Los victimarios del silencio: Tomás Soto Pidal o la memoria vergonzante de una ciudad

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||Dr. Jesús Movellán Haro, Profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de La Rioja y secretario de Memoria Democrática del PSOE de Santander||

Hubo un sacerdote en Santander que convirtió a centenares de fusilados en “desconocidos”. Hoy, casi noventa años después, sigue dando nombre a una calle de nuestra ciudad. Por este motivo, el 30 de julio de 2026 la Asociación “Héroes de la República y la Libertad” ha exigido al Ayuntamiento de Santander la retirada de la placa y del nombre en el callejero municipal del sacerdote Tomás Soto Pidal. La calle, situada en San Román de la Llanilla, no cumple, según lo denunciado por este grupo memorialista, con lo dispuesto en la vigente Ley 22/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. ¿Por qué este religioso, relativamente desconocido, podría ser objeto de denuncia en la actualidad?

Tomás Soto Pidal fue nombrado capellán del cementerio de Ciriego en 1937, después de que Santander cayera bajo el control del bando rebelde durante la Guerra Civil española (1936-1939). Soto Pidal era, además, el administrador del camposanto y quien debía supervisar el espacio del cementerio civil. En mitad del contexto de la guerra y de la ulterior posguerra, este religioso debía anotar en el “Registro General de Finados” todos los nombres de quienes eran inhumados en Ciriego, incluidos los ejecutados en las tapias del cementerio. Como ha detallado ya anteriormente quien más ha investigado sobre este tema, Antonio Ontañón, de las más de 836 personas fusiladas en las tapias del cementerio de Ciriego entre 1937 y 1948, en torno a 780 fueron inscritas en aquel registro como “desconocidas”, aun recibiéndose antes de cada fusilamiento una relación de identidades, con nombres y apellidos, por parte de los piquetes de ejecución.

En su monumental obra titulada La memoria, la historia, el olvido, el filósofo Paul Ricoeur planteaba que la problemática en torno a la memoria como desafío filosófico se basaba en la ambivalencia destructora-constructora del olvido como pretensión última sobre la que construir la memoria. Tomás Soto Pidal construyó memoria, paradójicamente, a través de la propia destrucción de ésta: enviando al olvido a cientos de ejecutados. No puede ser considerado un verdugo del Franquismo; él no apretó el gatillo ni formó en los pelotones de fusilamiento. No fue uno de los que hicieron la Guerra desde las trincheras o en los cuartos de banderas, pero fue uno de los muchos victimarios que apuntalaron la consolidación del nuevo Estado. En su caso, lo hizo consumando la desaparición no sólo física, sino histórica, de todos aquellos fusilados y fusiladas a los que despojó intencionadamente (pues es difícil creer que alguien se equivoque en más de setecientas ocasiones durante casi una década) de lo único que podrían haber mantenido más allá de la muerte: su nombre. Al convertir a estos asesinados en anónimos, impedía que sus familiares los encontrasen y, al menos, tuvieran un lugar donde llorar por ellos u orar por sus almas.

Soto Pidal es uno de los muchos ejemplos que nos permite a los historiadores analizar el complejo aparato represivo de la dictadura franquista. Una maquinaria bien engrasada, implacable y eficaz, que se mantuvo en pie y funcionando en España hasta más allá de la muerte del dictador y, al menos, hasta la propia recuperación y consolidación de las libertades democráticas. El final de la Guerra Civil no trajo la paz, como tanto se defendió desde los servicios de propaganda del régimen franquista. Trajo, como ha desarrollado magistralmente el historiador Enrique Moradiellos, una Victoria con mayúscula y como aniquilación total del adversario. Ante solicitudes como la de la Asociación “Héroes de la República”, las y los que vivimos en democracia debiéramos reflexionar sobre cómo es posible que, irónicamente, alguien que envió a centenares de personas al ostracismo del anonimato pueda contar, todavía en el año 2026, con una calle a su nombre en Santander.

Una placa es un homenaje. Es la expresión pública de aquello que una sociedad decide reconocer como digno de recuerdo. Por ello, en una sociedad democrática, pluralista y comprometida con la defensa de los Derechos Humanos, no hay espacio posible para los Generales Dávila o Mola; eso parece que lo tenemos claro (aunque quizás no todos del mismo modo). Tampoco debiera haberlo para los que, como Tomás Soto Pidal, apuntalaron la Victoria franquista con sus actos. Si el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santander se mueve, una vez más, desde la desidia y no atiende a una petición por otro lado respaldada por la legislación vigente, dudo que lo haga desde la maldad. Lo hace desde la falta de conocimiento histórico; una ignorancia, en fin, contumaz y reincidente que ha llevado a que se cambiase hace bien poco (noviembre de 2025) y a regañadientes parte de un callejero santanderino que aún recordaba y conmemoraba hechos, lugares y protagonistas de los vencedores en la Guerra Civil y de la dictadura franquista.

Puede plantearse que “nadie” o “casi nadie” sepa ya a estas alturas quién fue Tomás Soto Pidal o qué hizo. Eso mismo puede haberse planteado, con el mismo descaro, sobre Fidel Dávila, Emilio Mola o incluso el propio Franco. El problema es que, aunque la memoria sea una cuestión que a veces “agota” al ciudadano o al conjunto de la opinión pública, al producirse lo que la historiadora Regine Robin definió como “memorias saturadas” (no sólo en España, sino en buena parte del mundo occidental), no reconocer la necesidad de verdad, reparación y justicia no es solo el fruto de la falta de conocimiento de nuestros gobernantes: es la puerta a la banalización del mal, tomando prestado el aforismo de Hannah Arendt. Esto implica que sigamos conviviendo con la memoria de los victimarios diariamente, de manera casi inocente y sin ser conscientes de ello. No podemos consentirlo, ni desde la Historia ni desde los valores cívicos que deben inspirar y dar sentido a nuestras democracias liberales. No hablo aquí de revanchismo, ni tan siquiera de justicia transicional. Hablo de dignidad democrática y de memoria: de la que no debe tener cabida en una ciudad como la Santander actual, y de la de quienes no la tuvieron por ser “desconocidos” por obra del padre Soto Pidal en un contexto de guerra, represión y muerte.

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