El sindicato Maysa ha presentado una demanda contra Mercadona por vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas ante la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Santander, en un nuevo episodio del conflicto que la organización sindical mantiene con la cadena de supermercados en Cantabria.

Según ha informado MAYSA, el procedimiento ha sido admitido a trámite y contempla reclamaciones indemnizatorias que, en conjunto, ascienden a 200.000 euros. El sindicato asegura además que el órgano judicial ha señalado para el próximo 16 de septiembre la vista en la que deberán analizarse las medidas cautelares solicitadas.

El episodio que MAYSA sitúa como detonante de la demanda afecta a una delegada sindical despedida por Mercadona. El sindicato ha impugnado también ese despido y reclama judicialmente que sea declarado nulo.

De acuerdo con el relato de MAYSA, la trabajadora acudió posteriormente a uno de los establecimientos de la empresa para informar a sus compañeros y compañeras sobre la situación laboral y sindical. La organización sostiene que el responsable de Recursos Humanos en lugar de contactar con el sindicato, habría avisado a la Policía para impedir el acceso y la actividad informativa de la delegada.

Este extremo forma parte de las acusaciones realizadas por MAYSA y deberá ser analizado en el procedimiento judicial. La información trasladada por el sindicato no incorpora la versión de Mercadona sobre este episodio concreto.

Entre las medidas cautelares solicitadas, MAYSA reclama que representantes y asesores sindicales puedan acceder de manera inmediata a los centros de trabajo de Mercadona. También pide la paralización cautelar de los procesos electorales sindicales hasta que, según plantea, pueda garantizarse la concurrencia en igualdad de condiciones y la entrega de toda la documentación necesaria.

El conflicto se extiende precisamente a la representación de la plantilla. MAYSA acusa a la compañía de un «bloqueo electoral» porque, según mantiene, no se estarían facilitando al máximo responsable del sindicato las certificaciones necesarias para actualizar la relación de representantes y promover elecciones parciales. Además, denuncia que se habría extendido entre trabajadores y trabajadoras de Cantabria la información de que MAYSA estaba disuelto, algo que la organización niega y que atribuye a un intento de desincentivar la afiliación.

El enfrentamiento entre MAYSA y Mercadona en Cantabria no es nuevo. En marzo de 2024 se convocó una huelga en la empresa después de una reunión sin acuerdo en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA). Entonces, MAYSA denunciaba problemas relacionados con las cargas de trabajo, los despidos y el ejercicio de derechos laborales.

También existen resoluciones judiciales recientes contra decisiones laborales adoptadas por Mercadona en Cantabria. En mayo de 2025, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cantabria confirmó la nulidad del cambio de centro de una trabajadora y una indemnización de 30.000 euros por vulneración de derechos fundamentales. La resolución recogía además que previamente se había anulado una modificación de su horario vinculada a una reducción de jornada por cuidado de una hija y fijado otra indemnización de 7.501 euros.

En otros procedimientos sobre conciliación, los tribunales cántabros también han analizado modificaciones de horarios de trabajadores con reducción de jornada. Una sentencia de noviembre de 2025 consideró injustificada una modificación impuesta por Mercadona, aunque rechazó en aquel caso que existiera vulneración de derechos fundamentales.

Por otra parte, el convenio colectivo estatal de Mercadona para el periodo 2024-2028 también ha llegado al Tribunal Supremo. En febrero de 2026, el alto tribunal estimó parcialmente un recurso de la Confederación Intersindical Galega (CIG) y anuló parte de dos preceptos del convenio, uno relacionado con el cómputo de determinados periodos de incapacidad temporal para la prima y otro con las competencias atribuidas al comité intercentros.

MAYSA introduce además en su nueva denuncia dudas sobre la documentación laboral que Mercadona estaría aportando a procedimientos judiciales, entre ella protocolos que requieren participación o firma de la representación social. El sindicato cuestiona quién está validando esos documentos después de los cambios producidos en el Comité de Empresa y vincula esta cuestión con expedientes disciplinarios y despidos, una interpretación que forma parte de sus acusaciones contra la compañía.

La organización sostiene que la actual situación responde a sus sucesivos enfrentamientos judiciales con Mercadona y considera que las actuaciones denunciadas buscan reducir su capacidad de intervención dentro de la empresa. MAYSA, que llegó a ocupar los puestos de responsabilidad del Comité de Empresa de Cantabria, incluidos los vinculados a salud laboral, avanza que mantendrá la vía judicial frente a las decisiones que considere contrarias a la libertad sindical.

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