Este 15 de febrero se cumplen once años de la muerte de Amparo Pérez, la vecina de Santander cuya vivienda fue expropiada y demolida para abrir paso a un vial en la S-20 junto a Las Llamas (a escasos minutos de otro vial que hacía el mismo recorrido, y levantado por un constructor del mismo partido que el del alcalde de entonces), mientras ella permanecía ingresada en la UCI. Su lucha inspiró a ciudadanos a título particular y a muchos movimientos y asociaciones vecinales, a los que el regidor tachó despectivamente de ‘plataformitis’ dos años antes de conseguir el hito de perder una mayoría absoluta que el PP siempre consideraba eterna en la ciudad, y que le llevó a tener que pactar con Ciudadanos.

Once años después, toda una década, han cambiado muchas cosas: entonces todavía estaba reciente el impacto tectónico del 15M, cuando la juventud tomó las plazas y se activaron muchos procesos, o el movimiento antidesahucios frenaba desalojos y ocupaba oficinas bancarias con cientos de asistentes y un amplio eco mediático.

De algún modo, cuando Amparo se puso en pie, y pese a que no consiguiera el impacto de salvar su casa, puso fin a décadas de silencio vecinal frente a los abusos del poder político y empresarial en Santander: el más traumático fue el del incendio del 41, cuando los gobernantes de entonces, es decir, una dictadura apoyada en las armas, la censura de los medios y la imposición moral de la Iglesia, lograron expoliar sus viviendas, en el solar del centro presa de las llamas, a unas familias indefensas frente al poder y agotadas tras las guerra.  Fue, por cierto, otro 15 de Febrero.  Y si bien hubo momentos de lucha social, sindical o de otro tipo durante todo el tiempo que vino después, en el plano más estrictamente vecinal muchos vecinos se sintieron solos frente a los abusos, como pudimos ver con el mortal derrumbe en el Cabildo de Arriba, hace 18 años.

Amparo, en un momento bien distinto, con el poso de luchas previas, abrió una vía de agua que se extendió a más partes del bote que navegaba por la entonces plácida Bahía.

Los vecinos del Pilón ante las viviendas afectadas por el plan urbanístico.

La Plataforma de El Pilón, en El Alta –(hoy Paseo de Altamira, tras dejar de honrar esa calle a un militar franquista) denunció planes urbanísticos que implican su desalojo, pero pudieron pararlos e incluso consagrar sus derechos en una Ley; en Cueto, vecinos y vecinas se movilizaron contra la Senda Costera por su impacto ambiental y paisajístico en una zona sensible –hoy nuevamente amenazada–, con vecinas plantándose ante las máquinas; en Castilla-Hermida, la remodelación del Parque de La Marga conllevó  defensa vecinal ante el temor a la tala de árboles, parando también las obras…

La cosa llegó a mayores, con cotas altas de asistencia, en la lucha contra las escolleras de La Magdalena (que revelaron la inconsistencia del PP: en los primeros momentos las rechazó por el impacto visual, luego las defendió, luego las volvió a rechazar porque se lo pidió Ciudadanos y los necesitaba para mantener la Alcaldía y ahora vuelve a apoyarlas), o el icónico Metrotus, la feliz idea de transporte del régimen de Caminos que se creía intocable y que se tradujo en transbordos y retrasos, además en las zonas más aisladas de la ciudad, bajo un paraguas de propaganda que ni tenía, obvio, un Metro, ni implicaba nada de intermodalidad.

El PP se asustó y acabó desistiendo, en una de sus derrotas más sonoras, junto a la anulación judicial al más alto nivel del Plan General de Ordenación Urbana, la norma urbanística que daba amparo a su modelo de ciudad basado en la construcción como motor de desarrollo en el suelo que fuera.

