La matriz en el País Vasco de SIDENOR, la fábrica campurriana ‘rescatada’ con dinero público con el Gobierno de Cantabria como socio que visita este martes el rey Felipe VI con motivo de su centenario, fabrica en la comunidad vecina material con fines militares, recibiendo para su actividad general también apoyo económico institucional. En Cantabria, las aportaciones públicas son de 15 millones de euros y entrada en el capital, además de financiación, en un acuerdo firmado  esta legislatura, que se extiende a la próxima, con el compromiso del mantenimiento del empleo.

La fragata F-100

El nombre de SIDENOR aparece en el centenar de empresas vascas en uno de los listados que maneja la comisión La Guerra Empieza Aquí, un grupo ciudadano surgido en el País Vasco a raíz de la alarma por el tráfico de armas en el  Puerto de Bilbao a países en guerra.

Movimientos vascos como Gasteizkoak han descrito como las empresas vascas más representativas del sector son Explosivos Alaveses (EXPAL), Unión Española de Explosivos (UEE), FABRINOR (Antigua Llama y Gabilondo) y Baretta Benelli, junto a las numerosas pequeñas empresas localizadas en torno a Eibar.

El listado incluye alrededor de una veintena de empresas vascas como ITP, Sener, Novalti, Talleres Aratz, Araluce, Matrici, Troquenor, Sistemas Flexibles, SAPA, TECOMAR, Bihar Electrón, CAF, Talleres Iruña, Turbo Propulsores (ITP), SENER, SAFT NIFE Ibérica… tanto para fines militares como policiales.

En el año 2000, una de ellas, Larrañaga y Elorza, fue denunciada internacionalmente por Amnistía Internacional por participar en la comercialización de material prohibido por sus usos para la tortura y malos tratos a prisioneras y prisioneros.

Entre las empresas también han detallado que SIDENOR es una de las empresas que participa en la Fragata F-100 del Ministerio de Defensa.

SIDENOR es, de hecho, una empresa certificada por el Ministerio de Defensa por la producción de piezas mecanizadas y aceros especiales para el sector. En Cantabria, según información de la empresa, en una fábrica que históricamente ha producido materiales como cañones, ahora se fabrican también componentes para fragatas de armas, sin precisar si es o no para la F-100 o el destino de las mismas.

SIDENOR ha venido recibiendo para su trabajo ayudas públicas tanto estatales como autonómicas: sólo del Gobierno vasco ha recibido aportaciones por un valor superior a los 2,5 millones de euros desde 2004. Y por parte de Cantabria ha recibido inyecciones por valor del orden de 300.000 euros.

Otra empresa vasca con un centro de trabajo en Cantabria, Gamesa –que también cuenta con una división aeronáutica– sale mencionada como participante en la construcción del avión de combate europeo o el carro de combate Leonard, desde sus instalaciones en el País Vasco, donde también se dedica a la fabricación de vehículos militares como carros de combate, acorazados, transportes oruga o cañones, tal y como repasa este colectivo antimilitarista. Estos dos proyectos son programas del Ministerio de Defensa.

UN TRÁFICO DE DIFÍCIL CONTROL

El problema con el tráfico de armas es que, como admite el propio Gobierno, no es posible conocer en estos momentos si el material que se vende acabará o no en un país en guerra o que viole los derechos humanos (algo prohibido por las normas internacionales sobre comercio de armas).

