Los datos aportados por Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León carecen de justificación científica suficiente y buscan construir artificialmente un escenario favorable para facilitar futuras políticas de control letal y desprotección jurídica del lobo, según explica Ecologistas en Acción en una nota de prensa. Como reconoce el propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, muchos de los datos autonómicos contienen incoherencias, errores y problemas metodológicos que ni siquiera permitirían su validación ante la Comisión Europea.

Ecologistas en Acción Cantabria considera especialmente grave a la hora de evaluar el estado de conservación del lobo y su situación en el estado español, la minimización sistemática de amenazas como el furtivismo, la caza ilegal, la fragmentación del hábitat, los incendios forestales o los problemas de conectividad genética de la especie por destrucción de hábitats o cuellos de botella.

De igual forma, «las administraciones mencionadas invisibilizan de manera sistemática la mortalidad por extracciones letales de lobos realizada por distintas comunidades autónomas tras la salida del LESRPE, lo que supone la omisión relevante de datos empíricos necesarios para una evaluación completa del estado de conservación, concretamente de 77 individuos», denuncia la asociación.

El Gobierno de Cantabria viene sosteniendo que el lobo en Cantabria se encuentra en un estado de conservación favorable, justificando con ello la matanza de 41 lobos. Según Ecologistas en Acción, ni siquiera ha respetado sus propios límites. La Consejera de Medio Rural ha informado que han muerto por diferentes causas 42 ejemplares adultos, superando la cifra legal. Pero, además, no ha informado de la muerte de entre 11 y 17 cachorros, asegura.

La organización Fondo Lobo ha tenido acceso a las necropsias de varias hembras abatidas por el Gobierno de Cantabria durante el año 2025. Tras revisar 14 informes, ha constatado que tres de las lobas habían parido recientemente o todavía estaban gestando a sus crías.

Consideran en Ecologistas en Acción que es un despropósito incluir los cachorros de lobo para calcular el número total de ejemplares, pero olvidarse o esconder los datos de los cachorros muertos para la contabilidad de la mortandad les parece que agrava la actuación del Ejecutivo regional.

La ciencia de la conservación, estiman en el comunicado, no puede ponerse al servicio de intereses políticos espurios y cortoplacistas. «Manipular artificialmente el estado de conservación del lobo para justificar su persecución supone una desnaturalización grave de los mecanismos científicos previstos en la Directiva Hábitats», critican.

Entre las alegaciones presentadas, la organización destaca la necesidad de actualizar los censos poblacionales tras los grandes incendios forestales registrados el pasado año en el noroeste ibérico, que afectaron a centenares de cuadrículas de presencia de la especie, algo que ya han reclamado a los respectivos gobiernos autonómicos y que ha caído en saco roto. Ecologistas en Acción recuerda que los incendios forestales de gran intensidad además de provocar mortalidad directa de individuos, supone pérdida de refugios, reducción de presas y fragmentación funcional del hábitat, comprometiendo la viabilidad de las poblaciones y reduciendo aún más su número y el intercambio genético.

La situación del lobo en España dista mucho de poder considerarse favorable, diagnostica Ecologistas en Acción. La desaparición de la población de Sierra Morena, la elevada mortalidad por causas humanas y la escasa recolonización de amplias zonas adecuadas evidencian que la recuperación de la especie sigue siendo inexistente.

La organización también cuestiona la presión política y legislativa por parte de comunidades autónomas y de determinados partidos políticos con intereses concretos, ejercida en los últimos años para rebajar la protección legal del lobo, recordando que las modificaciones legales que facilitaron la salida de las poblaciones al norte del Duero del LESRPE han sido recurridas ante el Tribunal Constitucional por el Defensor del Pueblo.

Asimismo, Ecologistas en Acción subraya que numerosos estudios científicos internacionales alertan de que las políticas de control letal, como los autorizados por Cantabria, Asturias y La Rioja, pueden generar efectos negativos sobre la estructura social y la viabilidad genética de las poblaciones de grandes carnívoros. La recuperación del lobo no puede evaluarse únicamente contando manadas. La normativa europea exige analizar también la conectividad genética, la viabilidad a largo plazo, la expansión territorial y las amenazas futuras.

La elaboración del informe sexenal constituye un ejercicio eminentemente técnico y científico, cuya finalidad es trasladar a la Comisión Europea una evaluación objetiva y rigurosa del estado real de conservación de especies y hábitats. Por lo tanto, dichos informes no pueden quedar subordinados a mecanismos de validación política que permitan alterar o desnaturalizar la información científica disponible, como pretenden las comunidades autónomas.

Como establece la Ley 40/2015 y el propio Reglamento interno de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, las decisiones de dicho órgano pueden adoptar la forma de acuerdos o recomendaciones, pero ello no altera la obligación del Estado de remitir a la Comisión Europea información objetiva, completa y científicamente fundamentada. Por ello, Ecologistas en Acción denuncia el intento de convertir la Conferencia Sectorial en un instrumento para condicionar o desvirtuar la evaluación técnica del estado de conservación de la especie.

La organización ecologista exige que el informe sexenal mantenga la consideración del «estado de conservación desfavorable» para el lobo ibérico y reclama que cualquier evaluación se base exclusivamente en información científica sólida, transparente y coherente con el principio de precaución y alejada de intereses políticos y de sectores económicos.