Cuando la ciudadanía se une, la esperanza vuelve a tomar las calles.

Las calles abarrotadas, al margen de siglas, representantes sindicales o políticos, nos dejan una imagen que emociona: la fuerza de un pueblo que se une, que se expresa, que crea y que dice ¡Basta!

Emociona comprobar cómo la ciudadanía recupera su capacidad de organización y respuesta colectiva frente a políticas negligentes, precios abusivos de los productos básicos y de la vivienda, y salarios que condenan a demasiadas personas a la precariedad, la pobreza y la exclusión social.

Es mucho más que una huelga. Es un golpe sobre la mesa. Un ¡basta ya! que reclama recuperar derechos que empiezan por algo tan esencial como disponer de un hogar digno, pero que también incluyen la salud, los salarios justos, la educación pública y unas condiciones de vida que permitan vivir, no simplemente sobrevivir.

Renunciar a un día de salario para defender los derechos de la colectividad es un gesto que emociona. Es comprobar que todavía existe conciencia social, solidaridad y capacidad para anteponer el bienestar común al interés individual. Es volver a creer un poco más en el género humano.

Porque cuando las personas salen a la calle, se encuentran, dialogan, crean y reivindican juntas, ocurre algo importante: dejan de ser espectadoras de su realidad para convertirse en protagonistas de su transformación.

La vivienda: el derecho que no puede esperar

Entre todas las reivindicaciones hay una que atraviesa la vida de miles de personas: el derecho a una vivienda digna y asequible.

No es razonable que una persona que percibe 1.100 euros mensuales tenga que enfrentarse a alquileres de 900 euros. Las cuentas sencillamente no salen. ¿Cómo se puede garantizar una vida digna cuando la mayor parte de los ingresos se destina a pagar un techo?

La especulación inmobiliaria dificulta tanto el acceso como la permanencia en la vivienda. Los precios desproporcionados, la insuficiencia de vivienda pública, la concentración de propiedades, las viviendas vacías y el crecimiento de los alquileres turísticos forman parte de un problema que exige regulación y responsabilidad institucional.

Uno de los grandes debates actuales es la relación entre el derecho de propiedad, la libertad de mercado y la función social de la vivienda.

No se trata de negar el derecho a la propiedad privada, sino de preguntarnos qué mecanismos deben establecerse para que el mercado inmobiliario funcione sin excluir a una parte importante de la población.

La vivienda no puede convertirse exclusivamente en un activo de inversión mientras una parte de la ciudadanía no consigue acceder a ella o se ve obligada a abandonarla porque no puede mantenerla.

No basta con facilitar el acceso inicial a una vivienda si después las personas no pueden permanecer en ella.

Tampoco basta con subvencionar alquileres en un mercado cuyos precios siguen aumentando. Si no crece la oferta asequible y no se interviene sobre los factores que generan presión residencial, las ayudas son insuficientes.

Necesitamos un parque público de alquiler social que sea alternativa residencial real para quienes no pueden satisfacer sus necesidades habitacionales en el mercado privado.

Necesitamos movilizar viviendas vacías, rehabilitar edificios, recuperar espacios urbanos degradados, impulsar fórmulas cooperativas y explorar nuevas modalidades de vivienda compartida y comunitaria.

Y necesitamos políticas que entiendan la vivienda como una cuestión transversal, vinculada al empleo, la salud, la igualdad, el urbanismo, los servicios sociales y el desarrollo territorial.

Servicios Sociales: ¿gestionar la emergencia o prevenir la exclusión residencial?

Desde la intervención social conocemos las consecuencias de la inseguridad residencial.

El hacinamiento, la convivencia forzada, el endeudamiento, los problemas de salud, la ruptura de proyectos familiares y el sinhogarismo afecta a personas y familias con realidades muy diferentes.

Con demasiada frecuencia, los Servicios Sociales intervenimos cuando el problema ya se ha producido: impagos, procedimientos judiciales, desahucios o pérdida efectiva del alojamiento.

Pero ¿no deberíamos estar actuando mucho antes?

La política social no puede limitarse a gestionar las consecuencias de un mercado residencial inaccesible. Necesitamos prevención, detección temprana del riesgo, coordinación entre Servicios Sociales, vivienda, justicia y entidades del tercer sector, y recursos habitacionales que permitan ofrecer respuestas adecuadas a cada unidad de convivencia.

