El 87% de las personas trabajadoras autónomas considera insuficiente el apoyo de las administraciones públicas en materia de prevención de riesgos laborales, según los datos del Observatorio Estatal del Trabajo Autónomo difundidos por UATAE Cantabria, que reflejan una realidad marcada por la falta de cobertura institucional.

El estudio, realizado a partir de una muestra de 800 participantes, apunta que un 40% del colectivo percibe ese respaldo como inexistente y un 47% como escaso. A pesar de este contexto, el 46% de los autónomos asegura aplicar medidas preventivas de forma frecuente o constante en su actividad diaria, lo que evidencia una creciente concienciación sobre los riesgos laborales.

No obstante, desde UATAE Cantabria advierten de que este esfuerzo individual no se ve acompañado por un sistema público que garantice condiciones de seguridad equiparables a las del trabajo por cuenta ajena. En este sentido, el informe también revela que un 35% de los autónomos considera que los riesgos no están suficientemente definidos, lo que pone de manifiesto carencias en el acceso a información y herramientas específicas.

Además, la organización señala que esta falta de respaldo institucional genera desigualdades dentro del propio colectivo, especialmente en sectores con mayor exposición a riesgos físicos, como la construcción, el transporte o determinados servicios, donde existen más dificultades para implantar medidas preventivas adecuadas.

El portavoz de UATAE Cantabria, Álvaro Gómez, ha subrayado las consecuencias de este escenario y ha reclamado un cambio de enfoque: “Según el Observatorio de Trabajo Autónomo de UATAE, el 87% de los autónomos considera insuficiente el apoyo público en prevención de riesgos laborales. Esta falta de cobertura genera desprotección, más riesgos para la salud y pone en peligro la viabilidad de muchos negocios”.

En la misma línea, ha destacado que “casi la mitad aplica medidas por su cuenta, lo que demuestra compromiso, pero también abandono institucional”, insistiendo en que el actual modelo deja en manos de cada trabajador una responsabilidad que debería estar respaldada por políticas públicas.

Asimismo, ha defendido la necesidad de avanzar hacia un sistema que reconozca la prevención como un derecho: “Por ello, desde UATAE Cantabria reclamamos un cambio. La prevención debe ser un derecho garantizado y es clave que los autónomos estemos a los órganos de participación del Instituto Cantabria de Seguridad y Salud en el trabajo”.

Desde UATAE Cantabria consideran que el actual vacío en materia de prevención no solo afecta a la salud de los profesionales, sino que también compromete la viabilidad de muchos negocios. Por ello, reclaman el impulso de políticas públicas específicas, el refuerzo del asesoramiento y la formación, así como el acceso equitativo a recursos preventivos.

En definitiva, la organización insiste en que la prevención de riesgos laborales debe dejar de depender de la iniciativa individual para consolidarse como un derecho efectivo, y subraya la importancia de que el colectivo tenga voz en los espacios donde se diseñan estas políticas, especialmente en el ámbito del ICASST.