Izquierda Unida-Podemos ha denunciado la “profunda incoherencia” del Partido Popular tras votar junto a Vox en contra del dictamen de la Comisión de Derechos Sociales del Congresosobre la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, una norma que incorpora por primera vez la obligación de que el Estado financie al menos el 50% del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y que amplía derechos como el reconocimiento automático del grado de discapacidad del 33% para las personas que ya tengan reconocida una situación de dependencia.

El coordinador de IU y candidato de la coalición, Israel Ruiz Salmón, ha recordado que la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga y la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña del Río, llevantoda la legislatura reclamando que el Estado asuma la mitad del coste del sistema de dependencia, por lo que considera que la falta de apoyo de los populares en el Congreso supone “decir no a una de sus propias líneas argumentales”.

Ruiz Salmón ha señalado que “durante años hemos escuchado al Partido Popular exigir más financiación estatal para la dependencia, pero, cuando la izquierda parlamentaria impulsaesta reforma legal que supondrá que lleguen más de 100 millones de euros adicionales para la dependencia de Cantabria,el PP vota en contra de la mano de Vox porque su prioridad es el bloqueo y no la solución. “Es una contradicción difícil de explicar a las personas dependientes o con alguna discapacidad y a sus familias”, ha continuado el cabeza de lista de IU-Podemos.

Por su parte, la coordinadora de Podemos, Mercedes González, ha subrayado que el PP no apoya con su voto favorable la mejora de la financiación “ni los importantes avances sociales y administrativos”. En concreto, el texto reconoce la accesibilidad universal como un derecho, permite compatibilizar las prestaciones por dependencia con el empleo, incorpora expresamente el derecho a la autonomía personal y adapta la legislación al nuevo artículo 49 de la Constitución.

“¿Quién puede rechazar que la norma establezca el reconocimiento automático de un grado de discapacidad del 33% para las personas que ya tengan reconocida una situación de dependencia?, inquiere González. “La mayoría del Congreso, aunque le pese a la derecha, ampliaremos las prestaciones y servicios más allá de los cuidados personales tradicionales y extenderemos la figura de las personas cuidadoras reconocidas fuera del ámbito estrictamente familiar”, ha añadido.

Para IU-Podemos, resulta especialmente llamativo que el Partido Popular haya decidido votar en contra de una reforma que “mejora la vida de miles de familias cántabras, amplía derechos, simplifica trámites y garantiza una financiación más justa para las comunidades autónomas”.

Al respecto, han mencionado las quejas del sector para poder hacer frente a los gastos de personal y del propio servicio que se da en las residencias cántabras, especialmente en verano.

IU-Podemos ha lamentado que PP y Vox se hayan situado frente a una reforma respaldada por la mayoría de grupos parlamentarios y ha defendido que la nueva norma supone “un paso adelante para consolidar el cuarto pilar del Estado del bienestar, reforzar la autonomía personal y garantizar una atención más digna y accesible para quienes más la necesitan”.