Parte de la carga del Bahri Hazan en el muelle del Puerto de Santander. Foto: Pasaje Seguro

En el País Vasco, la negativa de un bombero a realizar cobertura a un barco con armas en el Puerto de Bilbao desencadenó una ola que movió al activismo de Ongi Etorri Errefugietxeaj (el equivalente a Pasaje Seguro, de apoyo a los refugiados que huyen precisamente de situaciones de guerra)…

…y que de rebote acabó afectando a Cantabria, al llegar aquí un barco de la compañía saudí Bahri que fue rechazado en el Puerto de Bilbao (el Bahri Hofuf, que ha venido ya dos veces, y otro de la misma naviera, el Bahri Jazan, otra)

… y después de la visita del Panthera J que acabó poniendo sobre la pista al activismo sobre la sospecha de una nueva modalidad, la subcontratación de barcos por parte de las navieras que comercian con armas como recurso para ocultar tráficos y rutas, en un comercio, el de armas, que a raíz de la alarma social suscitada por estos barcos, ya se sabe que en realidad se sucede prácticamente cada semana en el Puerto de Santander.

Todo esto sucede en un contexto cada vez más bélico a nivel global: con un acuerdo comercial entre España y Arabía Saudí, firmado recientemente entre los monarcas de ambos países, para el suministro de armas a este país que abandera una coalición implicada en la guerra de Yemen (que está causando muerte y desplazamientos de refugiados), y mientras Siria vuelve a ser escenario de guerra.

SIDENOR

SIDENOR es la matriz de la fábrica de Reinosa en la que acaba de entrar el Gobierno de Cantabria con 15 millones de euros, como socio.

El acuerdo ha supuesto la inversión pública de 15 millones de euros, a través de la participación de SODERCAN en el accionariado de la nueva empresa, y, por la parte privada, una inversión de 4,5 millones de euros.

Revilla, Díaz Tezanos y Salvador Blanco en la firma del acuerdo para la entrada de SODERCAN (público) en SIDENOR (privado).

Esto supone el 24,9% del capital de la empresa, en manos del Gobierno, tras segregar SIDENOR su división Sidenor Forgings & Casting para su actividad en Reinosa, es decir, crear formalmente una empresa nueva que es la que recibe la ayuda.

Dentro de este acuerdo, firmado en noviembre de 2017, por su parte, SIDENOR se comprometió al mantenimiento del empleo en la fábrica de Reinosa durante los próximos 3 años.

Según datos del Gobierno, SIDENOR representa, en términos de empleo, el 0,8% del empleo regional, un 21,61% si se calcula su peso sectorial en la metalurgia de Cantabria. El impacto total de la planta de SIDENOR en Reinosa en términos de empleo es de 1.744 trabajadores, sumando los efectos directos, indirectos, inducidos y efecto renta. En términos de PIB (Productos Interior Bruto) regional, la planta de SIDENOR representa el 1,39% del PIB de Cantabria y el 39,43% del sector metalúrgico en la Comunidad Autónoma

Un acuerdo que incluía un crédito para facilitar su financiación a través del Instituto Cántabro de Finanzas, para los años 2018 y 2019 y del que meses después se aprobó extender su amortización hasta al menos 2021, con posibilidad de prórroga de un año más, es decir, a la próxima legislatura, Son préstamos de 7´5 millones para los años 2018 y 2019 que en principio se iban a devolver en dos ejercicios y que finalmente se devolverán en cuatro, sin que quede acreditado si se dedicarán a inversiones reales nuevas o se limitarán a garantizar el funcionamiento normal (nóminas, etc…)

Fue un acuerdo impulsado por el polémico exconsejero delegado de la empresa pública SODERCAN, Salvador Blanco (cuestionado por el Parlamento de Cantabria, el Tribunal de Cuentas o la Intervención General, y que acabó cayendo por la presión primero de Podemos y finalmente del nuevo líder socialista, Pablo Zuloaga, que pidió su marcha, contra la que se opuso con fuerza su predecesora en la dirección del partido y todavía vicepresidenta y consejera con SODERCAN a su cargo, Eva Díaz Tezanos, derrotada por Zuloaga en las primarias con voto militante).

Pero la marcha de Blanco no supuso su retirada de la vida empresarial: al poco de irse trascendió su nombramiento, en principio sin retribución, como consejero de SIDENOR en representación del Ejecutivo que acababa de prescindir de él, para funciones de asesoramiento.