente”.

Además, la campaña continuará activa hasta mediados de abril, fecha en la que será la votación de la convalidación del Decreto que, previsiblemente, “las derechas de PP, VOX y Junts tumbarán dejando tiradas a cientos de miles de personas en toda España”.

Durante las próximas semanas, la iniciativa recorrerá diversos puntos de Cantabria con nuevas mesas informativas y recursos divulgativos. “Animamos a la ciudadanía a interesarse por sus derechos y a consultar los canales habilitados para conocer la normativa”, apuntan.

Quienes participan en la campaña destacan que la regulación vigente constituye una herramienta ya aplicada, con aval legal y con resultados contrastados, y advierten de que su derogación o rechazo podría tener efectos negativos para numerosos inquilinos que se encuentran en situaciones económicas ajustadas.