El Sindicato de Vivienda en Cantabria advierte del centenar de desahucios silenciosos en el Primero de Mayo
Un centenar de personas residentes de la calle Primero de Mayo del barrio santanderino de Peñacastillo se han organizado con el Sindicato de Vivienda de Cantabria para hacer frente a la ofensiva del fondo de inversión Mosaic Propco que, relatan, tras comprar los bloques de viviendas construidos hace más de una década por el programa de Obra Social de Fundación La Caixa, ha ejercido presiones sobre las vecinas, a través de intermediarios, para que abandonen sus casas.
Según explica el Sindicato, Obra Social de Fundación La Caixa, a través de su inmobiliaria InmoCaixa, había construido y promocionado tres bloques de viviendas como un proyecto de alquiler asequible con opción a compra donde las personas que accedieran a ellos pudieran construir un proyecto de vida a largo plazo. El entonces alcalde, Íñigo de la Serna (PP), acudió, en su momento, en persona a visitar las obras. Sin embargo, denuncian, la fundación bancaria, desoyendo la necesidades de las inquilinas, vendió en lote las viviendas a un mismo tenedor sin ofrecer la opción de tanteo y retracto a las familias afectadas antes de la transacción múltiple. Este movimiento por parte de La Caixa, entidad que presumía de su labor social, ha hecho que las familias que residen en los edificios se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad y en peligro de desahucio, advierten.
“Tenemos que organizarnos al mismo nivel que los fondos y los rentistas”
«¿Obra Social? La Caixa promete, Mosaic Propco desahucia»
“Es una situación bochornosa y desde el Sindicato de Vivienda de Cantabria vamos a apoyar a las vecinas y a ofrecer resistencia. Les prometieron un lugar donde desarrollar la vida y ahora les echan para hacer negocios. Pero no están solas, nos tienen a muchas de su parte”, explica Yolanda Ceballos, militante del sindicato local.
El acoso por parte del fondo buitre se ha intensificado en los últimos días y la forma de actuar coincide con otros casos. La Asociación Vecinal de Vicálvaro (Madrid), por ejemplo, ya denunció hace dos meses una situación casi simétrica. “Tras recibir subvenciones y desgravaciones millonarias por su obra social, La Caixa no esconde que su intención siempre ha sido extraer el máximo beneficio. Parece que la cifra récord de 5.891 millones de euros de beneficio neto durante 2025 no les parece suficiente”, denunciaban desde la organización vecinal.
Otros territorios de Madrid como Pinto o Vallecas y otras comunidades autónomas también están gestionando casos similares del mismo fondo buitre, y es por eso que desde el Sindicato de Vivienda de Cantabria enfocan a escala nacional su campaña.
“No se trata de un caso aislado. El acoso inmobiliario se ha convertido en una práctica habitual extendida por todo el territorio estatal. En cada pueblo de cada provincia de cada comunidad hay al menos una vecina siendo expulsada del lugar en el que proyectó su vida, del hogar que ha construido con su red, para que unos pocos puedan llenarse los bolsillos”, apunta Andrea Liba, otra militante del Sindicato de Vivienda de Cantabria: “Y las instituciones tienen responsabilidad sobre ello. Y tenemos que dejar de normalizar el rentismo y la especulación, porque nos cuesta la vida. Y quieren desmovilizarnos, pero lo tenemos claro: la respuesta tiene que ser colectiva”.
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