La Delegación de Gobierno de Cantabria, dirigida por Samuel Ruiz, ha aceptado las recomendaciones que ha planteado el Defensor del Pueblo tras la queja formulada por el miembro de la PAH de Santander, tal y como ha informado la propia plataforma antidesahucios en una nota de prensa.

La queja la registró uno de sus miembros más activos, Óscar Manteca, quien además fue el primer multado por la Ley Mordaza en Cantabria, tras su aprobación en julio de 2015.

Resistencia pacífica de la PAH ante un desalojo en una sede de Liberbank.

Manteca consiguió a finales de 2016 que los tribunales anularan la multa, en un recurso que hizo ante el Juzgado nº 2 de lo Contencioso-Administrativo de Santander, y tras el cual el juez considerado que se había “violado la presunción de inocencia” de Manteca en la multa interpuesta por la Delegación de Gobierno, “al no haberse practicado las pruebas solicitadas por él en sus alegaciones, ni otras que podrían haber demostrado la inocencia del acusado”.

Por ello, para evitar que una situación así se repitiese, Manteca presentó una queja ante el Defensor del pueblo que ha resultado en una serie de recomendaciones que el Delegado del Gobierno ha tenido que aceptar.

Se trata de la aplicación práctica de dos cuestiones. En primer lugar que “en la tramitación de los procedimientos sancionadores de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, el instructor practique de oficio todas aquellas pruebas que puedan llevar a un mejor esclarecimientos de los hechos denunciados”.

Además, que, al solicitar la ratificación, el instructora “exija a los agentes denunciantes que se refieran explícita y detalladamente a las alegaciones formuladas por los interesados”.

«SOLO TENÍA INTENCIÓN DE AMEDRENTAR A LOS ACTIVISTAS SOCIALES»

La PAH Santander manifestándose contra la multa a Óscar Manteca por la ocupación a una oficina de Liberbank.

En Julio de 2015, Manteca, antiguo portavoz de la PAH de Santander, fue denunciado ante la Delegación de Gobierno por agentes del Cuerpo Nacional de Policía durante una acción en una oficina de Liberbank, tras una instrucción nula Samuel Ruiz firmó una sanción de 601 €, confirmada después por el Ministerio del Interior.

Una multa que la PAH vio que la Delegación de Gobierno había usado directamente, de forma personal, contra el activista. “Creo que es una denuncia directamente de Samuel Ruiz” denunció entonces Manteca, que apuntó que el Delegado de Gobierno “me conoce lo suficiente como para hacer decidido que en este caso me tocaba a mí estrenar la Ley Mordaza en Cantabria”.

Presentado el caso ante el juez, este decretó la nulidad del procedimiento por haber violado Samuel Ruiz y la instructora del procedimiento la presunción de inocencia del activista.

Esto hace pensar a la plataforma que la sanción “solo tenía intención de amedrentar a los activistas sociales para no realizar protestas públicas usando la “ley mordaza” de forma ilegal”.

“Esto es un paso más en la intención represiva de las instituciones frente a los que usan su derecho a protestar, con casos sonados como el de los estudiantes juzgados por ‘Preguntar no es delito’ o acciones contra periodistas y líderes sindicales”, denuncian desde la PAH, que insisten en que si Samuel Ruiz “tuviera la más mínima integridad dimitiría”.