Izquierda Unida de Cantabria ha anunciado que promoverá un recurso contencioso-administrativo y registrará mociones en distintos ayuntamientos con el objetivo de frenar la aplicación del Convenio Singular entre el Servicio Cántabro de Salud (SCS) y el Hospital Santa Clotilde, al considerar que supone un avance en la privatización del sistema sanitario público.

La formación se alinea así con las críticas de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Cantabria, que advierte de que el citado acuerdo, con una vigencia máxima de 20 años, se ha tramitado por procedimiento de urgencia sin justificación suficiente y sin aportar los informes técnicos, jurídicos y económicos requeridos por la normativa autonómica. Según señalan, el convenio no ha sido sometido a debate parlamentario ni a un proceso de transparencia adecuado.

«No se puede comprometer el futuro de la sanidad pública durante dos décadas mediante resoluciones opacas y sin control democrático», señalan desde la formación.

IU sostiene que el documento compromete recursos públicos en favor de un operador privado sin las debidas garantías. En este sentido, el coordinador de la organización en Cantabria, Israel Ruiz Salmón, afirma que el convenio «se firma sin presupuestos autonómicos aprobados» y se apoya en «infraestructuras y personal que el propio hospital reconoce no tener disponibles en la actualidad». A su juicio, esto convierte el acuerdo en un compromiso «en diferido».

La formación también recuerda que recientemente se ha incorporado una adenda en la que se establece que «el 1% de la financiación anual del contrato queda vinculada a la consecución de un mínimo de 80 puntos en los indicadores contemplados», lo que, según IU, reduce la penalización por incumplimiento a un porcentaje que considera insuficiente.

Izquierda Unida subraya que la gestión pública directa es más eficaz y eficiente que la externalización y alerta del incremento del gasto destinado a la atención sanitaria mediante entidades externas, que —según la organización— ha aumentado más de un 20% anual en los últimos ejercicios. También advierte de posibles riesgos en materia de protección de datos sanitarios, de fragmentación asistencial y de precarización laboral.

«La sanidad pública no es un gasto, es una inversión social y una herramienta fundamental de redistribución de la riqueza y atención universal», defienden desde IU.

Por todo ello, IU solicita la paralización del Convenio Singular y reclama la publicación íntegra del expediente administrativo, así como la apertura de un debate público y parlamentario sobre el modelo sanitario en Cantabria. La formación anima además a la ciudadanía a movilizarse para «defender la sanidad pública como garantía de igualdad y transparencia en el sistema sanitario cántabro».