La asociación Héroes de la República ha reclamado la retirada de la calle dedicada en Santander a Tomás Soto Pidal, el cura de Ciriego que provocó que 850 familias no tuvieran donde visitar a sus muertos, represaliados republicanos a los que este sacerdote decidió inscribir como desaparecidos en lugar de con sus nombres y apellidos cuando eran fusilados en el cementerio.

Esta decisión de prescindir de unos datos con los que contaba, porque se los facilitaban los militares, hizo que fueran enterrados en una fosa común en lugar de una sepultura como las demás, haciendo que sus familias no tuvieran donde llorarles hasta que se erigió el cementerio civil y memorial republicano, en el que Antonio Ontañón, presidente de honor de Héroes de la República, logró, por su empeño investigador y rastreando archivos, reconstruir sus nombres.

El anuncio lo ha hecho Jorge Suárez, presidente de Héroes de la República y la Libertad, durante el acto de conmemoración de la II República celebrado precisamente en ese espacio en el que la sociedad civil, personas a título particular, sindicatos o partidos políticos de izquierda sufragaron hace casi medio siglo un triglito conmemorativo que ahora se está rehabilitando, nuevamente gracias al apoyo popular.

La referencia, de hecho, ha sido recibida entre apluasos de los asistentes, ante los cuales Héroes de la República han calificado al religioso como un capellán que “no cumplió con los principios cristianos”, señalando que su actuación estuvo “en las antípodas” de los valores que predicaba, al tiempo que le han definido como un “franquista redomando” que participó en dinámicas de señalamiento contra población republicana.

Tomás Soto Pidal fue un “capellán que no cumplió con los principios cristianos”, en referencia a su papel durante la dictadura franquista, con una conducta alejada de los valores que, a su juicio, deberían regir la actuación de un religioso.“Es una vergüenza que se honre a quien actuó de forma deshonrosa”, han señalado, recordando que poner el nombre a alguien de una calle o plaza es un homenaje –como acaba de admitir la propia alcaldesa, Gema Igual, tras la retirada de las calles franquistas a las que se vio forzada por Ley–.

El Ayuntamiento admite por fin que poner nombres de calles a referentes del franquismo supone ensalzarles

En cualquier caso, como «de la alcaldesa no esperamos nada», como admitían desde Héroes –la retirada de las calles franquistas fue un acatamiento de la Ley, no una decisión suya; y el reconocimiento de la declaración de La Magdalena como Lugar de Memoria le ha incomodado tanto que hasta ha asegurado que supondría impedir la actividad de la UIMP–, ya se piensa en otras instancias, para lo cual hacen un llamamiento directo a las familias afectadas a que les acompañen en esta reivindicación, que no descarten acabe en los tribunales. Para ello, piden que se les contacte a través de heroesrepublicalibertad@gmail.com o el apartado de Correos número 10 (39080, Santander).

EL CURA QUE CONDENÓ AL OLVIDO

Tomás Soto Pidal fue nombrado en 1937, tras la ocupación franquista de Santander, como capellán y administrador del Cementerio Civil de Ciriego. Desde ese cargo tenía la responsabilidad del ‘Registro General de Finados’, donde debía inscribir los nombres de las personas allí enterradas. Sin embargo, entre 1937 y 1948, más de 836 personas fueron fusiladas junto a las tapias del cementerio.

Estamos hablando no sólo de militares republicanos, que defendían la legalidad vigente frente a un golpe de Estado militar, sino sindicalistas que defendían los derechos de los trabajadores –y que eran figuras con un amplio reconocimiento social en la época– , profesiones tan ‘peligrosas’ como maestros o gentes de la cultura, o mujeres que a su fusilamiento sumaron agresiones sexuales.

Al menos 778 de estas víctimas fueron inscritas por Soto Pidal como “desconocidos”, pese a que los piquetes de ejecución facilitaban listados nominales. Es decir: se podían haber enterrado con nombres y apellidos, de forma que sus familias tuvieran donde recordarles, y no fue así por una decisión personal suya. No estamos hablando de los fusilados en las cunetas, que ni se registraban, sino de ejecuciones documentadas.

En 2001, gracias a investigaciones como la de Ontañón recogidas en el libro Rescatados del olvido, se logró identificar a más de 827 víctimas, cuyos nombres fueron colocados en monolitos en un memorial dentro del cementerio, donde hoy se conmemora cada año el 14 de Abril.  Paradójicamente, si los curas son los que bautizan, en este caso un sacerdote privó de nombre y fue un republicano el que se lo logró devolver.

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