Las familias del IES El Astillero denuncian riesgos de seguridad en el edificio de Bachillerato y exigen actuaciones urgentes

Reclaman una reunión inmediata con la Dirección General de Centros y alertan de problemas estructurales, exceso de calor y riesgo de desprendimientos en las instalaciones
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Las familias del IES El Astillero han denunciado públicamente la situación del edificio de Bachillerato del centro educativo, sobre el que alertan de “deficiencias constructivas y de diseño” que, según sostienen, afectan a la seguridad y al bienestar del alumnado.

El colectivo de familias ha trasladado su preocupación a la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria y asegura que existen riesgos identificados que requieren una intervención “a corto plazo”, entre ellos la posibilidad de desprendimientos de ventanales, hasta el punto de haberse planteado la delimitación de perímetros de seguridad en determinadas zonas. Además, señalan que las aulas presentan condiciones térmicas “inadecuadas”, con temperaturas elevadas derivadas de la excesiva insolación.

En este sentido, las familias sostienen que los problemas no son recientes y recuerdan que distintos equipos directivos del centro vienen advirtiendo desde hace años de estas incidencias. Según explican, existen informes técnicos y antecedentes suficientes que, a su juicio, habrían requerido una actuación “más diligente” por parte de la administración educativa.

El colectivo asegura haber solicitado reuniones con la directora general de Centros e Infraestructuras Educativas, Reyes Mantilla Rozas, sin haber obtenido hasta ahora una respuesta “satisfactoria”.

Entre las reivindicaciones planteadas por las familias se encuentran la convocatoria de una reunión urgente con responsables de la Dirección General de Centros e Infraestructuras Educativas, un compromiso público y por escrito sobre las actuaciones previstas, la adopción de medidas preventivas inmediatas y una solución estructural definitiva con calendario de ejecución y dotación presupuestaria.

Según detallan en la documentación remitida a los medios, el edificio de ampliación del instituto fue inaugurado hace aproximadamente diez años y ya entonces, indican, la dirección del centro habría advertido sobre la ausencia de persianas en las aulas. Las familias señalan además que los ventanales son “excesivamente grandes” y que las bisagras han resultado insuficientes para soportar su peso.

Asimismo, alertan de que los perfiles metálicos de algunas ventanas presentan bordes “afilados”, situados además a la altura de la cabeza del alumnado debido a la disposición de las partes móviles de las ventanas. Según afirman, varias personas se habrían visto afectadas por estos elementos cortantes y el centro habría tenido que acometer reparaciones en distintas ocasiones.

Por otra parte, las familias sostienen que la ausencia de sistemas eficaces de protección solar dificulta también la actividad pedagógica, ya que impide oscurecer adecuadamente las aulas para realizar proyecciones. Además, denuncian que las temperaturas han superado en ocasiones los 27 grados centígrados.

El colectivo critica igualmente algunas de las soluciones aplicadas hasta el momento por la Consejería. Entre ellas, mencionan la instalación de estores de grandes dimensiones que, según explican, resultaron difíciles de manejar y presentaron problemas en sus anclajes. Posteriormente, indican, se instalaron lamas exteriores fijas que no evitaron la entrada directa del sol.

Además, las familias afirman que uno de los estores provocó un accidente laboral a una profesora tras su caída. Según explican, la última medida adoptada habría sido la prohibición de abrir las ventanas debido al riesgo asociado a las bisagras.

Las familias sostienen también que el propio equipo directivo habría trasladado a la Consejería distintos presupuestos para instalar persianas u otros sistemas alternativos, sin obtener respuesta desde el pasado mes de enero.

El colectivo ha anunciado que mantendrá las reclamaciones públicas e institucionales hasta que se garantice que el alumnado pueda desarrollar su actividad educativa “en unas instalaciones seguras, dignas y adecuadas”.


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