Ecologistas en Acción Cantabria ha solicitado al juzgado de lo contencioso-administrativo la ejecución forzosa de la sentencia que dictaminó el cierre de las actividades de la empresa Laherrán en la localidad de Arce, en el municipio de Piélagos. La petición fue registrada el pasado 5 de mayo y se produce, según denuncia la organización, ante la falta de ejecución efectiva de las resoluciones judiciales y administrativas que ordenan la clausura de la cantera y de la planta de tratamiento de áridos.

La asociación ecologista sostiene que el Ayuntamiento de Piélagos mantiene una situación de “inanición” administrativa pese a que existen resoluciones firmes que obligan al cierre de las actividades extractivas y de molienda. En este sentido, recuerdan que el origen del conflicto se remonta al año 2015, cuando el Consistorio declaró clandestina la actividad de extracción, molienda y clasificación de áridos desarrollada por la empresa Laherrán, acordando entonces el cierre de la cantera.

Sin embargo, denuncian que aquella decisión municipal dejó fuera la planta de tratamiento de áridos, lo que permitió a la empresa continuar parte de su actividad. Ecologistas en Acción considera que esa resolución fue “un error” que benefició a la empresa y que se suma, según afirman, a otras decisiones administrativas que han favorecido a Laherrán durante la última década.

Posteriormente, el 8 de diciembre de 2023, el Ayuntamiento de Piélagos acordó la “extensión de los efectos de clausura de la actividad de cantera a la molienda y clasificación de áridos”, al entender también que dichas instalaciones carecían de las correspondientes licencias municipales.

La resolución municipal fue recurrida por la empresa, aunque el pasado 4 de febrero el Tribunal Supremo ratificó dos sentencias previas de los tribunales de Cantabria y condenó además a Laherrán al pago de las costas procesales.

Según explica la organización ecologista, el actual alcalde de Piélagos ha emitido ya tres resoluciones ejecutivas ordenando el cierre de las actividades tanto de la cantera como de la planta de áridos. No obstante, aseguran que ninguna de ellas ha sido ejecutada materialmente y que la empresa continúa funcionando “hasta el día de hoy”.

Ecologistas en Acción denuncia además que la empresa habría roto en dos ocasiones los precintos instalados por el Ayuntamiento sin que ello haya tenido consecuencias administrativas o judiciales inmediatas. La organización considera que el Consistorio dispone de “todos los recursos legales” necesarios para garantizar el cumplimiento de sus propias resoluciones.

La asociación critica igualmente que la actividad extractiva haya funcionado durante décadas “sin disponer de ninguna licencia municipal y sin declaración de impacto ambiental”. En este sentido, subrayan que no solo los vecinos y colectivos ecologistas han cuestionado la actuación municipal, sino también los propios tribunales.

Así, recuerdan que en diciembre de 2024 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno dictó una sentencia en la que reprochaba al Ayuntamiento la gestión del expediente, al señalar que el Consistorio volvía a incurrir en “prácticas perniciosas” que favorecían nuevos recursos judiciales y dificultaban la ejecución de sus propios actos administrativos.

La resolución judicial calificaba además la tramitación municipal como “caótica, confusa, carente de sistemática y generadora de los conflictos que amparan los constantes recursos”. Además, el juzgado también hacía referencia a la actitud de la empresa ante las órdenes de cierre dictadas desde el año 2016, señalando la “falta de colaboración” y la “oposición jurídica y material” del destinatario de la orden.

Ecologistas en Acción asegura que el pasado 4 de febrero solicitó formalmente al Ayuntamiento la clausura efectiva de las actividades de Laherrán S.A., reclamando medidas como el precinto de las instalaciones y el corte inmediato de suministros. Sin embargo, sostienen que, transcurridos ya varios meses, el cierre sigue sin ejecutarse.

Por ello, la organización ha optado por acudir nuevamente a los tribunales para reclamar que se obligue tanto al Ayuntamiento como a la empresa a cumplir las resoluciones judiciales firmes.

Además, denuncian públicamente que la continuidad de la actividad extractiva y de molienda sigue generando molestias al vecindario cercano, entre ellas explosiones, vibraciones, polvo, ruido y el tránsito constante de camiones por las calles del barrio.

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