Volver a casa de los padres porque el alquiler no da tregua: el drama que denuncian los sindicatos
La dificultad para pagar un alquiler está obligando a muchas personas a regresar a casa de sus padres y madres, incluso con sus propias familias, al finalizar sus contratos o tener que cambiar de vivienda. Es una de las situaciones que ha denunciado la secretaria general de CCOO en Cantabria, Rosa Mantecón, durante la jornada de huelga general, en la que ha reclamado medidas sobre la vivienda y los salarios para evitar que el encarecimiento de la vida siga absorbiendo las mejoras conseguidas en la negociación colectiva.
Mantecón ha calificado de «absoluto drama» que tantas personas tengan que renunciar a su autonomía residencial porque no pueden asumir los precios del mercado inmobiliario. Una situación que, a su juicio, evidencia la necesidad de que las administraciones escuchen las demandas trasladadas a las calles y den un giro a sus políticas de vivienda.
La dirigente sindical ha dirigido también un mensaje a la patronal, a la que ha reclamado que se siente a negociar un nuevo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva que contemple incrementos salariales de entre el 4% y el 7%, junto con cláusulas de revisión que garanticen el mantenimiento del poder adquisitivo de las personas trabajadoras.
«Sin eso no va a haber paz en las empresas, no va a haber paz en la negociación colectiva», ha advertido. En este sentido, ha denunciado que las subidas salariales conseguidas en los convenios terminan desapareciendo por el incremento de los precios de los productos básicos, la electricidad, el gas y los carburantes.
«Te entra el salario por un lado y se te sale por el otro bolsillo», ha resumido, para denunciar que el esfuerzo de las plantillas en las mesas de negociación y en las movilizaciones acaba repercutiendo en quienes se benefician del encarecimiento de la vida.
En materia de vivienda, Mantecón ha reclamado al Gobierno de España que impulse medidas inmediatas y ha pedido a las comunidades autónomas que apliquen la Ley de Vivienda, declaren zonas tensionadas y establezcan mecanismos de control de los precios. También ha exigido limitar las viviendas turísticas y los alquileres en los mercados más tensionados.
UGT reclama movilizar las viviendas existentes
Por su parte, el secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, ha defendido que la huelga ha conseguido introducir en el debate público cuestiones que, a su juicio, habían quedado relegadas durante los días previos a la convocatoria.
Carmona ha agradecido la participación en la movilización y ha señalado que, durante los quince días anteriores, había percibido intentos de restar importancia a la convocatoria. Frente a ello, ha reivindicado el origen social de las protestas y el papel de los sindicatos junto a las personas afectadas por la crisis habitacional. «Los sindicatos tienen que estar al lado de la gente que lo necesita», ha afirmado.
El responsable de UGT ha puesto el foco en la necesidad de utilizar las viviendas que ya existen para dar respuesta a la emergencia habitacional, en lugar de confiar exclusivamente en la construcción de nuevos inmuebles, cuyos resultados pueden tardar años en llegar.
En concreto, ha reclamado que las viviendas vinculadas a los recursos públicos se pongan a disposición de la población a través de fórmulas de alquiler a precios moderados. Carmona ha defendido que no tiene sentido mantener inmuebles fuera del alcance de quienes necesitan una vivienda mientras se espera a que los nuevos desarrollos urbanísticos puedan ofrecer soluciones.
Además, ha vinculado la crisis habitacional con la distribución de la riqueza y la negociación colectiva. Ha recordado que los precios de la vivienda han aumentado considerablemente y ha reclamado que los beneficios empresariales, que atraviesan niveles elevados, se trasladen también a los salarios de las plantillas mediante los convenios.
El dirigente sindical ha cuestionado asimismo las condiciones laborales de sectores como el de la dependencia, donde ha denunciado que haya trabajadoras que continúen percibiendo el salario mínimo.
Carmona ha insistido en que su posición no responde a una confrontación partidista, sino a la crítica de aquellas decisiones políticas que considera perjudiciales para los trabajadores y trabajadoras. «Me interesa la política colectiva, que se reparta la riqueza que se está generando en este país», ha señalado.
Ambos responsables sindicales han coincidido así en situar la vivienda, los salarios y el reparto de los beneficios empresariales entre las cuestiones centrales de la movilización, con una reclamación compartida de mayor intervención pública ante el encarecimiento de las condiciones de vida.
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