||Por Oliverio Martínez Cepedal, de STEC||

Hay una vieja historia, un relato tranquilizador y sosegador de los orígenes de la paz social. El final de la Segunda Guerra Mundial supuso un establecimiento gradual y costoso de las diferentes sociedades del bienestar a lo largo de la mayoría de estados europeos. El pacto social consistía a muy grosso modo en una franca mejora en los derechos sociales de las clases populares, a cambio de que estas no vieran con buenos ojos una alternativa transformadora sistémica. En el caso de España tenemos que retrasar todo esto hasta la caída del franquismo, y lo tenemos que contextualizar con el juego de poderes establecido en la Transición y en los años siguientes.

¿Qué son los derechos sociales?, pues básicamente son transmisiones de renta más o menos equitativas a las clases populares mediante las cuales se puedan realizar proyectos de “vida buena” para sus beneficiarios, “vivir dignamente”. En esto de “vivir dignamente” tenemos que aclarar un poco de qué se trata. Lo primero para poder hablar de una vida digna es que necesitamos tener cierta salud y cierta educación, no se trata ahora de ponerse a hablar de la Ilustración pero las instituciones sociales que suponen la sanidad y la educación públicas, resultan fundamentales para la vida y la libertad de los ciudadanos.

El segundo aspecto es, ¿dónde tener esa “vida digna”?, en este sentido tenemos que referirnos al problema de la vivienda y de los servicios públicos en barrios y poblaciones. El derecho a la vivienda y los problemas relacionados con los servicios públicos en las periferias son una realidad cada día más preocupante. Para terminar estaría el aspecto relacionado con la reproducción de la fuerza de trabajo, primeramente cuando esta ya no es interesante para el capital, de ahí las pensiones, o cuando se cae en una situación de paro, para eso está el subsidio por desempleo. Hay más medidas sociales igualitarias de las que podríamos hablar pero las anteriores son las fundamentales.

De este modo las políticas sociales deben de entenderse como un todo, un todo que supone la principal herramienta de lucha de las clases populares contra la desigualdad y en favor de una vida digna de vivirse. Por eso educación, sanidad, pensiones, desempleo y vivienda son los marcos de lucha de “lo común”, por esto cualquier intento de enfrentar dichos sectores entre sí suele obedecer a una estrategia capciosa y reaccionaria de enfrentar el penúltimo, con el último.

Necesitamos perspectiva

Las décadas de los 80 y principios de los 90 sirvieron para consolidar universalmente el sistema educativo y el sistema sanitario, bien sea dicho que esta consolidación no estaba exenta de ciertos elementos desequilibrantes, como la concertada-privada en la educación y las clínicas y centros médicos concertados-privados en el sanitario. El juego de las fuerzas políticas y económicas de la Transición traducido a “lo real” y a “lo común”, así de sencillo.

Un primer ataque contra las políticas sociales de “lo común” tuvo lugar durante la salida de la crisis del 2008, los intereses del capital intentando recuperar sus tasas de ganancia fijaron sus ojos en el Estado de Bienestar. Es decir, el juego de fuerzas pasó a traducirse en enfrentar los intereses comerciales con los derechos sociales de la gente. Esto es, volver a la senda del beneficio a costa de la salud, de la educación, de las pensiones y del desempleo de la gente. Por eso se llevó a cabo una gran política de recortes, donde afortunadamente Cantabria fue una de las CCAA donde estas políticas fueron más “matizadas”, en buena parte, atenuadas por la alta carga de movilización de esos días, y por la presencia no menos importante de las organizaciones sindicales de los diferentes sectores. Las luchas de “lo común” también se hicieron y se harán conjuntamente, siempre unidos, nunca enfrentados.

Hoy como ayer con un PP responsable de la mayoría de los sistemas sanitarios y educativos del Estado, vuelve hacer lo que siempre hizo, expropiar la riqueza social de las clases populares y transmitirlo a sus redes clientelares oligárquicas. De ahí el crecimiento de la financiación a la privada-concertada, de ahí las pretensiones de privatización del bachillerato y de ahí la transferencia de responsabilidades y recursos económicos al Hospital Santa Clotilde, ¡no es tan difícil de entender!

Lo concreto

Para intentar paliar los efectos de la inflación presente, se vienen produciendo luchas en el sector educativo y en el sector sanitario por la actualización salarial. Teniendo en cuenta que la actual situación parlamentaria es un PP en minoría, espoleado por una extrema derecha con un importante crecimiento en su intención de voto. Podemos concluir que la tensión para aprobar los presupuestos autonómicos será más que importante, sobretodo si tenemos en cuenta que en esa aprobación de presupuestos la actualización salarial de los docentes es un aspecto fundamental, y que el propio sector educativo se ha vuelto un campo de batalla donde los intereses hegemónicos ideológicos luchan encarnizadamente.

A todo esto, y fruto de una negociación fracasada por el empecinamiento del consejero en su propia “Clausula Silva”, la Junta de Personal Docente ofrece una solución lógica a la situación, una solución ya conocida por el gobierno cántabro, el acuerdo en Sanidad. Acuerdo donde se mantiene la actualización salarial pase lo pase en la negociación presupuestaria, todo lo contrario que el de educación. La respuesta ha sido el mantenimiento de la clausula con un hiriente añadido…de no poder aprobarse los presupuestos autonómicos las cantidades se abonarían “cuando se pudiera” retroactivamente. De ahí la discriminación y la indignación lógica de los docentes, por eso los representantes sindicales se pusieron las batas de médicos, a modo de protesta contra la expropiación de lo público, no contra el colectivo sanitario.

La defensa de “lo común” volverá a ser una lucha colectiva, donde todos los sectores se verán implicados, los conservadores vienen con las mismas intenciones de siempre, pero en esta ocasión espoleados por una extrema derecha cavernizada y con intereses aún más radicales.

Por eso la lucha de la educación pública es la lucha de todos y todas, del mismo modo en que la lucha de la sanidad pública es de todos y todas. Las dos luchas están conectadas y son imprescindibles, de hecho en ello nos va la defensa de “lo común”, el mantenimiento de la riqueza social popular que todavía tenemos y la que podremos tener en el futuro. ¡Viva la educación pública! y ¡viva la sanidad pública!