Ha tenido que ser otra administración, el Gobierno de Cantabria, la que le haga ver al Ayuntamiento de Santander la situación que se está dando en su ciudad en lo relacionado con el juego.

El Consistorio ha analizado que estudiará la concentración de establecimientos de juego en la ciudad y la posible ampliación de las distancias exigidas para nuevas autorizaciones después de que el primer Mapa de Establecimientos de Juego de Cantabria haya constatado que casi el 90% de estos locales se encuentran ya en el centro de la capital.

El Ayuntamiento admite así la posibilidad que tenía de regular las distancias sin necesidad de esperar a que tomara medidas otra administración, como el Gobierno de Cantabria, cuando a finales del año pasado vecinos de Peñacastillo tuvieron que modificarse ante una licencia municipal concedida para un nuevo salón cerca de centros educativos, espacios de ocio y una parada de Cercanías. Ya entonces organizaciones como FAMPA y la oposición municipal criticaron la inacción, y los vecinos afectados pedían alguna medida que hiciera trascender el criterio de la distancia que ahora el Consistorio sí se muestra dispuesto a modificar.

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La cuestión fue abordada este lunes en una reunión entre la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria, Isabel Urrutia, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, en la que analizaron el documento elaborado por el Ejecutivo autonómico y que será remitido al Parlamento de Cantabria en los próximos días.

El mapa recoge la distribución de los establecimientos de juego existentes en la comunidad autónoma y detalla que Santander cuenta actualmente con 27 locales autorizados. De ellos, 24 se concentran en la zona comprendida entre Cuatro Caminos y Puertochico y entre el Paseo de Altamira y Marqués de la Hermida, lo que supone casi nueve de cada diez establecimientos existentes en el municipio.

Según explicó la consejera, todos los locales ubicados en Santander cumplen con la normativa vigente. La mayoría fueron autorizados antes de 2020, cuando entró en vigor la regulación que establece una distancia mínima de 500 metros entre establecimientos de juego y también respecto a centros educativos y de salud mental.

En este sentido, Urrutia señaló que se trata de una de las regulaciones más restrictivas del país y precisó que únicamente un salón de juego de la ciudad ha sido autorizado con posterioridad a la entrada en vigor de esa normativa. Este establecimiento cumple igualmente con las distancias mínimas exigidas.

El documento elaborado por el Gobierno de Cantabria indica además que Santander registra una ratio de un establecimiento de juego por cada 6.497 habitantes, una proporción similar a la de otros municipios cántabros como Torrelavega, Entrambasaguas, Santoña o Astillero.

No obstante, el propio mapa pone de relieve la concentración de estos negocios en el centro de la ciudad. De acuerdo con los datos recogidos en el informe, esa acumulación de locales impediría actualmente la apertura de nuevos establecimientos en la zona debido a las limitaciones de distancia fijadas por la normativa autonómica.

Es decir, el Ayuntamiento no ha anunciado nuevas medidas contra los salones de juegos hasta que la propia realidad ha actuado por sí misma e impide ya que haya nuevos locales en el centro, pero ha evitado tomar medidas que hubieran impedido ya otros negocios con efecto en las adicciones juveniles en áreas de la ciudad que aún no están saturadas y en las que viven familias y jóvenes.

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La alcaldesa agradeció al Gobierno de Cantabria la elaboración de esta herramienta, que permitirá disponer por primera vez de una visión global de la implantación del sector en la comunidad autónoma. Según destacó, el documento ofrece información sobre la ubicación de los establecimientos y las distancias existentes entre ellos, facilitando la toma de decisiones futuras.

La elaboración de este primer mapa autonómico responde a una previsión recogida en la normativa regional sobre el juego y pretende ofrecer una fotografía detallada de la distribución territorial de estos establecimientos. El documento servirá además como base para el análisis de futuras medidas regulatorias en un ámbito que ha generado debate social en distintos puntos de España durante los últimos años.

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