Las fundaciones se benefician de unas exenciones fiscales, en base a que sus actividades no tienen ánimo de lucro.
Evidentemente, su lucro puede que no sea monetario (o sí, vete a saber), pero lucro existe.

Disfrazan convenientemente su actividad bajo el argumento de ser un «laboratorio de ideas» en el que trabajan con la finalidad de orientar a la sociedad en una dirección determinada.

Claro que es un eufemismo de lo más burdo.
Porque para ser un laboratorio, las ideas salen muy poco elaboradas.
Básicamente salen en botella de plástico y sin etiqueta.

No es necesario mejorar ni el contenido ni el envoltorio.

Un mensaje vestido de eslogan del tipo «el que pueda hacer que haga», resulta que levanta pasiones y la gente se pone a la labor.

Cuando digo gente, me refiero a aquellos que verdaderamente están en el laboratorio.
Los que ponen la enorme maquinaria de programas de TV, radio y todo tipo de medios informativos, e inundan las redes sociales de comentaristas pagados, con el fin de dirigir al rebaño a que vote en un sentido concreto.

Es lo único que interesa.
Porque después, una vez que los políticos estén en el lugar que dichas fundaciones han conseguido colocarles, entonces vendrá el tiempo de cosecha.

A menudo nos quejamos del nivel tan exageradamente bajo que ofrecen los políticos en cualquier ámbito.
Sea municipal, autonómico o nacional.

Pero deberíamos pensarlo mejor y considerar que los políticos salen de entre nosotros.
Así que su nivel está ligado al nuestro.
Bueno, también salen de sus ikastolas particulares.
Esas que llaman «las juventudes del partido», y en las que aprenden el oficio de ascender en la escala.

Tal es así que, en ocasiones, llegan a la jubilación sin tener una sola línea de vida laboral fuera de la política.

Pero estábamos hablando de fundaciones.
Como por ejemplo FAES o Disenso, pero hay más.
Bastantes más.

También existen fundaciones adscritas a entidades financieras. A bancos.
A esos bancos que rescatamos entre todos.
A esos cuyo rescate no nos iba a costar ni un euro.

Pues resulta que estos bancos «crean» unas sociedades verdaderamente mercantiles y, para pagar muchos menos impuestos, las llaman «obra social».

Con ese nombre, ¿quién se va a negar a perdonar unos cuantos millones de impuestos por aquí, otros por allá?
¿Quién va a protestar?
¿No veis que es una obra social sin ánimo de lucro?

Pero a menudo nos encontramos con casos en que una promoción de viviendas de una de esas fundaciones, como por ejemplo «la obra social La Caixa», es vendida a un fondo de inversión.
Con total opacidad y sin previamente avisar a los vecinos del barrio.
Unas viviendas edificadas bajo la premisa de ser ofrecidas en «alquiler asequible».

Pongamos que hablo de Santander.
Pongamos que a su inauguración acudieron buscando la foto los políticos de turno.
Esos que aprendieron el oficio en la ikastola de su partido.

Venden las viviendas, decía, a un fondo de inversión del que se sabe casi nada, no vaya a ser que esté participado por el mismo banco de marras.

Bueno, sí.
Se sabe que la intención que tiene es dedicar esas viviendas a una actividad más lucrativa, bien sea a un alquiler residencial pero con precios mucho más altos, aprovechando la actual coyuntura usurera y especulativa imperante, bien sea dedicarla al alquiler turístico, tan del agrado de la alcaldesa Igual y el consejero Media.

Bancos y políticos de derechas.
¿Qué podía salir mal?

Porque mientras los vecinos afectados se van a enfrentar a un largo proceso de lucha en defensa de sus derechos, el ayuntamiento y el Gobierno autonómico se han negado repetidamente a implementar medidas que impidan este tipo de actuaciones.

Esta y otras actuaciones.

Como, por ejemplo, impedir que dediquen viviendas que se edificaron para uso residencial a la actividad del sector terciario de uso turístico.

O impedir que la vivienda se haya convertido en un objeto de mercadeo, en lugar de consagrar la función social básica que debe cumplir.

O impedir que grandes corporaciones acumulen miles de viviendas, obteniendo una posición dominante, especulando de forma terrorífica con el precio del alquiler.

O impedir que la inmensa mayoría de los caseros se suban al carro de la usura y llenen sus bolsillos a costa de los inquilinos.

En Cantabria, todos los meses, 34 millones de euros salen de los bolsillos de los inquilinos y pasan a engordar las cuentas de los usureros.

Unos caseros/usureros cuyas rentas más que duplican las de sus inquilinos.

O dejar de bonificar esa usura con exenciones fiscales a cuenta de todos, en una política fiscal que es un auténtico sinsentido, ya que no exige nada a cambio.

O preparar e implementar mecanismos en forma de PROTOCOLO que eviten desahucios y hagan frente a la emergencia habitacional.

Todo ello a pesar de haberlo reclamado repetidamente, e incluso habérselos proporcionado ya hechos.
No vaya a ser que tengan que trabajar.

Pero ni esto, ni otras reivindicaciones que, por no alargarme, dejo para otra ocasión.

Docenas de familias de Santander están siendo amenazadas y acosadas por un fondo buitre, colega de una fundación.

Mientras, los políticos que buscaron la foto están repasando los apuntes que les dieron en la ikastola de su partido sobre cómo actuar en estas ocasiones.

Ya se lo digo yo.
El manual dice que no hay que hacerse notar.
Que todo pasa.
Que ya se olvidará.

Pero los vecinos, los que no tienen ese manual, los que sufren ese tipo de acoso, no lo van a olvidar.

Y no deben estar solos.

Les va la vida en ello.