Cinco muchachas y un muchacho murieron en un lugar que debía estar protegido por las administraciones. Otra muchacha queda herida de por vida. Seis muertes en los bajos de Malasmañas, en el entono del Bocal. Siete desgracias. Y ni una dimisión. Ni un gesto. Ni siquiera la cortesía mínima de fingir que alguien al mando entiende la magnitud de lo ocurrido. La alcaldesa y el delegado de Costas no gobiernan: mandan. Y mandan, en su versión más rudimentaria y más patética que consiste en ocupar el cargo, blindarse con tecnicismos y sobrevivir al ruido hasta que el siguiente titular tape el anterior.

Porque aquí no está en juego la tipificación penal de los hechos. Eso corresponde a los tribunales. Va de algo mucho más elemental e importante para todas: de si quienes administran lo público asumen que su función incluye responder cuando lo público falla. Y aquí ha fallado de la peor manera posible. No hablamos de un trámite mal resuelto ni de una obra retrasada: hablamos de un entorno que debía ser seguro desde hace 12 años y no lo fue por desidia, desprecio y abandono institucional. El resto es literatura administrativa.

La responsabilidad política obliga a responder por lo que ocurre bajo tu gestión, aunque no hayas firmado el último papel. La que distingue a un servidor público de un mero ocupante de despacho. La reacción, en este caso, ha sido previsible hasta la náusea. Protocolos, competencias diluidas y señalar al eslabón más débil que además, para poder trabajar con eficacia, necesita de los presupuestos que demandan y no les aprueban: la policía y el personal del 112.

Y ellos siguen. Firmes. Inamovibles. Como si dimitir fuera una extravagancia escandinava incompatible con nuestras costumbres. No dimiten porque, en el fondo, han interiorizado que la política en este país no se ejerce para servir, sino para resistir. Siete desgracias reconvertidas en un problema de procedimiento. Es casi admirable: han perfeccionado un sistema en el que todo está regulado y, al mismo tiempo, nada tiene responsables políticos. Una arquitectura de la irresponsabilidad donde cada pieza sirve, sobre todo, para diluir la culpa de “los tuyos”. Ese dialecto administrativo que convierte una tragedia humana en un expediente con anexos.

Ese es el verdadero problema. No la tragedia —que ya es irreparable—, sino lo que la respuesta revela. Una forma de entender la gestión pública que desprecia la rendición de cuentas y que reduce la democracia a un trámite electoral cada cuatro años. Entre elección y elección, carta blanca. Gestionar sin responder. Alimentar el clientelismo.

Se llenan la boca de palabras vacías. Y lo hacen sin rubor, desde los mismos despachos que hoy se niegan a asumir la más básica de las responsabilidades: apartarse.

Porque dimitir no es un castigo, es una línea roja. Es el recordatorio de que el poder tiene límites y de que esos límites los fija la ciudadanía, no la habilidad para aguantar el temporal mediático. Cuando esa línea desaparece, lo que queda no es estabilidad institucional: es impunidad. Y la impunidad, por definición, es profundamente pedagógica. Enseña a quien gobierna que todo vale. Y enseña a quien es gobernado que nada importa.

Esa forma de ejercer la política es tan nauseabunda como profundamente corrosiva. Desvirtúa el sentido mismo de lo público, lo convierte en botín y a sus gestores en usureros de una confianza que no les pertenece. La empatía queda reducida a una frase en una comparecencia, el dolor ajeno a un decorado incómodo y la rendición de cuentas a un trámite molesto que conviene esquivar y consolida una pedagogía perversa: que pueden permitirse fallos graves sin pagar precio político alguno; que la democracia es un mecanismo sin memoria, fácilmente anestesiable.

Pero hay algo que convendría no olvidar. Quienes así actúan, dejan huella. Y no es precisamente la que ellos imaginan. Pasarán a la historia -si es que merecen ese verbo- como ejemplos de una política degradada: ególatras incapaces de entender el límite, faltos de empatía ante lo irreparable, gestores que olvidaron que lo público no es una caja propia y que confundieron firmeza con vulgar obstinación.

No habrá épica en ese recuerdo. No habrá reconocimiento. A lo sumo, una nota a pie de página en la crónica de una época donde la responsabilidad se vació de contenido. Y ni siquiera durará mucho. Porque la memoria colectiva, cuando por fin despierta, no conserva estas figuras: las borra. Las borra como la mar borra las estatuas de arena en una playa de mareas furiosas. Sin ceremonia, sin homenaje y sin rastro.

La tragedia del Bocal, no fue un accidente. Lo verdaderamente obsceno es que, además, tengamos que explicar por qué alguien debería dimitir por ello. Porque cuando el drama es evitable y no tiene consecuencias políticas, el mensaje final es brutal: no es que no supieran prevenir; es que tampoco necesitan responder por no hacerlo. Y eso, despertemos, eso sí que es letal para cualquier democracia.