En iniciativa coordinada por la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública en Cantabria, la Asociación del mismo nombre, junto con Ecologistas en Acción, la Asamblea de Mujeres de Cantabria y el Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca, acaban de interponer un recurso contencioso administrativo para demandar la nulidad del «irregular y oscuro convenio singular» por el que el Servicio Cántabro de Salud (SCS), bajo las órdenes del consejero César Pascual, ha puesto en manos del hospital privado Santa Clotilde (HSC) una porción importante de determinadas áreas asistenciales que «de esta forma se sustraen del servicio público».

En concreto, han detallado en rueda de prensa, el Gobierno regional entregará a dicho hospital un total de 256 millones de euros, a lo largo de 16 años ampliables a 20, no sólo por la prestación de servicios ese centro ya venía prestando en menor (hospitalización de pacientes crónicos, geriátricos y dependientes, fracturas de caderas y rehabilitación), sino también por derivarle unas nuevas e importantes prestaciones que, como los cribados de cáncer de mama y de colon, la sanidad pública venía realizando hasta ahora de manera exclusiva e integrada, «con fiabilidad y eficacia».

«Al hurtarse al control de la Sanidad Pública, la generosa dotación presupuestaria a una empresa privada obviamente impide la mejora de los servicios correspondientes en los hospitales que a todos pertenecen y que con nuestros impuestos se pagan. ¿Cómo vamos a paliar los acuciantes problemas de dotación material y de personal que nuestro sistema público padece si el dinero destinado a tales mejoras se destina a un hospital privado y a un negocio particular?», señalan los denunciantes.

Tal desvío de dinero público se efectúa, además, sin que la entidad concesionaria disponga de los recursos necesarios para suplantar a la Sanidad pública en las prestaciones correspondientes. Lejos de ello, han recordado que, según confesión del propio consejero Pascual, la dotación se efectúa para «dar estabilidad» a la orden religiosa que lo gestiona, San Juan de Dios, porque «quiere hacer una inversión muy importante de casi 60 millones» y «pronto empezará a construir un bloque con nuevos quirófanos» y a dotarse «de tecnología que hasta ahora no tenía».

Además, y pese a estar reservado este tipo de convenios a las entidades sin ánimo de lucro, Santa Clotilde no sólo funciona como un hospital privado a todos los efectos sino que subcontrata servicios clave que no puede realizar por sí sola. Es el caso de las mamografías, resonancias, TAC y ecografías que realiza para el centro la empresa HT Médica, controlada a su vez por un fondo internacional de capital riesgo, Fremman Capital, con oficinas en Londres, Luxemburgo, Madrid, Múnich y París. «Más multinacional y más privado, imposible», sentencian.

Un fondo internacional de capital riesgo controlado desde Luxemburgo gestiona mamografías en Santa Clotilde

Recalcan que el convenio del SCS con Santa Clotilde se firmó «en la oscuridad, sin anunciarse debidamente ni incluirse en el muy publicitado pero nada justificado ni argumentado económicamente Plan de Salud 2025-2029». La adjudicación se firmó inicialmente por 216 millones y enseguida se incrementó en 40 millones más.

Además, el acuerdo se pactó rehuyendo el concurso con otros posibles prestadores, es decir, sin competencia, y recurriendo a una disposición extraordinaria para la contratación directa introducida en la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria para situaciones urgentes o excepcionales. Esto se hizo, apuntan, «sin cumplir las exigentes condiciones y justificaciones legales requeridas para tal excepcionalidad».

«Resulta especialmente preocupante para los usuarios que el convenio con el HSC extraiga de la sanidad pública servicios clave,incluidas cirugías de diverso rango, y partes fundamentales de tratamientos y programas de prevención de dolencias que, como el cáncer de mama y de colon, precisan de un seguimiento unitario y coordinado, no fragmentario», señalan.

Es decir, mientras los pacientes atendidos en los centros públicos seguirán contando con la necesaria garantía de una alta calidad asistencial, con plena coordinación en las distintas etapas de los tratamientos, «los destinados al centro privado llegarán a él sin saber dónde, cuándo y en qué empresa se analizarán las pruebas que el HSC les tenga que hacer». «Asistimos, de este modo, a la partición de la asistencia en dos modelos:uno conocido y probado, el de la Sanidad Pública, y otro que desconocemos», denuncian.

La adjudicación puede considerarse además «un auténtico regalo o un chollo» en cuanto a las exigencias de calidad, pues una reciente adenda al contrato publicada en el BOC establece que la máxima penalización económica al HSC por posibles incumplimientos será del 1%, si no se alcanza el 80% de los objetivos pactados, y del 0% si se supera ese umbral.

Para mayor preocupación de los ciudadanos y usuarios de la comunidad autónoma, detallan, la denunciable actuación privatizadora del Gobierno regional se beneficia de una posición de «debilidad» del primer partido de la oposición en este asunto, el PSOE, incidiendo en que una de sus diputadas en el Parlamento cántabro, Eva Salmón, es al mismo tiempo la directora de Recursos Humanos del Hospital Santa Clotilde. «Un conflicto de intereses que explicaría su ausencia en la votación de los presupuestos de Cantabria el pasado 24 de noviembre, donde evitó pronunciarse, junto el resto de su grupo político, en contra del documento económico que consagra la dotación económica al centro médico en cuya gestión participa», remachan.