La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Santander exige la prórroga del escudo social. Según comunican a El Faradio, consideran inhumano que el frente PP-VOX-JUNTS tumbe la subida de las pensiones y el IMV usando como excusa la ocupación.

«800 familias en Cantabria quedan ahora expuestas a perder su casa, la luz, el agua o el gas en pleno invierno. Es vergonzoso que partidos que piden el voto a los ciudadanos quiten hasta los derechos más básicos, y de paso acaben con el poder adquisitivo de pensionistas y personas vulnerables», declaran.

La PAH reclama la prohibición de todos los desahucios sin alternativa habitacional y la creación de un verdadero parque de vivienda público, y llama a la población a manifestarse para señalar a los partidos responsables de la ola de desahucios que van a producirse en Cantabria.

PP, Vox, UPN y Junts  tumbaron con sus 178 votos uno de los dos decretos enviados por el Gobierno para ser convalidados en el Congreso y en el que se incluían la subida anual de las pensiones, que suponen un incremento del 2,7% para la mayoría y entre un 7% y un 11% para las no contributivas, y para el Ingreso Mínimo Vital, pero también la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables, la limitación de cortes de suministros básicos (luz, agua y gas), la prórroga del bono social eléctrico o la extensión de las ayudas para los afectados por la dana, entre otras políticas.

Dichos partidos entienden que con las prohibiciones planteadas a los desahucios para los que no tienen ninguna alternativa habitacional lo que el Gobierno busca y pretende es favorecer las ocupaciones y atacar a los pequeños propietarios, algo que el Ejecutivo niega con las exenciones y protecciones que se introducen para ese sector –de hecho la medida es a partir de 10 viviendas, por ejemplo–.

Tanto el ministro Bolaños como los portavoces de Compromís, Águeda Micó; del BNG, Néstor Rego; de Podemos, Ione Belarra; de EH Bildu, Óskar Matute; de ERC, Jordi Salvador, y de Sumar, Aina Vidal, enumeraron las decenas de ayudas, exenciones fiscales, rebajas energéticas y subvenciones de todo tipo previstas en las 60 páginas de los decretos en favor de las personas más desfavorecidas y de los 13,5 millones de pensionistas y acusaron a los que anunciaron su voto en contra de “dañarles” sin más interés que el partidista.

El decreto que contenía subvenciones al transporte público fue revalidado con 179 votos a favor, 32 en contra de Vox y la abstención muy crítica del PP por la gestión de los recientes accidentes ferroviarios. Los partidos de la derecha en el Congreso exigieron al Gobierno que separara esas actuaciones para aceptar la subida de las pensiones, pero están en contra de las medidas antidesahucios, que creen que favorecen la ocupación.

Desde la coalición #NiUnDesahucioMás informan de que, a nivel estatal, se calcula que se podrían reactivar hasta 70.000 desahucios que se habrían beneficiado de la moratoria entre abril de 2020 y diciembre de 2025. A ello habría que sumar, los 27.564 desalojos que se producen al año y sobre los que las administraciones públicas apenas pueden garantizar alternativas residenciales.