Recientemente se ha denunciado públicamente la existencia de indicios de irregularidades en la tramitación, autorización y ejecución del proyecto de polígono eólico El Escudo, que comprometen la legalidad del procedimiento administrativo y la validez de las autorizaciones concedidas. En este sentido, desde los Colectivos en Defensa del Territorio informan que han dado traslado a organismos policiales del conjunto de graves irregularidades en la tramitación y construcción del polígono eólico.

Diversas informaciones derivadas de investigaciones en curso de la Guardia Civil sitúan a Eugenio Domínguez como figura presuntamente clave en la tramitación de expedientes de evaluación ambiental vinculados a proyectos de energías renovables en el Ministerio. Los indicios apuntan a su presunta intervención directa en procesos de autorización como el del polígono eólico El Escudo, a la presunta posible alteración de informes técnicos y a la presunta transformación de evaluaciones desfavorables en resoluciones favorables, eludiendo los controles ordinarios establecidos por la normativa vigente. La eventual participación en estas condiciones en la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto podría determinar la nulidad de pleno derecho del procedimiento conforme al artículo 47 de la Ley 39/2015, según afirman los Colectivos en una nota de prensa.

Desde los Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio sostienen la existencia, asimismo, de indicios de que los promotores o entidades vinculadas tenían presuntamente conocimiento efectivo de irregularidades sustanciales durante la ejecución de las obras. Entre estas irregularidades destacan, desde la ocultación de turberas existentes según estudios oficiales, la afección a humedales pertenecientes al Inventario Español de Zonas Húmedas (IEZH), afección a un yacimiento arqueológico del Inventario Arqueológico de Cantabria numero 017.020, translocación y muerte de especies en peligro de extinción, o el asfaltado dentro de la Zona de Especial Protección (ZEC) Sierra del Escudo.

Además, apuntan nuevamente a que no se han respetado las zonas de protección de turberas y manantiales, como las identificadas por la propia empresa y destruidas por la construcción de las dos subestaciones eléctricas, y se ha generado una enorme afección a paisajes incluidos dentro del catálogo de paisajes relevantes de Cantabria. En relación a las afecciones paisajísticas, añaden que el “discriminatorio” nuevo Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) planteado por el Gobierno de Cantabria, haría desaparecer los paisajes relevantes de Alsa y Monte Canales.

Los Colectivos vecinales en Defensa del Territorio vuelven a afirmar que celebran la paralización de las obras del polígono eólico El Escudo, pero exigen que sean las entidades promotoras y las administraciones implicadas, presuntamente corruptas, quienes asuman la responsabilidad de la restauración de todos los daños cometidos. Señalan que en todo momento han sido informadas de todas las irregularidades que se estaban cometiendo, que conocían que muchas de las autorizaciones se encontraban recurridas, y que aún quedan juicios pendientes por dilucidar.

Declaran que “lejos de actuar de manera cautelosa, tanto empresa como administraciones públicas, han permitido la destrucción de uno de los parajes más emblemáticos de Cantabria como es la Sierra del Escudo, perteneciente a la Red Natura 2000, de incalculable valor ecológico, además de un importante sumidero de carbono». Y se preguntan que «cómo es posible que nos hablen de promover estrategias de descarbonización mientras destruyen los ecosistemas que justo nos ayudan en la lucha por mitigar el cambio climático, a la vez que construyen megaproyectos como este, que implican una enorme huella ecológica”. También vuelven a denunciar que estos megaproyectos, “además de destruir el medio rural, no generan empleo, no fijan población y suponen un gran derroche de dinero público que acaba en el bolsillo de empresas y entidades que especulan con esta burbuja, como Iberdrola, el Banco Santander o fondos de inversión como BlackRock”.

Desde estos colectivos explican que en el marco de la normativa vigente en materia de evaluación ambiental, como la establecida en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se dispone que los proyectos susceptibles de afectar al medio ambiente deben someterse a los correspondientes estudios de impacto ambiental con carácter previo a su autorización. No obstante, la obtención de licencias o autorizaciones por parte de las administraciones públicas no exime al promotor de su responsabilidad. En este sentido, conforme al principio de “quien contamina paga”, recogido tanto en la legislación estatal como en la normativa europea, la responsabilidad por los daños ocasionados al medio ambiente recae directamente sobre la empresa promotora o ejecutora de las obras, incluso en aquellos casos en los que haya actuado al amparo de autorizaciones administrativas, sin perjuicio de las posibles responsabilidades concurrentes que pudieran derivarse.

Por todo ello, los Colectivos en Defensa del Territorio han solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que continúe con las investigaciones sobre El Escudo en curso, hasta el total esclarecimiento de los hechos y la depuración de responsabilidades, incluyendo a quienes hubieran podido emitir informes contrarios a la realidad permitiendo la degradación de ecosistemas sensibles como turberas, humedales y la afección a patrimonio natural y arqueológico.

Afirman que actualmente se están investigando diversas tramas en el Ministerio como el Proyecto Tagus de Iberdrola o la maraña de polígonos eólicos de Forestalia. Se añade asimismo la existencia de indicios que vinculan presuntamente a Eugenio Domínguez con actuaciones relacionadas con expedientes promovidos por Forestalia, lo que refuerza la preocupación sobre un posible patrón de intervención en procedimientos de evaluación ambiental. En relación con el polígono eólico El Escudo, no puede descartarse la existencia de alteraciones sustanciales en el expediente administrativo, incluyendo eventuales modificaciones de informes técnicos o de la trazabilidad documental, que habrían podido influir de manera determinante en el sentido final de la Declaración de Impacto Ambiental. De confirmarse, tales hechos comprometería gravemente la integridad del procedimiento y la validez de las resoluciones adoptadas.

Además, destacan que, desde 2021, se ha evitado revelar la identidad del funcionario que redactó la Declaración de Impacto Ambiental del polígono eólico El Escudo. Señalan también que la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica vulnera la legalidad al no incoar ningún expediente a pesar de existir decenas de denuncias. Además, consideran que se dan por buenos todos los escritos de la empresa promotora sin comprobarlos ni realizar inspecciones.

Por ello, informan de que han denunciado a esta Dirección General por posible connivencia con Iberdrola. Finalmente, la Comisión Europea ya respondió en 2023 en el caso del polígono eólico El Escudo declarando que “la Comisión observa que la situación descrita por el peticionario constituye un caso individual de aplicación incorrecta del artículo 6 de la Directiva Hábitats”.