El Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) en Cantabria atraviesa una situación crítica que pone en riesgo tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales de las cerca de 3.000 profesionales que lo sostienen, en su mayoría mujeres.

A pesar de que el presupuesto del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) para 2026 alcanza una cifra récord de 317,1 millones de euros, las profesionales denuncian que continúan enfrentando condiciones laborales indignas, con salarios bajos, jornadas fragmentadas y una preocupante falta de formación continuada.

Uno de los principales problemas es la aplicación de un convenio estatal que no contempla las particularidades territoriales de Cantabria. La dispersión geográfica obliga a las trabajadoras a realizar constantes desplazamientos en sus vehículos personales, muchas veces sin compensación adecuada por kilometraje ni por el tiempo de traslado.

Esta situación está generando una alta rotación de personal que afecta directamente a los más de 30.000 usuarios del servicio en la comunidad autónoma, comprometiendo la continuidad y calidad de la atención.

Ante este escenario, las trabajadoras del SAD reclaman la creación de un convenio autonómico propio que garantice condiciones laborales dignas y homogéneas en todo el territorio. Entre sus principales demandas destacan la protección frente a prácticas abusivas por parte de empresas privadas; la vinculación de los salarios al IPC y a los precios de licitación pública; la igualdad de condiciones laborales en todos los municipios y el reconocimiento profesional del sector sociosanitario.

Las profesionales insisten en que el SAD no puede seguir siendo considerado únicamente como un servicio de ayuda, sino como un pilar esencial del sistema de cuidados. La dignificación de las trabajadoras es la única garantía de que las personas usuarias reciban una atención continua, humana y de calidad.

El colectivo hace un llamamiento a las instituciones para que adopten medidas urgentes que aseguren la sostenibilidad del servicio. Para ello, iniciarán una campaña de sensibilización pública con recogidas de firmas.