Hoy, Juan Soto Ivars y Miriam Tey han sido invitados a un encuentro en el Palacio de Festivales para hablar de feminismo.

Por un lado, Soto Ivars lleva años construyendo una carrera sobre la idea de que el feminismo exagera. En un debate reciente admitió que el 75% de las mujeres asesinadas por sus parejas no había denunciado. Aun así, sigue vendiendo libros sobre las denuncias falsas.

Su intervención gira, una vez más, en torno al supuesto “tabú” de las denuncias falsas. Pero no estamos ante una cuestión silenciada: estamos ante un marco discursivo amplificado por la derecha reaccionaria. Insistir en este punto, además exagerándolo, no es inocente. Es una estrategia política que desplaza el foco de la violencia machista estructural hacia una narrativa marginal del hombre falsamente acusado.

Este tipo de planteamientos no contribuye a un análisis honesto ni equilibrado. Al contrario: distorsiona la realidad. No se trata de negar que existan denuncias falsas (como en cualquier ámbito), sino de criticar el uso de este argumento para cuestionar políticas públicas, desacreditar a las mujeres y frenar avances en derechos.

Por otro lado, Miriam Tey dirigió el Instituto de la Mujer entre 2003 y 2004, bajo el gobierno de Aznar. Un organismo público que, como establece su ley de creación de 1983, tiene como finalidad primordial la promoción y el fomento de las condiciones que posibiliten la igualdad social de ambos sexos y la participación de la mujer en la vida política, cultural, económica y social —es decir, la institucionalización del feminismo como política de Estado—.

Una misión que Tey asumió a pesar de haberse definido públicamente, con sus propias palabras, como “mujer y no feminista”. No solo dirigió el organismo creado para defender exactamente aquello que ella rechaza: cobró dinero público para hacerlo.

Mientras en España no existía la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, morían aproximadamente 70 mujeres al año por violencia machista.

No solo es que no impulsara ninguna medida relevante, es que, de acuerdo con la Memoria Oficial de 2003, el área jurídica elaboró un informe sobre la diferente protección de las víctimas de violencia doméstica y recibió un total de 23 denuncias durante el año, referidas principalmente a discriminación laboral, malos tratos en el ámbito doméstico y conciliación familiar.

En el año en que aproximadamente 70–80 mujeres fueron asesinadas por violencia machista en España, el Instituto de la Mujer, bajo su dirección, gestionó 23 denuncias: una por cada tres mujeres asesinadas.

Hoy, el Gobierno de Cantabria les abre las puertas del Palacio de Festivales —financiado con dinero público— para que sigan lucrándose hablando de un feminismo que niegan y sobre una violencia machista que ninguno de los dos ha combatido jamás.

El Gobierno de Cantabria considera que esas son las trayectorias que merecen un escenario público. Nosotras consideramos que merecen una explicación.

En este contexto, resulta difícil no señalar la contradicción entre financiar este tipo de actos y, al mismo tiempo, recurrir a gestos simbólicos cada 8M —pancartas, consignas feministas o pañuelos morados— que proyectan una imagen de compromiso que no se corresponde con las decisiones políticas adoptadas.

El Gobierno de Cantabria, con Buruaga al frente desde 2023, no ha impulsado un salto cualitativo en igualdad, sino una reordenación que diluye esta política dentro del paraguas de Familias, como si fuera un asunto accesorio y no una prioridad transversal.

Y, cuando se mira el presupuesto, la foto es aún más pobre: Cantabria sigue dependiendo en gran medida de fondos estatales para violencia de género, mientras las partidas autonómicas apenas crecen de forma testimonial y sin un refuerzo estructural que permita hablar de una apuesta real por la igualdad.

Su principal logro en esta legislatura ha sido convertir la lucha contra la violencia machista en una política dependiente de fondos ajenos, con partidas insuficientes y más propaganda que presupuesto.

No es un hecho menor: es la normalización, por parte del Gobierno de Cantabria, de un discurso que, bajo una apariencia de “debate” intelectual, contribuye a desacreditar la lucha feminista y a sembrar dudas sobre la legitimidad de la violencia machista.

Cuando el relato se centra en ese supuesto “peligro”, se invisibiliza la experiencia de las mujeres que sufren violencia. Se diluye el problema estructural, y eso tiene consecuencias: contribuye a generar desconfianza hacia las mujeres, refuerza el relato de la “mujer mentirosa” y, sobre todo, dificulta que muchas mujeres denuncien.

El Gobierno de Cantabria, con este tipo de decisiones, no solo alimenta el antifeminismo y se hace eco de discursos de extrema derecha, sino que ignora las relaciones de poder y el impacto real de estos discursos en la vida de las personas.

Las instituciones públicas no pueden ampararse en la neutralidad para dar espacio a discursos negacionistas que cuestionan derechos fundamentales.

La cultura no es un espacio vacío de responsabilidad: es un lugar desde el que se construyen imaginarios, se legitiman narrativas y se define qué voces se consideran válidas.

Frente a quienes trivializan la violencia machista o intentan desviar la atención, respondemos con claridad: la violencia existe, es estructural y requiere respuestas firmes. Frente a quienes intentan sembrar dudas, respondemos con lucha colectiva.

No vamos a retroceder. No vamos a permitir que se cuestionen derechos conquistados. Y no vamos a callar ante quienes, desde posiciones de poder y privilegio, contribuyen a erosionar la credibilidad del feminismo.

La lucha feminista no es un mero “debate” académico: es una lucha por la vida, la dignidad y la justicia.