La violencia sexual y la trata de niñas y adolescentes en Guatemala llegan a los centros educativos de Cantabria a través de la exposición ‘De vulnerables a resilientes: promoción y defensa de los derechos de las niñas y adolescentes mujeres ante las violencias y trata de personas. Fase II’, una iniciativa de sensibilización impulsada por Medicusmundi que muestra el trabajo desarrollado para proteger los derechos de las menores supervivientes de diferentes formas de violencia machista.

La muestra ha tenido como primera parada el Instituto de Educación Secundaria (IES) Alberto Pico de Santander, donde estuvo programada entre el 28 de septiembre y el 9 de octubre. El itinerario anunciado por la organización incluye también el Colegio Sagrados Corazones, el IES Las Llamas de Santander, el IES Ataúlfo Argenta de Castro Urdiales y el IES Valle de Camargo.

A través de fotografías, testimonios y materiales divulgativos, la exposición acerca al alumnado la situación de las niñas y adolescentes que sufren violencia sexual, explotación y trata de personas, así como las iniciativas desarrolladas para facilitar su recuperación, garantizar sus derechos y favorecer su autonomía.

La iniciativa forma parte de la segunda fase de un proyecto de cooperación internacional financiado por el Gobierno de Cantabria, desarrollado por Medicusmundi Norte y Medicusmundi Bizkaia en colaboración con la Asociación La Alianza de Guatemala.

Esta organización guatemalteca, sin ánimo de lucro, trabaja en la protección y acogida de niñas, niños y adolescentes supervivientes de violencia sexual, trata de personas y situaciones de migración irregular. Su intervención incluye atención integral, acompañamiento psicosocial y apoyo a los procesos de reintegración familiar.

Formación, asistencia jurídica y atención sanitaria

El proyecto ha proporcionado atención integral a niñas y adolescentes procedentes de los 22 departamentos de Guatemala, sin restricciones geográficas para acceder a sus servicios.

Entre sus principales líneas de intervención se encuentra el fortalecimiento de las capacidades personales y profesionales de las menores para reducir su vulnerabilidad ante nuevas situaciones de violencia y facilitar la construcción de proyectos de vida autónomos.

En este ámbito, se han desarrollado cursos de formación profesional en panadería, salud y belleza, gastronomía e hidroponía, una técnica de cultivo que permite producir alimentos sin utilizar suelo agrícola convencional.

Estas actividades buscan ampliar las oportunidades educativas y laborales de las adolescentes, especialmente en situaciones en las que la dependencia económica y la falta de recursos dificultan la salida de los entornos de violencia.

Por otra parte, el proyecto ha facilitado el acceso a servicios de asistencia jurídica para las víctimas de violencia sexual y trata de personas, con el objetivo de contribuir a la restitución de sus derechos y a la persecución penal de los agresores.

La intervención también ha incluido atención sanitaria y psicológica para abordar las consecuencias físicas y emocionales de las violencias sufridas, además de acciones de sensibilización sobre derechos humanos.

Asimismo, se han desarrollado actuaciones destinadas a visibilizar la violencia contra niñas y adolescentes, fortalecer la aplicación de las leyes y mejorar la capacitación de los profesionales que intervienen en la atención y protección de las víctimas.

Según la información publicada por Medicusmundi, esta segunda fase tiene una duración de 12 meses, contempla 90 beneficiarias directas menores de 18 años y 170 personas beneficiarias indirectas.

Guatemala y la violencia contra la infancia

La situación de las niñas y adolescentes en Guatemala constituye uno de los ámbitos de preocupación de las organizaciones internacionales de defensa de los derechos de la infancia.

Según datos del Ministerio Público de Guatemala recogidos por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), durante 2023 se registraron más de 6.261 niñas, niños y adolescentes víctimas en denuncias relacionadas con delitos de violencia sexual, una media de 17 al día.

UNICEF advierte de las consecuencias que estas agresiones tienen sobre la salud física y mental, la continuidad educativa y las posibilidades de desarrollo de las víctimas. También señala la importancia de garantizar servicios de protección y atención adaptados a las necesidades de la infancia.

La violencia sexual y la trata de personas constituyen vulneraciones de los derechos humanos que pueden afectar al acceso a la educación, la salud y la justicia. En el caso de las menores, estas situaciones requieren mecanismos específicos de protección, acompañamiento y recuperación.

En este contexto, el proyecto desarrollado en Guatemala combina la atención individualizada con actuaciones de incidencia social y política dirigidas a mejorar las respuestas institucionales ante las violencias machistas.

Sensibilización desde las aulas cántabras

El recorrido de la exposición por los centros educativos cántabros incorpora una dimensión de educación para la ciudadanía global al trabajo de cooperación internacional.

medicusmundi es una organización de cooperación sanitaria y defensa del derecho a la salud que desarrolla proyectos internacionales y actividades de educación y sensibilización social. En Cantabria, esta iniciativa vincula la financiación pública de la cooperación con el conocimiento de las realidades que afrontan niñas y adolescentes en otros países.

La exposición permite abordar en el ámbito educativo cuestiones como los derechos de la infancia, la igualdad entre mujeres y hombres, la prevención de las violencias machistas y el acceso a la justicia.

Además, introduce el concepto de resiliencia como parte de los procesos de recuperación de las supervivientes, sin desvincularlo de la necesidad de contar con servicios públicos, recursos legales y redes de protección que garanticen sus derechos.

Su presencia en institutos y colegios forma parte de las actuaciones de sensibilización previstas para dar a conocer tanto las situaciones de vulneración de derechos como las medidas de protección, formación y acompañamiento desarrolladas por las organizaciones participantes.