El 3 de diciembre se reivindica año tras año la necesidad de promover una sociedad más inclusiva. La inclusión requiere constancia, recursos y coordinación entre administraciones, entidades y ciudadanía para construir entornos igualitarios, donde tener un diagnóstico no sea una barrera para participar en igualdad, por lo que a día de hoy son necesarias las medidas de discriminación positiva ante las barreras existentes: físicas, sociales, sensoriales, culturales….

La discapacidad aparece por enfermedad, accidente, adicción, violencia de género, guerra, edad…nadie está libre de tenerla y todos tenemos seres queridos cercanos que la tienen y sabemos lo que limita y frustra.

Para reconocer la discapacidad son meses e incluso años de interminable espera para que te llamen desde el ICASS, cuesta creer o entender los motivos de tal tardanza cuando el que sufre es uno en carne propia y cuando están en juego derechos económicos y sociales. Juan la necesita para abrirse las puertas a empresas o centros especiales de empleo, Rosa necesita una plaza de aparcamiento reservada porque no puede desplazarse y Abel necesita una prestación económica porque no tiene otros ingresos ni familia que le apoye…

El real decreto que regula el baremo 888/ 2022 señala como funciones de los equipos multiprofesionales: la valoración de las situaciones de discapacidad y su grado, determinar la necesidad de concurso de otra persona para realizar los actos esenciales de la vida diaria, determinar si existen dificultades de movilidad, proponer si el grado de discapacidad es permanente o tiene que ser revisado y el plazo.

El artículo 10 señala la tramitación urgente cuando concurran razones de interés público que así lo aconsejen, entre otras las relacionadas con la salud, la violencia de género, la esperanza de vida u otras de índole humanitaria, documentadas a través de informes sociales y/o médicos.

El plazo legal máximo según la ley son 6 meses y ya es bastante cuando lo que está en juego es un acceso a un empleo protegido, una tarjeta de aparcamiento reservado a quien no puede moverse o una prestación no contributiva.

Una vez cumplido el plazo sin respuesta, se puede interponer queja al ICASS o al Defensor del Pueblo por la demora así como solicitar que incrementen los recursos para resolver en plazo las valoraciones del grado de discapacidad, porque sin grado reconocido no hay derechos.

Para agilizar los plazos es necesario la colaboración entre administraciones, reducir la burocracia y facilitar el procedimiento al ciudadano no exigiendo documentos que ya están en poder de la administración y facilitando la autorización para su consulta. Está pendiente la tramitación de la reforma que homologa la discapacidad y dependencia reconociendo automáticamente un 33% o 65% de discapacidad a las personas con grados I, II o III de dependencia, agilizando así el acceso a prestaciones y servicios.

Tanto el Cermi como Cocemfe Cantabria son dos entidades de peso en el terreno social que reivindican incansablemente una igualdad de oportunidades y una sociedad inclusiva, en el parlamento en un acto institucional este año Representantes de todos los grupos parlamentarios y de la sociedad civil, participaron en dramatizaciones poniendo en evidencia sus dificultades cotidianas, ofreciendo un «rostro humano» a las reivindicaciones, trasladando la dura realidad de más de 64.000 cántabros con discapacidad, algunos en proceso de reconocimiento o revisión, que la burocracia no acabe con la paciencia…y que los derechos sean una realidad.