Izquierda Unida detecta “deficiencias estructurales” en el mapa concesional de transporte de Cantabria

En sus alegaciones, IU observa un “preocupante diagnóstico con impacto económico, ambiental y territorial negativo”
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Izquierda Unida Cantabria ha analizado el nuevo mapa concesional de transporte de Cantabria y advierte de que el documento parte de un trabajo previo “con “deficiencias estructurales”.

En sus alegaciones, IU señala que las principales carencias se encuentran en la ausencia de un diagnóstico realista de la situación actual y futura de la movilidad en la comunidad autónoma.

IU destaca que el plan no analiza la estructura del transporte ni la disponibilidad de aparcamiento en polígonos industriales, ni considera el impacto que tendrá el nuevo modelo de elección de hospitales -que entra en vigor en 2026-, que alterará los flujos de movilidad sanitaria.

El coordinador autonómico de IU, Israel Ruiz Salmón, subraya que no se examinan los solapamientos entre líneas ni las diferencias de uso del transporte vinculadas a factores de género —especialmente relevantes por la mayor dedicación de las mujeres a los cuidados—, clase socialo discapacidad.
Igualmente, el documento omite la situación del taxi, un sector que en Cantabria presta servicios impropios que requieren compensación y que deberían formar parte del análisis estructural.

“Es significativo que este desconocimiento del terreno proceda de la administración competente en transporte”, apunta Ruiz Salmón, quien atribuye esta falta de contacto con la realidad a una visión del territorio “muy centrada en el uso del coche y en modelos de movilidad que priorizan la relación directa entre grandes empresas del transporte y las instituciones públicas, describiendo un enfoque que entiende Cantabria como una sucesión de lugares a los que llegar en coche”.

Ausencia de medidas comunes en otros territorios

El análisis de IU también señala la “falta de instrumentos habituales en sistemas de transporte consolidados”.

Entre las ausencias más destacadas se encuentran la inexistencia de un consorcio de transportes, figura presente en numerosas comunidades, como Asturias o Euskadi, y que permite coordinar servicios, tarifas y planificación o la falta de una tarjeta única real, “ya que la propuesta anunciada no alcanza los estándares de integración tarifaria que existen en otros territorios y ha generado quejas por su implantación”.

“Tampoco hay una estrategia de intermodalidad, elemento fundamental para conectar diferentes medios de transporte”, insisten, destacando la falta de mención al Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria o la Ley 9/2015, de Movilidad Sostenible y los mandatos de planificación dirigidos a Comunidades Autónomas, Entidades Locales y sus respectivos Sectores públicos, así como empresas privadas de cierta dimensión.

Además, indican que “no hay una visión comarcal o metropolitana”, considerada clave en la movilidad contemporánea. Tampoco hay previsión de dar respuesta mediante transporte público a la creciente demanda turística “para evitar que cada particular quiera llegar con su coche a la puerta del lugar”, ni servicios de transporte nocturno o especiales, como los vinculados a espectáculos o eventos con gran afluencia de público.

Impacto económico, ambiental y territorial

El estudio de IU advierte de consecuencias directas para las familias y el territorio.“La falta de servicios mínimos, la escasa atención a las necesidades de las zonas despobladas y la ausencia de líneas adaptadas a polígonos, centros educativos y centros de salud obliga a recurrir al vehículo privado, incrementando el gasto de los hogares”, sentencia Ruiz Salmón.

Al mismo tiempo, el aumento del uso del coche eleva el consumo de combustibles y las emisiones, con efectos negativos para el medio ambiente.

Un modelo que se limita a la concesión privada

Otro punto señalado es que el mapa concesional solo contempla la gestión a través de empresas privadas, sin calcular previamente el coste real de los servicios ni evaluar alternativas como la gestión directa.

“La lógica económica de las concesiones dificulta la prestación de servicios en municipios con poca población, lo que puede contribuir a disuadir a parte de la ciudadanía de residir en zonas rurales; es decir, este modelo del PP es una política activa que favorece la despoblación”, opina el líder de IU.

También se destaca la “escasa” atención a los servicios públicos esenciales, como los desplazamientos hacia hospitales o centros educativos. “Esta falta de prioridad en conexiones sanitarias y educativas resulta coherente con un modelo, el del PP, que tiende a reforzar servicios ofrecidos por grandes operadores del transporte, quienes abandonan las rutas menos rentables en cuanto tienen ocasión’, ha lamentado.

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