El pleno del Comité Regional de UGT en Cantabria, máximo órgano entre congresos del sindicato, ha aprobado hoy siete resoluciones, entre ellas, una en la que denuncia «el momento crítico» del sector industrial e insta a una normativa legal «que obligue a toda empresa, que ejecute un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y habiendo recibido subvenciones públicas en los últimos 10 años, a devolver el 100% de lo percibido».

En esta misma resolución, el sindicato rechaza que «los ERE presentados o ejecutados en empresas emblemáticas no responden a causas económicas reales sino a estrategias de deslocalización y maximización de beneficios a costa de las familias cántabras».

La resolución agrega que «para sectores estratégicos en Cantabria, como la siderurgia, la química, el cemento o componentes del automóvil, el mantenimiento del empleo depende del precio de la energía» y por ello exige al Gobierno de Cantabria y al de España «la plena aplicación del Estatuto de Consumidores Electrointensivos, fomentar contratos de energía a largo plazo que den estabilidad a las fábricas cántabras».

Otra de las resoluciones alude al problema de la vivienda, una de las cuestiones principales analizadas en el primer Comité Regional de UGT tras la reelección de Mariano Carmona como secretario general del sindicato en Cantabria en febrero del año pasado.

En esta resolución, el máximo órgano entre congresos de UGT reclama al Gobierno de Cantabria que «con carácter de urgencia adopte medidas para frenar la especulación, movilizar viviendas vacías, ampliar el parque público de vivienda social, regular precios del alquiler allí donde el mercado esté tensionado, regular los pisos turísticos e instar a políticas públicas para garantizar de forma efectiva el derecho a la vivienda para todas las personas, especialmente las que menos recursos disponen».

La resolución defiende que «la vivienda sea un derecho, no un negocio» y aclara que el Gobierno de Cantabria «tiene herramientas a través de la Ley Estatal de Vivienda» para poner en práctica las medidas propuestas mencionadas.

El Comité Regional de UGT en Cantabria también aprobó una resolución sobre «la situación internacional, la amenaza de la democracia, la disputa por los recursos naturales y sus repercusiones en la clase trabajadora», tras condenar «todas las guerras y violaciones del derecho internacional que afecten a la población civil».

Además, el pleno del máximo órgano entre congresos de UGT rechazó que «se pierda uno de cada dos euros destinados a la formación profesional y aportados a través de las cotizaciones de trabajadores y empresas porque no se recuperan mediante bonificaciones en sus seguros sociales con la condición de que las acciones formativas estén vinculadas al desarrollo profesional de sus empleados».

Según aclara la resolución, las 4.493 empresas que realizaron formación bonificada representan un 23,8% de las beneficiarias potenciales durante el año 2024, por lo que, se insta a «fomentar la utilización de estos fondos para la formación de la plantilla».

El Comité Regional de UGT también denuncia en otra de las resoluciones aprobadas que «una mayoría de los municipios de Cantabria no cumplen la ley de retirada del amianto», pese a que «desde UGT se instó a los ayuntamientos a elaborar el censo de instalaciones y emplazamientos públicos con amianto con el subsiguiente calendario para su retirada».

El máximo órgano entre congresos de UGT en Cantabria también aprobó otra resolución que en la que reafirma que «ningún avance social está garantizado sin la movilización organizada y que la defensa de las pensiones, los servicios públicos y los derechos de las personas es una tarea central del sindicalismo y de toda la ciudadanía».