El Partido Popular de Santander ha propuesta ligar el acceso a los servicios públicos que puedan recibir las personas migrantes con una situación administrativa ya regularizada a los años de cotización que tengan.

La propuesta se ha trasladado en el debate del Pleno de Santander y era una transaccional –unas medidas con las que sustituir la presentada por otro grupo como condición para apoyarla– a una moción de Vox sobre el proceso de regularización extraordinaria de migrantes, que la formación de extrema derecha no ha aceptado pese a asumir la mayoría de sus planteamientos. De modo que no ha salido adelante al no votar la de Vox el PP, con mayoría absoluta, pero que sí ha dejado por escrito cuál es su postura en  materia de migración y servicios públicos.

Literalmente, el punto 2 de su transaccional dice: «El acceso a los servicios públicos por parte de los inmigrantes legales estará condicionado a sus años de cotización». Es decir, que el acceso a sanidad o educación, o, si citáramos competencias municipales, cursos de empleo o medidas de conciliación y cuidado de mayores, dependiera de los años de cotización en el caso de que se fuera de otros países. Que haya años de cotización implica situación regularizada y vida laboral, pero aún así se ha querido establecer una barrera en el acceso a los servicios públicos que no afectaría, por ejemplo, a una mujer española sin vida laboral por haber sido ama de casa o a un joven español que aún no tenga vida laboral por haber estado estudiando una carrera universitaria, por citar dos ejemplos. La medida establece limitaciones en el acceso a servicios públicos, universales por definición, en función de la nacionalidad, incluso aunque se tenga una situación regularizada.

La transaccional  comenzaba proponiendo “rechazar la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes ilegales en España impulsada por el Consejo de Ministros”

En el tercer apartado, la enmienda plantea “implementar medidas para lograr una política migratoria firme, ordenada y acorde a las necesidades de nuestro mercado laboral”, precisando que debe asegurarse “en todo momento la prioridad nacional y sosteniendo el estado de bienestar de los españoles”, además de exigir “la capacidad y voluntad de adaptación a nuestra cultura y costumbres”.

El texto en este punto emplea el concepto «prioridad nacional», un lema que han usado en las calles organizaciones de extrema derecha que buscan excluir a las personas de otros países y razas de los servicios públicos

En materia de prestaciones y ayudas sociales, el cuarto punto propone “suprimir toda ayuda y beneficio social a los inmigrantes ilegales que han entrado a nuestra nación vulnerando las leyes españolas y comunitarias”, estableciendo como única excepción “las ayudas humanitarias que precisen” y añadiendo la expresión “hasta la devolución de las ayudas”, que figura literalmente en el documento. No se especifica, por ejemplo, si esto afectaría a menores de edad,.

Y nuevamente usa un término más propio de la extrema derecha, el inmigrantes «ilegales» (sic): en derecho, lo que es ilegal es un comportamiento y no directamente a la persona. El no tener regularizada la situación administrativa (los papeles, que se suele decir) es eso, una situación administrativa, equivalente a no estar al día del pago de impuestos, o a tener el carné de identidad, conducir o pasaporte caducado, y no nos imaginamos al PP diciendo «un empresario ilegal» o un «conductor ilegal».

El quinto apartado se refiere a la financiación pública de entidades sociales, al plantear “eliminar las subvenciones a asociaciones, organizaciones y fundaciones que promuevan o faciliten de alguna forma la inmigración ilegal y el tráfico de personas”, así como “informar de ello a la administración central con el objetivo de endurecer las penas contra las mafias de la inmigración ilegal y a todos sus colaboradores”. La propuesta no concreta si esto afectaría a asociaciones y ONGs que asesoran en procesos de regularización, y con las que luego el PP se reúne con frecuencia para difundir mensajes de solidaridad y cooperación.

En el sexto punto, la enmienda apuesta por “acabar con las políticas de efecto llamada que han llevado a miles de personas a jugarse la vida, y perderla trágicamente en demasiados casos, como consecuencia de las falsas promesas de un futuro mejor en Europa”.  El efecto llamada más general es la situación de prosperidad de los países de llegadaa, y el «futuro mejor en Europa» es eso, un futuro mejor que el de los países de los que proceden.

Finalmente, el séptimo y último apartado plantea “realizar las modificaciones oportunas a la figura excepcional del Arraigo, para que no se convierta en la vía ordinaria de regularización”, dando a entender la existencia de prácticas fraudulentas por siste,a.

El texto de la enmienda asume, en buena medida, los ejes centrales de la iniciativa presentada por VOX. En concreto, incorpora de forma expresa el “rechazar la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes ilegales en España impulsada por el Consejo de Ministros”; mantiene que “el acceso a los servicios públicos por parte de los inmigrantes legales estará condicionado a sus años de cotización”; recoge el principio de “asegurando en todo momento la prioridad nacional”; plantea “suprimir toda ayuda y beneficio social a los inmigrantes ilegales (…) a excepción de las ayudas humanitarias que precisen”; propone “eliminar las subvenciones a asociaciones (…) que promuevan o faciliten de alguna forma la inmigración ilegal y el tráfico de personas”; apuesta por “acabar con las políticas de efecto llamada”; y defiende “realizar las modificaciones oportunas a la figura excepcional del Arraigo, para que no se convierta en la vía ordinaria de regularización”, puntos que coinciden de manera sustancial con el planteamiento recogido en la moción original de VOX –que incluía, además, la parte que el PP no incorporó en lo suyo, procesos de deportaciones–.

De modo que la propuesta de Vox, que era lo que se debatía, no ha salido adelante: PP, con  mayoría absoluta, se ha abstenido, al igual que el PRC (es decir, no la han rechazado), mientras que PSOE  e IU han vootado en contra.

El portavoz del PSOE de Santander, Daniel Fernández, llamaba la atención en la abstención de PRC y PP ante una moción con discurso antiinmigración y racista en el Ayuntamiento de Santander: «No votan en contra. No lo frenan. No marcan distancia. Abstenerse ante el odio es permitir que avance».

Desde Izquierda Unida, su portavoz Keruin Martínez ha tachado la propuesta de «ignominia» y ha afirmado que «de Vox no me sorprende, pero que el Partido Popular entre a comprar este marco discursivo es absolutamente alucinante”.

TEXTO ÍNTEGRO DE LA ENMIENDA: Transaccional del PP a Vox