La totalidad de los centros escolares analizados en Santander y Torrelavega supera los niveles de dióxido de nitrógeno (NO₂) recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), según el informe sobre calidad del aire en entornos escolares presentado este miércoles por Ecologistas en Acción dentro de la campaña europea Clean Cities, en una rueda de prensa celebrada en el Agora Solidaria Luis Toca.

El umbral sanitario de referencia fijado por la OMS para este contaminante es de 10 microgramos por metro cúbico como media anual, mientras que la nueva directiva europea de calidad del aire rebajará a 20 microgramos por metro cúbico el límite anual exigible, como muy tarde, desde enero de 2030.

Floren Enríquez y José Antonio Sánchez Raba, de Ecologistas en Acción (Foto: Oscar Juárez/Agora Solidaria)

En Cantabria, el estudio se ha centrado en 32 centros educativos, 16 en Santander y 16 en Torrelavega. Según los datos presentados por la organización ecologista, todos rebasan el valor recomendado por la OMS. Además, en Santander 12 de los 16 puntos medidos, es decir, el 75%, ya superan el futuro umbral europeo de 20 µg/m³. En Torrelavega ocurre en siete de los 16 centros, el 43,75% del total.

Los peores registros de Santander se localizan en el IES Alberto Pico, con 36,5 µg/m³; el CEIP Nueva Montaña, con 32,7; y el IES Santa Clara, con 31,4. También superan la barrera de los 30 µg/m³ el IES José María de Pereda, con 30,8; el CEIP Magallanes/Mendoza-Cisneros, con 30,7; y el CEIP Ramón Pelayo, con 30,5. En el extremo contrario se sitúan el IES Villajunco, con 15,9; el CEIP Menéndez Pelayo, con 16,6; el CEIP Gerardo Diego, con 17,5; y el CEIP Jesús Cancio, con 19,9, que aun así continúan por encima de la referencia sanitaria internacional.

En Torrelavega, el valor más alto aparece en el CEIP El Salvador, en Barreda, con 33,9 µg/m³, más de tres veces por encima del umbral recomendado por la OMS. Le siguen el IES Miguel Herrero, con 26,1; el IES Zapatón, con 22,5; el CEIP José María de Pereda, con 21,9; el IES Marqués de Santillana, con 21,5; el IES Garcilaso de la Vega, con 20,9; y el CEIP Matilde de la Torre, con 20,1. Los niveles más bajos se registran en el CEIP Menéndez Pidal, con 10,5, y el CEIP Mies de Vega, con 12,3, aunque tampoco cumplen la recomendación sanitaria.

Ecologistas en Acción  vincula estos resultados al peso del tráfico rodado en los entornos urbanos y a un modelo de movilidad que sigue situando a muchos centros educativos junto a vías con alta intensidad de circulación,, según han señalado sus representantes Floren Enríquez y José Antonio Sánchez Raba.

En este sentido, la organización reclama a los ayuntamientos actuaciones sobre las zonas de bajas emisiones, la peatonalización, la pacificación del tráfico, el refuerzo de la movilidad sostenible y el aumento del arbolado urbano.

Durante la presentación del informe, los portavoces de la organización calificaron los datos de “muy preocupantes” y reclamaron a las administraciones locales que actúen. En el caso de Santander, señalaron además que habían intentado trasladar previamente esta información al Ayuntamiento sin obtener respuesta.

El estudio se inserta en una campaña estatal más amplia que, en su quinta edición, ha analizado 412 entornos escolares y espacios sensibles en 66 núcleos urbanos de diez comunidades autónomas. De ellos, 395, el 96%, superan igualmente los niveles de NO₂ recomendados por la OMS.

El foco sobre los entornos escolares no es casual. La propia OMS ha actualizado sus guías de calidad del aire con criterios más estrictos por los efectos de la contaminación en la salud, y el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) lleva años documentando el impacto de la contaminación asociada al tráfico en la infancia. Entre sus trabajos figura el proyecto BREATHE, desarrollado en escuelas de Barcelona, que encontró un crecimiento cognitivo más lento en el alumnado de centros con mayores niveles de contaminación y señaló también efectos sobre la atención y la memoria de trabajo.

Además, la revisión europea de la normativa de calidad del aire, ya en vigor desde diciembre de 2024, obliga a los Estados miembros a acercarse a estándares más próximos a las recomendaciones sanitarias. Eso significa que una parte importante de los centros analizados en Santander y Torrelavega no solo incumple ya la referencia de salud pública marcada por la OMS, sino que también se encuentra por encima del límite legal que deberá respetarse en pocos años.

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