Las cuidadoras principales han convocado una movilización con motivo del Primero de Mayo para visibilizar su situación y reclamar cambios en el sistema de cuidados, en un contexto marcado por la tramitación de la reforma de la Ley de Dependencia. La protesta se enmarca en las reivindicaciones del Día Internacional de las Personas Trabajadoras, ampliando el foco hacia un colectivo que denuncia ser “la base invisible del sistema”.

Según trasladan desde la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales, el actual modelo de cuidados se sostiene en gran medida sobre el trabajo no remunerado que realizan miles de mujeres en el ámbito doméstico, sin reconocimiento institucional ni cobertura suficiente. En este sentido, alertan de una “paradoja inadmisible desde el punto de vista de la justicia social”, al considerar que, pese a sostener el sistema, permanecen fuera de las políticas públicas.

En relación con la reforma en curso, las cuidadoras muestran su preocupación porque, a su juicio, “prioriza el impulso de los cuidados profesionales y de figuras como la asistencia personal”, dejando nuevamente al margen a quienes ejercen como cuidadoras principales. Además, señalan que no han sido incluidas en los espacios de decisión, ni en la agenda política ni en los órganos consultivos vinculados a la estrategia estatal de cuidados.

Asimismo, denuncian que las propuestas trasladadas por el colectivo en julio del pasado año no han sido incorporadas al proceso, lo que interpretan como una falta de interlocución efectiva con las administraciones. “No estamos ni en la mesa asesora”, apuntan, en referencia a los espacios donde se definen las políticas públicas en esta materia.

Entre sus demandas, reclaman una legislación específica que contemple sus particularidades y contribuya a reducir las desigualdades estructurales que afectan al colectivo. En esta línea, advierten de que no respaldan la actual reforma ni los órganos consultivos en los que no están representadas, y expresan su malestar porque estas medidas estén siendo impulsadas también por actores políticos que se identifican como progresistas.

Por otra parte, las cuidadoras subrayan que muchas de ellas son también trabajadoras en activo, lo que les obliga a compatibilizar el empleo con las tareas de cuidado. Esta situación, indican, se ha prolongado durante décadas, generando precariedad, falta de cotización a la Seguridad Social y consecuencias económicas que afectan tanto a su presente como a su futuro.

Además, alertan de que el sistema de cuidados se encuentra “al borde del colapso”, debido a la falta de apoyos reales. En este sentido, advierten de que, si no se adoptan medidas, podría verse comprometida la continuidad de los cuidados que actualmente prestan de forma gratuita.

Las reivindicaciones del colectivo incluyen también un llamamiento a la sororidad y a la responsabilidad política para que sus demandas sean escuchadas e incorporadas a la legislación. Consideran que el reconocimiento de su labor debe traducirse en recursos, protección efectiva y derechos.

El contexto de estas demandas se sitúa en un sistema de dependencia que, según datos del IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales), atiende a cientos de miles de personas en España, con listas de espera y diferencias territoriales en la prestación de servicios. Diversos informes oficiales han señalado la necesidad de reforzar la financiación y los recursos humanos en el sistema, así como de avanzar hacia un modelo más equilibrado entre cuidados profesionales y apoyo a las familias.

En Cantabria, como en otras Comunidades Autónomas, el envejecimiento de la población y la dispersión territorial añaden presión al sistema, incrementando la necesidad de cuidados de larga duración. En este escenario, el papel de las cuidadoras principales adquiere un peso relevante, aunque, tal y como denuncian, sin el respaldo suficiente de las políticas públicas.

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