El Tribunal, mediante resolución comunicada el 22 de enero de 2026, estima íntegramente la solicitud de medidas cautelares presentada por Podemos y ordena paralizar el procedimiento de contratación, al considerar que su continuidad podría ocasionar «perjuicios de difícil o imposible reparación». Este paso judicial se produce gracias a la iniciativa de Podemos Cantabria, que denunció que el Gobierno autonómico había recurrido a un encargo directo a TRAGSA para eludir la participación pública, la transparencia y el debate social necesarios para un plan de gestión de una especie protegida como el lobo ibérico.

Pablo Gómez, responsable de Medio Ambiente de Podemos Cantabria, recuerda que «esta victoria demuestra que cuando se actúa con rigor jurídico y en defensa del interés público, se pueden frenar los atajos administrativos que perjudican a la transparencia y al medio ambiente». Según Gómez, «el Gobierno, por un lado, nos cuenta que está elaborando un plan participativo y, por otro, subcontrata la elaboración del plan para poder hacerlo de espaldas a la ciudadanía».

El Gobierno de Cantabria ha difundido diversos comunicados presentando el proyecto de nuevo Plan de Gestión del Lobo como un documento que se estaba tramitando con participación pública, señalando la culminación del proceso de alegaciones y su intención de aprobarlo en el primer trimestre de 2026 tras supuestamente incorporar algunas propuestas recibidas durante la fase de exposición pública.

Desde Podemos Cantabria se rechaza esa narrativa: la denuncia interpuesta ante el Tribunal pone precisamente en cuestión que ese procedimiento —o una parte del mismo— se estuviera llevando a cabo mediante un encargo directo y opaco a una empresa pública (TRAGSA), lo cual, en la práctica, pone en riesgo la genuina participación ciudadana y el escrutinio público que debe acompañar a un plan con impacto ambiental y social como este.

Podemos Cantabria insiste en que un nuevo Plan del Lobo debe elaborarse con criterios científicos, participación de entidades sociales y ecologistas, transparencia y control democrático, y no mediante un procedimiento que excluya a la ciudadanía y a los expertos.

Según Podemos, «la mayor prueba de opacidad es que la Consejería vende que está trabajando en un plan cuando, en realidad, en mitad del proceso han decidido subcontratar su elaboración. Ahora tendrán que explicar por qué lo han hecho».

La suspensión cautelar obliga al Gobierno de Cantabria a frenar su intento de aprobar el plan por la vía rápida y constituye un primer paso para garantizar un proceso abierto, garantista y acorde con la legislación vigente.