El general franquista Fidel Dávila Arrondo, cuyo nombre ha permanecido durante décadas en una de las principales avenidas de Santander, fue una de las figuras clave en la organización del golpe militar de 1936 y en la posterior represión franquista en el norte peninsular, que solo en Cantabria dejó al menos 2.529 víctimas mortales.

Así lo recoge una pericial elaborada por integrantes de Desmemoriados, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Colectiva de Cantabria dentro del procedimiento judicial abierto por Vox contra el cambio de nombres con propaganda franquista del callejero santanderino, impulsado finalmente por el Ayuntamiento de Santander, que sólo accedió a acatar la Ley tras los requerimientos de la Fiscalía de Memoria Democrática.

El informe, al que ha tenido acceso EL FARADIO, sostiene que Dávila fue “uno de los principales elementos de la rebelión” contra la Segunda República y que resulta “imposible apartarlo del círculo más íntimo de colaboradores con el dictador”.

Para ello, cita al historiador Gabriel Jackson, que recuerda que “a las dos de la madrugada del domingo 19 de julio, el general Dávila declaró el estado de guerra” en Burgos. Jackson lo sitúa además en la primera Junta provisional de los sublevados, constituida el 24 de julio de 1936, y lo define después como “incondicional” de Franco.

La pericial incorpora también referencias a Manuel Tuñón de Lara, que ubica a Dávila en las reuniones celebradas en Salamanca que desembocaron en la proclamación de Franco como jefe del Estado y generalísimo de los ejércitos franquistas.

Uno de los apartados centrales del documento se refiere a la ofensiva franquista sobre Cantabria y Euskadi. Según la pericial, Dávila tuvo un “papel protagonista” en la ruptura del llamado Pacto de Santoña, el intento de acuerdo entre dirigentes nacionalistas vascos y fuerzas italianas aliadas de Franco (la Italia fascista de Mussolinni) para facilitar una rendición negociada.

El informe vincula directamente a Dávila con la entrada de las tropas franquistas en Santander el 26 de agosto de 1937 y con la represión desatada después. “La entrada de las tropas franquistas en Santander el 26 de agosto y en Gijón el 21 de octubre, desata una represión brutal que alcanza a millares de víctimas”, recoge el texto, que añade la referencia a la “generalización de una ‘limpieza de rojos’”.

También se citan investigaciones recientes sobre la represión franquista en Bizkaia, como las de Erik Zubiaga, donde Dávila aparece como figura relevante desde “las primeras medidas represivas” hasta el intento de manipulación sobre el bombardeo de Gernika.

Además, la pericial recupera los trabajos del historiador Jesús Gutiérrez Flores sobre la represión en Cantabria tras la caída de Santander. En ellos se recoge el testimonio de la corresponsal estadounidense Virginia Cowles, que relató que un oficial del entorno de Dávila afirmó en el Palacio de La Magdalena que “solo hay una forma de tratar a los rojos, matarlos”.

Según ese estudio, la represión iniciada tras la entrada de las tropas franquistas dejó 2.529 víctimas cántabras entre consejos de guerra, ejecuciones irregulares y “paseos”, además de otras 800 personas forasteras fallecidas en Cantabria, la mayoría en la prisión de El Dueso.

El informe recuerda asimismo que Dávila fue uno de los 35 altos cargos del franquismo imputados en la causa abierta en 2008 por el juez Baltasar Garzón para investigar los crímenes del franquismo. Los delitos atribuidos incluían “detención ilegal y crímenes contra la humanidad”, aunque el procedimiento no pudo continuar porque el militar ya había fallecido.

Tras la guerra, Franco le concedió un título nobiliario, fue ministro del Ejército y llegó a ejercer temporalmente como jefe del Estado durante un viaje del dictador a Portugal en 1949.

La pericial rechaza también las reivindicaciones públicas de la figura de Dávila impulsadas por su nieto y sostiene que esas defensas “no tienen ningún interés para contraponer al imperio de la ley”.

El cambio de nombre de General Dávila forma parte de la retirada de varias denominaciones propagandísticas franquistas ejecutada finalmente por el Ayuntamiento de Santander tras años de controversia política, recursos judiciales y requerimientos de la Fiscalía en aplicación de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática.

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