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La comitiva judicial llegaba al domicilio de la calle Joaquín Costa a las 9 de la mañana para certificar el lanzamiento. La familia ya ha podido mudarse a otro inmueble que les ha sido brindado durante un tiempo para poder buscar otro lugar al que ir a vivir. El no poder hacer frente al pago del alquiler de su vivienda ha llevado a esta situación.

La madre de tres hijos, uno de ellos con discapacidad, ha explicado que ya hubo un intento de desahucio que se pudo parar, hace unos meses, pero la decisión judicial de expulsarla de su vivienda se ha llevado a cabo, finalmente, esta mañana. Este pasado martes se les comunicó la decisión firme del lanzamiento.

Decía esta mujer víctima del desahucio que su casero tenía problemas para poder pagar la hipoteca del inmueble, porque también «se le complicaron las cosas», y ella no pudo hacer frente al pago del alquiler, como ha dicho ante los medios de comunicación.

«He suplicado en todas las instituciones y ante la juez que los niños pudieran acabar el curso académico como cualquier niño de 7 y 16 años» (como es su caso). Pidió quedarse en la vivienda hasta finales de junio, pero no recibió ninguna respuesta positiva.

También ha dicho que recibió «indiferencia y frialdad» como respuesta institucional. Lo ha intentado a través de Servicios Sociales del Ayuntamiento y ha llamado a ONGs de distintos tipos, pero no ha encontrado disponibilidad de una vivienda a la que poder mudarse. «Cuando les dije que me iba a quedar en la calle con mis hijos, sin red de apoyo, me desearon suerte y me dieron una palmadita en la espalda, literal», aseguraba.

Ha podido encontrar un techo, «por un amigo, a través de un conocido, moviendo contactos nos ofrecen una casa pequeñita, apartada de la vida de mis hijos, que no sé muy bien cómo lo voy a hacer para traerles al colegio, porque tampoco cuento con un medio de transporte». Una vivienda en la que todavía no ha podido entrar porque le tienen que entregar las llaves, que está vacía y sin servicios dados de alta, y en la que tiene que acomodarse mientras encuentra una solución definitiva.

Según explica la PAH, la familia reside en un inmueble adquirido por una empresa inversora, Blancueto S.L. dedicada principalmente al turismo y la restauración. Sin recursos económicos suficientes ni red de apoyo familiar en la comunidad, la madre y sus hijos se enfrentan a quedarse en la calle de forma inminente.

Este caso se produce tras el fin de la moratoria estatal de desahucios, después de que el Congreso no convalidara el Real Decreto-Ley que pretendía prorrogar la suspensión de los lanzamientos para familias vulnerables.

Ya el pasado febrero la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) advertía de lo que suponía esta situación para Cantabria, donde calculan que más de 600 familias podrían quedarse en la calle en los próximos meses.

La PAH, que ha dado a conocer esta situación, había hecho un llamamiento a la ciudadanía para concentrarse esta misma mañana ante la vivienda, pero horas antes desconvocaron la movilización ante el cambio de la situación de la familia.

Sin embargo, activistas colocaron una pancarta en lo alto del edificio de la vivienda desahuciada, en la que se podía leer «desahucian a una familia para uso turístico», subrayando la problemática que se complica por la reducción de oferta de vivienda en alquiler por la cantidad de inmuebles destinados a alquiler vacacional y no habitual.

Desde la PAH advierten de que este tipo de situaciones podrían multiplicarse en las próximas semanas, afectando especialmente a los hogares más vulnerables.