El alcalde de Marina de Cudeyo, Pedro Pérez Ferradas, acompañado por otros miembros del equipo de gobierno municipal, se reunió en la tarde de ayer jueves con vecinos y vecinas del municipio afectados por el Estudio Informativo del proyecto de la nueva línea ferroviaria entre Santander y Bilbao, promovido por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

Durante el encuentro, celebrado en dependencias municipales, el regidor trasladó el apoyo institucional del Ayuntamiento a las personas afectadas y expresó de forma explícita la oposición del equipo de gobierno al Estudio, solicitando su retirada inmediata. En este contexto, dio lectura a un comunicado oficial en el que se desgranan los motivos por los que el Consistorio considera inviable esta infraestructura.

Diez razones para rechazar el proyecto

En primer lugar, el Ayuntamiento detalla que el coste total estimado de la infraestructura asciende a 3.985 millones de euros, incluyendo obra civil, señalización, electrificación, comunicaciones y reposición de servicios. Esta cifra sitúa el proyecto entre los más costosos actualmente sobre la mesa en el Estado.

En segundo lugar, el propio Estudio elaborado por Adif reconoce que la infraestructura no resulta rentable desde el punto de vista socioeconómico. Se trataría de una línea de altas prestaciones con velocidad de diseño de 250 kilómetros por hora, pero cuyo retorno de inversión sería, según las cifras disponibles, extremadamente bajo.

En tercer lugar, se alerta del impacto ambiental y paisajístico “extremadamente elevado”, que afectaría de forma directa a la orografía local. El documento técnico reconoce que la complejidad geográfica del territorio, así como el trazado históricamente sinuoso, ha sido una de las razones por las que no se han logrado mejoras sustanciales en la velocidad o capacidad ferroviaria en la zona.

El cuarto argumento alude directamente al estudio de rentabilidad elaborado por Adif, que demuestra que ninguna de las alternativas analizadas alcanza los criterios mínimos de viabilidad económica exigidos por el Ministerio de Transportes y por la Unión Europea. La tasa interna de retorno (TIR) se sitúa entre el 0,40% y el 0,51%, lejos del 3% que marca la normativa como referencia. Además, se reconoce que la previsión de demanda de viajeros no justifica una inversión de estas características.

Como quinto motivo, el Ayuntamiento señala que no existen precedentes de proyectos ferroviarios que hayan prosperado con previsiones de rentabilidad y demanda tan desfavorables como las que recoge este Estudio. La documentación técnica disponible no avala la ejecución futura de la infraestructura, más allá de planteamientos políticos o estratégicos.

En sexto lugar, se menciona que el proceso administrativo en el que entra ahora el proyecto podría prolongarse más allá del año 2040, al encontrarse en fase de información pública y pendiente de tramitación ambiental ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El Ayuntamiento advierte de que no existe un calendario ni financiación asignada, por lo que considera que se trata de un proyecto sin planificación real, impulsado por criterios técnicos o políticos de largo plazo.

Como séptima razón, el equipo de gobierno incide en las consecuencias jurídicas para los vecinos afectados, ya que la suspensión de licencias urbanísticas —por plazos de entre 12 y 18 meses— genera una situación de inseguridad jurídica inaceptable, que limita las decisiones urbanísticas y patrimoniales de las personas implicadas.

El octavo argumento hace referencia a que Cantabria no dispone actualmente de un Plan Regional de Ordenación del Territorio, instrumento imprescindible para encajar este tipo de actuaciones de gran escala. En este contexto, el Ayuntamiento sostiene que cualquier iniciativa de estas características carece de marco legal adecuado, lo que debería ser un condicionante previo para su planteamiento.

El noveno punto pone el foco en el impacto humano. Las viviendas y negocios afectados, subraya el comunicado, pertenecen a personas que viven, trabajan y tienen su arraigo en el municipio. Resulta, en palabras del texto, “descorazonador comprobar cómo la administración actúa bajo una lógica deshumanizadora, ignorando el sufrimiento emocional causado por un acto administrativo ajeno a la realidad del territorio”.

Finalmente, el Ayuntamiento cuestiona la ausencia de justificación de la utilidad pública o el interés social, requisitos legales imprescindibles para que se pueda iniciar cualquier proceso expropiatorio, que afectaría directamente a residentes del municipio.

Medidas municipales: alegaciones técnicas y movilización institucional

Durante el encuentro, el alcalde Pedro Pérez Ferradas detalló los primeros pasos que está dando el Ayuntamiento para lograr la retirada del Estudio. La primera medida será la presentación de alegaciones formales antes del 22 de diciembre, para lo cual se está recopilando toda la información técnica y jurídica necesaria.

Se está trabajando en coordinación con la oficina técnica municipal, y se ha procedido a la contratación de una ingeniería de prestigio para la elaboración de un informe técnico especializado, que sirva como respaldo al documento de alegaciones. Este trabajo será clave tanto para el proceso administrativo como para sustentar la oposición del Consistorio en el ámbito político y mediático.

Además, el Ayuntamiento elaborará un modelo de alegación tipo, que estará a disposición de la ciudadanía que desee presentar alegaciones individuales. Se establecerá un día y hora de atención presencial para asistir a quienes necesiten ayuda en este proceso.

El equipo de gobierno también ha anunciado que mantendrá una información continua y actualizada a los vecinos afectados y está contactando con otros ayuntamientos afectados, especialmente los más cercanos, para conocer sus posturas y coordinar iniciativas conjuntas que refuercen la posición común ante las administraciones.

Por último, se ha remitido este comunicado oficial a los medios de comunicación, con el objetivo de hacer pública y clara la oposición institucional del Ayuntamiento de Marina de Cudeyo a este proyecto ferroviario.

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