Una familia puede cumplir todos los requisitos para acceder a una ayuda y, sin embargo, no encontrar una vivienda que pueda pagar. Una persona puede disponer de ingresos para cubrir sus necesidades básicas, pero no encontrar un alquiler compatible con su economía. Y una familia puede contar con un informe social que acredite su vulnerabilidad sin que exista una alternativa habitacional inmediata.

La existencia de leyes y derechos reconocidos no garantiza por sí misma su ejercicio efectivo.

Los profesionales de los Servicios Sociales no podemos convertirnos en gestores de una emergencia permanente sin disponer de instrumentos suficientes para resolverla.

Las ayudas económicas son necesarias, pero no sustituyen una política estructural de vivienda. La estabilidad residencial debe ser un objetivo prioritario de inclusión social.

¿Qué modelo de sociedad queremos construir?

Un modelo basado exclusivamente en la propiedad y el mercado difícilmente podrá responder a todas las necesidades sociales.

La planificación pública debe contemplar a jóvenes que no pueden emanciparse, personas mayores que necesitan viviendas adaptadas, familias monoparentales, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia y personas sin hogar.

El derecho a la vivienda no puede depender exclusivamente de la capacidad económica ni de la posibilidad de competir en el mercado inmobiliario.

Y aquí aparece una responsabilidad colectiva.

La administración debe establecer garantías y financiación; asegurar recursos habitacionales y asumir su responsabilidad, gobierne quien gobierne. Conviene revisar las políticas sociales y económicas desde una perspectiva de justicia social, evaluar sus resultados y corregir aquello que no está funcionando.

Las leyes se pueden cambiar desde las instituciones, pero muchas conquistas sociales han comenzado en la calle, mediante la organización, la movilización y la presión ciudadana.

La calle también es un espacio de convivencia, expresión y creación

Hay imágenes que nos dejan sin palabras. Como la de un policía rociando con gas a una persona sin hogar que dormía en la Gran Vía. Su delito: ser pobre. Una escena de abuso de poder, aporofobia y odio que obliga a preguntarnos por la proporcionalidad de las actuaciones policiales, por el trato que dispensamos a quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad y por el modelo de convivencia que queremos construir.

¿Qué necesidad hay de responder con violencia a quien reclama ser escuchado?

La protesta debe poder desarrollarse con garantías, respeto a los derechos fundamentales y seguridad para todas las personas.

Recuperar la calle significa también recuperar los espacios públicos como lugares de encuentro, reunión, manifestación, expresión y creación colectiva. Espacios donde las diferencias no impidan construir objetivos comunes.

Porque la política se hace pateando las calles y no solo en los despachos. La política la hacemos todas las personas cuando participamos, decidimos, exigimos responsabilidades y construimos comunidad.

A pesar de todo, creo…

Creo en las personas, pese al desencanto, la decepción y la desesperanza.

Creo que los derechos se conquistan y que nunca debemos darlos por garantizados.

Creo que se puede hacer política pensando en las personas y contando con ellas.

Creo que otro mundo es posible, un mundo en el que quepamos todos, al margen de ideologías, creencias o religiones.

Creo que codo a codo y mano a mano podemos abrir caminos, transformar realidades y hacer llegar el bienestar social y económico a todas las personas.

Creo en la justicia social como mecanismo de equilibrio en una sociedad fragmentada y desigual.

Creo en la paz entre los pueblos, en los vecindarios y en las comunidades.

Creo en ti y creo en mí, en nuestra condición humana y en nuestra capacidad para construir sin denigrar, excluir ni juzgar.

Creo que la política la hacemos todos y que, cuando tomamos la calle, recuperamos también nuestra capacidad de decidir sobre el presente y el futuro.

Porque una sociedad no se mide solamente por su crecimiento económico, sino por su capacidad para garantizar que todas las personas puedan vivir con dignidad.

Hasta aquí hemos aguantado. Ahora toca participar, organizarnos, pensar, debatir y construir.

No se trata de cambiar unas siglas por otras. Se trata de cambiar las políticas cuando no responden a las necesidades de la ciudadanía.

Se trata de poner la vida en el centro, los derechos por delante de los intereses particulares y la justicia social como horizonte colectivo.

Porque los derechos no se mendigan: se defienden, se conquistan y se ejercen. Y porque cuando un pueblo se une, la esperanza deja de ser una palabra y empieza a convertirse en acción.