La Federación de Enseñanza de CCOO de Cantabria ha denunciado la opacidad de la Consejería de Educación después de que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno haya estimado la reclamación presentada por el sindicato ante la falta de respuesta a su solicitud de información sobre la enseñanza concertada.

Así, la Federación había solicitado el pasado mes de febrero los datos estadísticos de número de aulas concertadas en centros educativos privados sostenidos con fondos públicos en Educación Infantil (primer ciclo y segundo ciclo), Bachillerato y Formación Profesional de los tres últimos cursos, detallando el centro, curso, aula, alumnado escolarizado y fecha de inicio del concierto.

Ante el silencio de la Administración, el sindicato acudió al Consejo de Transparencia, que ha reconocido expresamente su derecho de acceso a esta información y ha señalado que la Administración «no ha dado respuesta a la solicitud de acceso a la información».

La resolución, fechada el 11 de agosto, considera que la información solicitada es pública y que su acceso reviste «un indudable interés público para conocer el funcionamiento de los servicios públicos de competencia autonómica». Además, advierte de que «tanto el silencio administrativo ante una solicitud de acceso a la información como la opacidad institucional no son meras irregularidades procedimentales, sino incumplimientos directos del estándar de buena administración».

«Es muy significativo que el propio Consejo de Transparencia tenga que recordar a la Consejería que la opacidad no es una mera irregularidad y que la información sobre cómo se financia y dimensiona la enseñanza concertada es de indudable interés público», ha señalado Conchi Sánchez, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Cantabria, que ha apuntado que el Consejo de Transparencia insta ahora a la Consejería a facilitar a CCOO, en un plazo máximo de 20 días hábiles, la información solicitada que obre en su poder.

Para CCOO, conocer estos datos resulta especialmente relevante en el momento actual, cuando la federación ha denunciado el mayor recorte de la educación pública desde 2012, con la pérdida de más de 160 plazas docentes y la supresión de más de 30 unidades de Infantil y Primaria.

«Las decisiones de la Consejería de Sergio Silva favorecen la expansión de la enseñanza privada y concertada mientras que la enseñanza pública presenta falta de inversión, sobrecarga de trabajo y problemas de infraestructuras y por eso reclamamos transparencia y una planificación educativa adecuada», ha dicho Sánchez, que ha concluido añadiendo que «esperamos que la Consejería cumpla ahora con la resolución y facilite unos datos que deberían estar al alcance de toda la comunidad educativa», ha concluido Sánchez.