“Debemos aprender de lo que ha pasado”, señalaba este miércoles la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que admitía que ahora se están ccomenzando a cerrar de forma preventiva distintos espacios en la primera línea de playa o costa ante las llamadas vecinales (que en el pasado no siempre han sido atendidas, como las propias que iban alertando del abandono de la senda costera tras su paralización).

Es por ese motivo por el que están proliferando esta misma semana las vallas por distintos puntos de playas o paseos marítimos, como las pérgolas de Reina Victoria, los galeones de Vital Alsar o el monumento a la libertad de expresión, en La Magdalena, entre otros.

Igual ha confirmado que una empresa contratada por la Demarcación de Costas —organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y responsable de la infraestrucura específica de Costas— realizó una intervención en 2024 en la pasarela que posteriormente colapsó.

La alcaldesa ha señalado que el Ayuntamiento desconoce el alcance concreto de esa actuación y si los trabajos afectaron únicamente a la barandilla de la infraestructura. Según ha explicado, la intervención se produjo después de que otro vecino alertara a la Policía Local de Santander sobre el estado de otra estructura cercana, el puente de La Maruca. Tras esa llamada, los agentes acudieron al lugar, procedieron a precintar la zona y se avisó a la Demarcación de Costas. Posteriormente, la empresa encargada del mantenimiento remitió al Ayuntamiento fotografías de las infraestructuras en las que se había actuado, entre ellas la pasarela de El Bocal.

Por otra parte, la alcaldesa ha indicado que, en la revisión que está realizando el Ayuntamiento, por el momento no se han encontrado quejas vecinales previas relacionadas con el estado de la pasarela que se desplomó, más allá del aviso recibido por el 112 el día anterior al accidente.  Esto contrasta con lo que ha dicho el PSOE, que ha advertido de quejas a través del buzón ciudadano, o eldiario.es, que menciona como se trasladaron a través del Consejo de Distrito, un órgano teóricamente diseñado para favorecer la participación vecinal.

Igual ha insistido en que la responsabilidad del mantenimiento de esa infraestructura corresponde a Costas, y reduce lo sucedido en la parte municipal al presunto fallo de la agente de la Policía local que gestionó la llamada del 112, desvinculándolo además de las quejas de la Policía sobre sus sistemas de comunicaciones obsoletos.

La tragedia también ha abierto un debate político en el Ayuntamiento de Santander. Los grupos municipales de PSOE, PRC, Vox e Izquierda Unida (IU) han solicitado la celebración de un pleno extraordinario el 19 de marzo a las 9:00 horas para abordar la depuración de responsabilidades políticas y técnicas relacionadas con el suceso. La petición ha sido registrada con la firma de trece concejales, superando el mínimo exigido por el Reglamento Orgánico del Pleno para solicitar una sesión extraordinaria.

En paralelo, el PSOE de Santander ha solicitado informes y comparecencias en varias comisiones municipales para conocer la documentación existente sobre la gestión y mantenimiento de la senda costera. Entre otras cuestiones, el grupo socialista pide información sobre el estado de conservación de la zona, las comunicaciones con la Demarcación de Costas, la promoción turística del itinerario y los avisos registrados por la Policía Local.

El Ayuntamiento de Santander promociona desde hace años la senda del litoral norte como recurso turístico y paisajístico

Los socialistas también han solicitado la comparecencia del jefe de la Policía Local y del responsable del centro de coordinación de llamadas del cuerpo para explicar las incidencias registradas en relación con la infraestructura que terminó colapsando.

Mientras tanto, desde el Gobierno central se insiste en que la determinación de responsabilidades corresponde a la investigación judicial abierta tras el accidente. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha hablado por primera vez en una semana del asunto, limitándose a señalar que será la jueza que instruye el caso quien determine quién tenía la responsabilidad del mantenimiento de la pasarela y confirmando que  el Ministerio está facilitando toda la documentación relacionada con el proyecto de la senda costera desde su origen.

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