Mataleñas, Puerto Chico y El Sardinero: los nuevos frentes

Una década más tarde, los motivos del conflicto han cambiado, pero las formas de organización y las preguntas de fondo se mantienen. En lugar de grandes obras o expropiaciones, el nuevo ciclo de protestas se articula en torno a la turistificación: un modelo que convierte el espacio urbano en producto de consumo y prioriza la rentabilidad sobre el bienestar de la población residente. No es nuevo que en Santander haya turismo, pero sí que, tras la pandemia, se ha intensificado el proceso, con pisos turísticos, más visitas, el descubrimiento por parte del PP (un cuarto de siglo después de la apertura del Gugenheim) de que los proyectos culturales atraen visitantes y en general el entusiasmo por estar «maravillosamente desbordados».

En Mataleñas, ha surgido una plataforma contra el proyecto de aparcamiento para autocaravanas que afectaría a uno de los últimos grandes espacios naturales del municipio. Se denuncia su impacto ambiental, paisajístico y social, así como la falta de transparencia en el desarrollo del proyecto. La plataforma vecinal, señalada públicamente este misma semana por la alcaldesa en un acto público a su mayor gloria, logró que se renunciara a las caravanas, aunque persiste la idea de llevar allí, a un paseo natural, coches, y todo dentro de un proyecto que lleva la palabra renaturalizar en su nombre (¿estaba desnaturalizada Mataleñas, más allá del hormigonazo del Parque 2020?).

En Puerto Chico, un grupo vecinal defiende el mercado municipal frente a su transformación en un espacio hostelero que, en contra de lo que sucede en el resto de las ciudades en las que sí, los mercados incluyen hostelería, pero de calidad y productos gourmet, un McDonalds, pura fast food como receta de la empresa a la que se ha entregado el contrato, Baika, para conseguir ingresos rápidos.

En El Sardinero, una nueva asociación vecinal ha comenzado a denunciar el desequilibrio en inversiones y el abandono de necesidades básicas en lo que venía siendo el escaparate playero de la ciudad y que tampoco se libra del abandono a sus propios habitantes –el Consistorio ha tenido que reactivar otra asociación en la zona para intentar un equilibrio–

A su vez, la Asamblea Ciudadana Santander Saludable ha llevado a los tribunales o el Defensor del Pueblo la ordenanza sobre zonas de bajas emisiones, reclamando políticas más transparentes y centradas en la salud pública: uno más de los tropiezos del PP con las políticas de movilidad (el mismo partido del metroTus se emperró hace meses en un aparcamiento disuasorio en El Sardinero que gastaba millones de fondos europeos en conservar prácticamente las mismas plazas que ya había, y dilató durante meses el cumplimiento de una obligación legal en materia de salud, llegando a debatir públicamente sobre cosas que nunca dijo la citada Ley), y todo mientras en redes se hacen virales intervenciones críticas con la gestión municipal de perfiles antaño más calmados como El Tomavistas o incluso alguien tan alejado de la imagen reivindicativa como el portavoz regionalista, Felipe Piña.

Están quienes han mantenido la lucha activa todos estos años, entre los que hay que citar a la asociación Pombo-Cañadío, cuya lucha frente al ruido se ha convertido en una defensa frente a la sobreocupación hostelera aparejada al turismo y lo que es la única aportación del PP a la ciudad, el tono festivo,  y ha colectivos preocupados por el patrimonio que trascienden lo estrictamente barrial o vecinal, como el Grupo Alceda, Arca o Ecologistas en Acción.

Lo que ha sucedido en esta década es una mayor pérdida de miedo al en el pasado omnipotente poder local, que ha llevado a esconder a los concejales más polémicos –a raíz, por ejemplo, de la crisis por el asesor de Barrios condenado por violencia de género–, una coordinación más rápida e inmediata entre los colectivos, con más medios dispuestos a replicar sus voces, un mayor conocimiento de los resortes para hacer frente al poder y conseguir avances (de las alegaciones a las manifestaciones) y una toma cada vez mayor de conciencia del poder vecinal que se tuvo en grandes hitos como, por ejemplo, la lucha en el Barrio San Francisco.

La historia colectiva común, de la que ya forma parte para siempre Amparo, es la mejor forma de abrir camino y responder a la pregunta que no hay que olvidar nunca, la que se hizo Amparo, la que se hicieron los vecinos del Cabildo, la que se hicieron en El Pilón y la que no pudieron decir en voz alta los expulsados del incendio: ¿Para quién se construye Santander?

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