Han pasado tres semanas después de que el Ayuntamiento de Cartes encendiera a mecha vinculando la llegada de un centro de menores extranjeros no acompañados a todo tipo de problemas (falta de servicios en el pueblo para atenderles –desconociendo que muuchos los prestan otras administraciones y la propia fundación responsable del espacio– y poniendo especial énfasis en la falta de Policía local por las tardes, vinculando directamente así, al igual que la extrema derecha y la campaña de desinformación, migración y delincuencia). A las palabras les acompañaron los actos: esa sanción urbanística que la todavía alcaldesa, que gobierna bajo las siglas del PSOE, achacó a una actuación ante denuncias vecinales, pero que ella misma avanzó como decisión propia en cuanto ella misma generó la polémica.

Durante estas semanas en la que los jóvenes procedentes de países con contextos muy difíciles se convirtieron en mercancía de polémica política entre un Gobierno del PP que recurre judicialmente sus llegadas, un PSOE expuesto a una durísima contradicción y un Vox que ha visto legitimado su discurso, ninguna institución cántabra ha hecho todavía un ejercicio de rechazo a los mensajes racistas y las campañas de desinformación de la que son objeto estos jóvenes y adolescentes, mientras parecen estar fiándolo todo a que el tiempo haga que la historia y, sobre todo, las formas de reaccionar ante ella, se olviden.

La sección cántabra de Amnistía Internacional ha instado al Gobierno de Cantabria y al Ayuntamiento de Cartes a adoptar “todas las medidas necesarias” para combatir el racismo y la discriminación tras los hechos registrados en el municipio y que, según denuncia la organización, están afectando a los derechos humanos de menores migrantes no acompañados trasladados a esta localidad.

En un comunicado remitido a los medios, la entidad solicita a las autoridades autonómicas y locales que eviten mensajes que puedan “criminalizar o deshumanizar” a la infancia migrante. En este sentido, advierte de que este tipo de discursos incrementan la vulnerabilidad de los menores ante posibles violaciones y abusos de derechos humanos, y reclama que sean censurados cuando se produzcan.

Además, Amnistía Internacional pide que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar una acogida “digna” de los menores migrantes no acompañados trasladados a distintos municipios de Cantabria, entre ellos Cartes. La organización subraya que esta acogida debe ajustarse a los estándares internacionales de derechos humanos.

Por otra parte, reclama que los centros residenciales cuenten con todos los recursos materiales y humanos necesarios para poder asegurar esa atención adecuada. En este sentido, la organización insiste en que la dotación de medios resulta “imprescindible” para garantizar el acceso efectivo a derechos básicos.

Entre las demandas trasladadas, figura también la necesidad de que tanto el Ayuntamiento como el Ejecutivo autonómico informen de manera detallada sobre las medidas que se están adoptando para acoger a estos menores y asegurar su acceso a derechos fundamentales como la educación. Para Amnistía Internacional, la transparencia institucional es un elemento clave para reforzar la confianza social y evitar tensiones.

Asimismo, la organización pone el foco en la proliferación de “desinformación y bulos” en torno a la presencia de menores migrantes en el municipio. En este sentido, solicita a las autoridades que adopten medidas activas para combatir la difusión de informaciones falsas que puedan alimentar el rechazo o la estigmatización.

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