A una semana de que se cumpla el primer mes del colapso de la pasarela de El Bocal que causó la muerte a seis jóvenes y dejó herida a una séptima, aún no habíamos escuchado hablar de ello al concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Santander, Eduardo Castillo, en cuya área se encuadran las competencias en materia de Policía Local. Sí que habíamos oído a la de Medio Ambiente, Margarita Rojo. Pendientes aún de las explicaciones de Turismo por la promoción  del itinerario en el que se encontraban, la opinión del responsable de la Policía Local era relevante tras trascender que fue este departamento el que gestionó el aviso del 112 autonómico a su vez procedente de un vecino de forma que quedó sin atender.

A su manera, era coherente con el discurso que viene adoptando el PP santanderino  de que lo sucedido era un mero fallo personal de una agente y no una cuestión de organización de medios materiales o técnicos como los que vienen denunciando desde hace más de una década los sindicatos policiales.

Las quejas por los fallos en las comunicaciones de la Policía Local de Santander se repiten desde hace casi una década

En esta primera intervención, este jueves en el Pleno, Castillo intentó insistir en el argumentario del fallo humano («un fallo en la cadena de transmisión de la información”), si bien al menos rebajó la firmeza al decir: “En caso de que se confirme, este trabajador habrá cometido un error. Un error, ni menos ni más”,, señalando que ese fallo “quizá» podría haber evitado la tragedia.

Ese relato, ya matizado por el responsable de la Policía, tiene que convivir a partir de ahora con otro, la admisión de que el sistema de grabación de llamadas –la de El Bocal no lo fue– en la Policía Local estaba incompleto.

Según detalló, cuando la Policía Local tenía su sede en la calle Castilla operaba con cuatro líneas telefónicas integradas en el sistema de grabación. Sin embargo, con el traslado a Peñacastillo se incorporó una quinta línea que no se integró en dicho sistema. “Se añadió una quinta línea que no estaba en el sistema de grabación”, reconoció.

Esa circunstancia implica que no todos los avisos quedaban registrados, entre ellos el recibido por la agente que está siendo investigada en relación con lo ocurrido en El Bocal. La falta de grabación dificulta reconstruir con precisión la secuencia de comunicación y las decisiones adoptadas a partir de ese aviso, lo que se conoce como la trazabilidad de los avisos.

El propio concejal confirmó que esta deficiencia se mantuvo hasta después de la tragedia y que fue corregida posteriormente. “Algo que ha cambiado desde el pasado 12 de marzo”, es decir, nueve días después del colapso de la pasarela.

Esta intervención se producía al hilo de una moción del PRC en la que se pedía crear una comisión especial sobre la situación de la Policía, rechazada por la mayoría absoluta del PP. “No entenderé que no apoyen esta moción porque estamos hablando de la seguridad de la ciudad”, afirmó el portavoz regionalista, Felipe Piña, promotor de la iniciativa, quien reiteraba los problemas estructurales de la Policía, como las vacantes o puestos de mando sin cubrir.

«Ya era hora de que le escucháramos hablar sobre El Bocal», espetó  el portavoz de IU, Keruin Martínez, quien recordaba que  las carencias del cuerpo “no son nuevas” y que ya venían siendo denunciadas antes de la tragedia.

Desde el PSOE, la concejala Paz de la Cuesta también trató de reorientar el debate hacia el funcionamiento global del servicio, defendiendo la necesidad de una revisión más amplia. “Es necesario analizar si la toma de decisiones del Ayuntamiento en relación con el servicio de la Policía Local ha sido la adecuada”, señaló, apuntando a la necesidad de evaluar “su conformación, sus medios, su plantilla” y si las demandas de los agentes han sido atendidas o, en caso contrario, han tenido impacto en su operatividad.

Sindicatos y oposición llevan 15 años alertando de los problemas de medios y personal en la Policía Local

La alcaldesa, Gema Igual, hizo nuevamente, como en el Pleno extraordinario monográfico de la semana pasada, uso de su privilegio como moderadora del debate plenario y parte de la conversación para cerrarla, sin derecho a réplica.

Y empleó ese tiempo en recrearse en el auto judicial conocido esta semana que señala la responsabilidad, incluso penal, de Costas, en el  mantenimiento (aunque en ese mismo documento la jueza instructora también incidía en la responsabilidad del Ayuntamiento tanto en la promoción de la senda como en el balizamiento de infraestructuras, aunque no sean suyas, al que el Consistorio se ha entregado con el furor del converso en las últimas 48 horas).

La jueza de El Bocal recuerda al Ayuntamiento su deber de restringir el acceso a lugares inseguros y la difusión turística de la pasarela

El Ayuntamiento ‘estrena’ en el entorno de El Bocal sus competencias en señalización de espacios que le recordó la jueza del caso

Además, volvió a repetir sus insultos a la oposición ante la petición de explicaciones en la parte que es competencia municipal o en la que hay debate (en el caso del mantenimiento, lo hubo hasta que lo zanjó el auto judicial ; de hecho el propio PP hubo un momento en que giró su relato del mantenimiento al del fallo de diseño inicial). Las considera «miseria humana»

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